El modelo sanitario del PP: el negocio de la salud
"No se trata de acabar con la colaboración público-privada, que es posible con entidades que no priorizan el beneficio económico, sino de desterrar los abusos de algunas empresas cuyo objetivo es el negocio a costa de la salud de las personas".
“Escándalo”, “inmoralidad” o “indignación” son algunos de los calificativos que hemos oído tras hacerse públicos los audios del CEO de la empresa Ribera Salud, que gestionaba la concesión del Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro público de gestión privada de la Comunidad de Madrid.
La grabación de una reunión interna publicada por un diario nacional ha destapado cómo los gestores del hospital de Torrejón rechazaban a pacientes para ganar más dinero. En el audio, se oía instar a los directivos a aumentar las listas de espera, a elegir a los pacientes por su rentabilidad y, por tanto, trasladaba el mensaje de a quién dejar de atender para poder hacer mayor caja.
Todo con un sólo propósito: priorizar el beneficio frente a la salud para obtener mayor negocio en la sanidad pagada con nuestros impuestos.
Para muchas de las personas que, desde el Partido Socialista, llevamos años denunciando el modelo de sanidad del PP -iniciado en la Comunitat Valenciana y luego exportado a otras comunidades, en especial, la de Madrid-, este hecho solo ha supuesto la constatación de lo que temíamos. Y nos ha dado la razón de manera palmaria cuando decíamos que el PP hacía negocio con nuestra salud al entregar nuestros tratamientos y recuperación a empresas con las que había afinidad y connivencia total, al firmar contratos que desde el inicio contenían déficits estructurales y falta de mecanismos en su control posterior.
Y es que, el PP, cuando gobierna, actúa siempre de la misma manera: recortando los recursos y sembrando la desconfianza en la sanidad pública para así poder justificar la privatización.
Lo estamos viendo en Andalucía, donde los recortes en sanidad y las privatizaciones han supuesto un grave perjuicio para la vida de muchas mujeres en el caso de los cribados del cáncer de mama, tal como han denunciado las asociaciones.
En la Comunitat Valenciana hay retrasos en las pruebas de cribado de mama de hasta un año y se han excluido a más de 90.000 mujeres.
En la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la crisis del Hospital de Torrejón de “rencillas entre directivos”, pero de forma paralela, ha proseguido con la política de facilitar el negocio a la empresa en la que trabaja su pareja y a la que la Comunidad de Madrid ha trasferido 5000 millones de euros en seis años.
Nuestra sanidad y nuestra salud deben ser un derecho que no dependa de la cuenta corriente de cada uno. Es un derecho que hemos de proteger y defender entre todos y todas, administraciones y ciudadanía; un deber de obligado cumplimiento para los que creemos en los servicios públicos como garantía de igualdad y prosperidad en nuestro país.
A ello nos hemos dedicado y lo vamos a seguir haciendo desde el Partido Socialista. Ya lo hicimos en la Comunidad Valenciana cuando gobernamos al revertir a la sanidad pública los hospitales que el PP había elegido para el negocio de algunas empresas.
Y se consiguió salvo en el Hospital Elx-Vinalopó, cuyo contrato fue renovado otros cinco años por el Gobierno de Mazón con la excusa de unos indicadores de buenos resultados que nunca se conocieron.
En consecuencia, ese es el camino a seguir: priorizar, reforzar los recursos e invertir en la sanidad pública introduciendo profesionalidad en la gestión para hacerla más ágil, más eficaz y equitativa.
No se trata de acabar con la colaboración público-privada, que es posible con entidades que no priorizan el beneficio económico, sino de desterrar los abusos de algunas empresas cuyo objetivo es el negocio a costa de la salud de las personas, y no en pro del interés general.
Carmen Martínez es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Valencia.
