Este año implicará la pérdida de patentes en algunos gigantes farmacéuticos, que dejarán de poseer la exclusividad de varios de sus medicamentos estrella.
El Ayuntamiento exporta dos elementos urbanos madrileños a más de 20 países, generando una fuente de ingresos en concepto de canon por los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Sin una transferencia tecnológica decidida para enseñar cómo hacerlo, la suspensión de patentes tiene mucho de brindis al sol. Y después se precisará una inversión masiva en capacidad productiva.
No se ha hecho un esfuerzo de adecuación del marco regulatorio de patentes a nuestra cultura inventiva y empresarial, a la realidad económica española. En este ámbito de regulación, el interés nacional significa dificultar las patentes y patentar poco. Eso es lo que tiene que cambiar. Aunque para eso tengan que empezar de nuevo.
Países como Guatemala o Nigeria, si quieren hoy exportar bananas o cacao, deben estar dentro de la OMC, y con ello pasar por las horcas caudinas de respetar las patentes, a pesar de que eso conduzca a tener medicamentos con precios inaccesibles, una lacra que sufre, por esta y otras causas, un tercio de la población mundial, 2.000 millones de personas.
Si los titulares de las patentes no deciden bajar el arbitrario precio de los fármacos de manera razonable para que todos los necesitados puedan tener acceso a ellos en condiciones de igualdad, el Estado está obligado a defender los intereses ciudadanos frente a los de estas compañías privadas enfrentándose a sus derechos de propiedad intelectual.
El derecho a disponer de los medicamentos existentes a un precio justo es una demanda tradicional de los países en vías de desarrollo y está -al menos parcialmente- camino de conseguirse por tres vías complementarias, pero diferentes.
La decisión del Supremo norteamericano rechazando la patentabilidad sobre los genes BRCA1 y BRCA2, cuyo análisis sirve para evaluar el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario, ha supuesto un punto y aparte en la polémica acerca de la posibilidad de patentar o no los genes humanos.
El acceso a medicamentos de quien los necesita con urgencia es éticamente incuestionable. Cerrar la farmacia de los pobres tendrá las mismas consecuencias que una epidemia devastadora: millones de seres humanos morirán.