La cíclica infección de los partidos

La alternancia es una característica saludable de los sistemas democráticos, que da estabilidad a tales modelos. Cuando se hace evidente el desgaste de una opción en el poder, aparece otra en condiciones de tomar el relevo y la sustituye. En España, sin embargo, tal desgaste no suele ser el natural que registran vegetativamente los proyectos políticos: aquí los cambios de mayoría suelen ser consecuencia de una degeneración de las organizaciones. Alguien ha escrito estos días, muy expresivamente, que en toda la etapa democrática, solo Calvo Sotelo no ha salido del gobierno por la puerta de atrás. Veremos qué suerte correrá cuando le toque Pedro Sánchez, hoy en horas de suma dificultad.

Desde el golpe de Estado de 1981, el régimen basado en la Constitución de 1978 ha sufrido importantes oscilaciones en términos de moralidad pública. Como suele suceder en etapas catárticas de cualquier país, la elección pacífica de un sistema democrático sobre los restos de una dictadura que ya se encontraba en profunda decadencia ilusionó al país, extrajo de él la mejor voluntad y el ánimo más noble, todo ello encaminado al loable objetivo de provocar el cambio sin las convulsiones de la vez anterior, cuando la mudanza provino nada menos que de una sanguinaria guerra civil.

Una izquierda dominada por dos personalidades potentes y valiosas, el socialista González y el comunista Carrillo, representantes de un amplio tramo generacional, consiguió en memorable debate entenderse con el ámbito más civilizado de la derecha y con los nacionalismos periféricos para pactar las reglas de juego, establecidas en la Constitución de 1978, que fueron una solvente reproducción oportunamente adaptada de la doctrina constitucional de las democracias parlamentarias.

El fracaso del 23-F y el enjuiciamiento de la mayoría de sus autores e inspiradores fue una vacuna política contra el golpismo, de forma que el régimen ya no tuvo que temer reproducción alguna de aquella clase de galernas. Los dos primeros presidentes democráticos de la democracia, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, consiguieron en fin asentar la normalidad del joven estado, que llegó virginal e incontaminado a manos de Felipe González en diciembre de 1982.

Los del estreno de aquella izquierda, medio siglo después de su proscripción, fueron años de ilusión colectiva, en que la sociedad gozó de su propia obra con un optimismo primigenio. La ética pública se daba por supuesta y el sistema experimentaba un cierto pudor a la hora de valorar la conducción política de las instituciones… Hasta que llegaron los primeros síntomas de la decadencia, con un primer escándalo, imprevisto y fatal: el hermano de Alfonso Guerra, el político vibrante que exhibía con desparpajo los valores turgentes de su opción ideológica, trabajaba en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, por lo que percibía un apetitoso salario. El despacho del "conseguidor" era además utilizado para actividades diferentes de las asignadas, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Finalmente, solo fue condenado por delito fiscal, sin que hubiese de ir a prisión.

Aquel episodio quebró el estado de gracia de la democracia española, que ya empezaba a dar signos de putrefacción en algunos pliegues todavía secundarios. De manera muy significativa, Josep Borrell, ministro de Obras Públicas en los años noventa, un personaje de insobornable solvencia y de gran calidad humana, convocó el 17 de abril de 1991 a los grandes empresarios de la construcción para exhortarles, según El País, en nombre del presidente del Gobierno y en el suyo propio, “a no pagar comisiones a ningún partido para obtener concesiones de obras”. Según el mismo medio, "a la reunión asistieron Rafael del Pino, de Ferrovial; Luis Ducasse, de Agromán; Eduardo Serra, de Cubiertas y MZOV; Antonio Durán, de Dragados y Construcciones, y José María Entrecanales, de Entrecanales y Távora. Asistieron también representantes de otras compañías, como Construcciones y Contratas". El 30 de noviembre de 1994, Borrell pidió de nuevo a los empresarios de la construcción, por segunda vez en tres años, que no pagasen comisiones a los partidos para obtener obras. Borrell pasará a la historia, entre otras cosas, como un adalid del buen gobierno y como enemigo de la legión de prevaricadores que empezaban a medrar de tapadillo.

El ambiente se había ya cargado de sospechas, había estallado el caso Filesa —de financiación irregular del PSOE— y la democracia mostraba sus peores enfermedades. Al mencionado escándalo, que había cobrado relevancia judicial, se le unieron el “caso Roldán”, el “caso GAL” y otros de menor visibilidad pero de igual cuantía, y González, asediado, adelantó unos meses las elecciones de 1993, que contra pronóstico volvió a ganar (con 159 diputados), aunque necesitó el concurso de los nacionalistas para hacerlo con holgura. Pero la situación política no se estabilizó a lo largo de aquella legislatura, y CiU, que se negó a aprobar los presupuestos de 1996, forzó otra anticipación electoral de forma que en marzo de aquel año hubo elecciones, que llevaron a Aznar a La Moncloa con solo 156 diputados y con muchas dificultades para reunir la mayoría de investidura, arrancada a costa de grandes concesiones.

Durante la etapa de Aznar —1996-2004—, que duró solo dos legislaturas por voluntad propia, bastantes de sus ministros tuvieron contratiempos judiciales, aunque solo tres de ellos cumplieron penas de prisión: el vicepresidente económico Rodrigo Rato y los ministros Jaume Matas y Eduardo Zaplana. No fue un periodo modélico y su final resultó dramático: los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron atribuidos por el gobierno a ETA para desvincularlos de la impertinente intervención española en Irak, decidida por Aznar en solitario contra la voluntad de una mayoría ciudadana que incluía sectores relevantes de su propio partido. La mentira llevó en volandas a Zapatero hasta el poder.

La etapa de Zapatero fue de profundización de los derechos civiles y del modelo democrático —se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, se creó la dependencia como un nuevopilar de la seguridad social, se institucionalizó la memoria democrática, se adoptó una política feminista que sobre todo incluía medidas eficaces contra la violencia de género—, pero aquel periodo se desnaturalizó por causa de la crisis económica, que lo sumió todo en un manto de oscuridad…. Y llegó de nuevo la derecha en 2012 (las elecciones fueron en diciembre de 2011), con mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Y aquel periodo alcanzó la apoteosis de la corrupción, no solo por la cantidad de casos sino por la intensidad de los mismos. Los más relevantes, aunque no los únicos, fueron:

La sentencia firme del caso Gürtel, que acreditaba la existencia de una "caja B" del PP, con cargo a la que se había financiado una reforma del edificio de la sede central del partido, fue el detonante de la moción de censura presentada por el PSOE, que apartó a Rajoy de la presidencia en junio de 2018. El PP acumuló decenas de causas abiertas por corrupción, tráfico de influencias y otros delitos durante y después de su gobierno.

La moción de censura exitosa de Sánchez abrió una etapa esperanzadora. La confluencia entre un PSOE renovado — superador de los lastres provenientes de la etapa González y en cierto modo continuador del espíritu de la era Zapatero— y las formaciones de más a la izquierda, con Podemos y el PCE a la cabeza, generó una nueva ilusión que parecía avanzar hacia la profundización de la integridad democrática, de la lucha sincera contra toda las formas de corrupción, del perfeccionamiento de las políticas de protección a la mujer víctima de la violencia de género, de recuperación del rumbo democrático ascendente al que la crisis de 2008 había propinado un golpe cuasi mortal. El ingreso en el Ejecutivo de pesos pesados como Nadia Calviño y Josep Borrell tranquilizó a la opinión pública y asentó el nuevo Ejecutivo.

La etapa protagonizada por Sánchez abrió, al iniciarse, esperanzas fundadas de un nuevo rumbo constructivo del progreso político y social, a pesar de que en 2020 otro contratiempo, el COVID, golpeó a toda la comunidad internacional. El gobierno socialista monocolor formado en junio de 2018 dependía de una heterogénea mayoría de investidura y el surgido de las urnas en 2023 fue de coalición con una izquierda radical agrupada en ‘Sumar’; y aquel modelo pluripartidista, sin precedentes, ha sido de difícil gestión, como por otra parte es lógico cuando la mayoría es el resultado del acuerdo de tantas sensibilidades diferentes. Además, la derecha, resentida por haber sido expulsada del poder mediante una humillante moción de censura, nunca concedió plena legitimidad al nuevo gobierno, lo que enrareció hasta la exasperación permanente el ambiente político, el tono del debate. Sin embargo, pese a las dificultades, Sánchez lleva ya siete años y medio en La Moncloa, y hasta hace bien poco las dudas sobre su continuidad provenían apenas de la dificultad de cohesionar sus apoyos. Hasta el estallido del "caso Ábalos", pocos pensaron que también esta izquierda estaría infectada de la mayor patología política: la corrupción.

Los dos últimos secretarios de organización del PSOE, Ábalos y Cerdán, están en prisión, acusados de graves delitos económicos. Y aunque no parece que la trama haya servido para financiar el partido, están investigándose diversos apéndices de las presuntas corruptelas detectadas, que hieden no solo a causa del olor del dinero sino también de un estilo de vida seguramente incompatible con la dignidad de un representante político democrático de la ciudadanía. Y como las desgracias nunca vienen solas, el PSOE se ha embarcado también en una serie de episodios de acoso a mujeres trabajadoras en el seno de la propia organización que ha salido premiosamente a la luz y cuyos episodios no fueron abordados con suficientes interés y presteza. En definitiva, el PSOE y la izquierda en general son víctimas de una vieja patología, la corrupción, cuyo desenlace dependerá de la contundencia y la presteza de las decisiones y las rectificaciones que se adopten.

A la vista de las sucesivas recaídas de los partidos en el pozo de la deshonestidad, parece claro que nuestra variable democracia se desarrolla mediante ciclos, de manera que tras recorrer una etapa positiva de creatividad inteligente se abisman siempre en una especie de profanación de los valores esenciales que han defendido y que les han hecho descollar y ponerse al frente del país. Al PSOE —y a la izquierda en general— le queda poco margen de maniobra: suponiendo que aún sea posible recuperar la figura, la cúpula dirigente con Sánchez a la cabeza tiene que tomar drásticas decisiones en el menor tiempo posible… Y acertar con la terapia. Será en todo caso difícil que la ciudadanía regrese rápidamente de la decepción y la irritación que han hecho presa en ella, después de ver como bastantes de las palabras de aliento y esperanza que algunos pronunciaron eran una pobre farsa falsaria encaminada a ocultar la depravación y el egoísmo más primarios.