El nivel 3 no tapa los errores de gestión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó al Gobierno de España la declaración del nivel 3 de emergencia durante el incendio forestal que ha golpeado la región. Es una decisión prevista en nuestro ordenamiento jurídico, y absolutamente legítima, cuando la magnitud de un incendio supera la capacidad ordinaria de respuesta de una comunidad autónoma o afecta a varias.

Conviene decirlo con claridad: solicitar el nivel 3 nunca puede presentarse como un éxito político por parte de una Comunidad Autónoma. Es, por definición, el reconocimiento de que el operativo autonómico ha alcanzado el límite de su capacidad, o de la falta de capacidad de los gestores de la comunidad que lo solicita. Gestionar grandes incendios forestales exige profesionales altamente especializados, con experiencia en incendios extremos y, especialmente, en territorios con miles de viviendas dispersas que multiplican la complejidad de las operaciones. La formación y la experiencia marcan la diferencia. Y eso merece una reflexión.

Vivimos tiempos en los que algunos gobiernos autonómicos han convertido la gestión de las emergencias en un permanente ejercicio de propaganda. Se presume de tener los mejores servicios públicos, los mejores dispositivos y la mejor organización. Sin embargo, cuando llega una gran emergencia, se reclama que sea el Estado quien asuma la dirección de las operaciones. Resulta llamativo que, quienes durante años han defendido un discurso basado en la autosuficiencia de las comunidades autónomas y en la crítica permanente al Gobierno de España, recurran finalmente al Estado cuando la emergencia supera su capacidad de respuesta.

No existe ninguna contradicción en solicitar ayuda cuando resulta necesaria. Al contrario. Para eso existen el Sistema Nacional de Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y el conjunto de medios estatales. La coordinación entre administraciones constituye una de las grandes fortalezas del sistema español de protección civil. También merece reconocimiento la labor desarrollada por la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones y su equipo, en la coordinación de este tipo de emergencias.

La contradicción aparece cuando quien durante años ha construido un relato de excelencia en la gestión termina admitiendo, mediante la solicitud del nivel 3, que necesita que otro asuma el mando. Y más aún cuando esa petición llega después de años de políticas de reducción del gasto público en ámbitos esenciales y llegada de más fondos de financiación del Estado, mientras se priorizan otras partidas presupuestarias.

Porque la prevención y la extinción de incendios forestales son competencia de las comunidades autónomas. Son ellas quienes diseñan su política forestal, organizan sus operativos, contratan al personal, planifican la prevención y deciden cuánto invierten en cuidar sus montes. El Estado coordina, apoya y actúa cuando las circunstancias lo requieren, pero la responsabilidad ordinaria corresponde a las comunidades autónomas.

La pregunta es ¿cómo se ha gestionado la política forestal madrileña durante los últimos años?

Los incendios forestales no empiezan cuando aparece la primera columna de humo. Empiezan cuando la prevención deja de ser una prioridad presupuestaria. Cuando la gestión forestal pierde protagonismo frente a la respuesta de emergencia. Cuando los montes dejan de gestionarse de manera activa. Cuando la política forestal queda relegada frente a otras prioridades.

Precisamente por ello resultan sorprendentes las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso calificando de "brocha gorda" atribuir estos incendios a la emergencia climática. Es evidente, y está científicamente demostrado, que el cambio climático constituye uno de los principales factores que explican el aumento de la frecuencia, la intensidad y la virulencia de los incendios que estamos viviendo. Negar esa realidad científica únicamente contribuye a desviar la atención del verdadero debate. Puro negacionismo.

Tampoco ayuda alimentar, como hace la derecha, el viejo bulo de que no se permiten "limpiar los montes" o “recoger piñas”. La ley de montes lo permite y, además, es responsabilidad de los propietarios y gestores esos tratamientos. La gestión forestal moderna consiste en aplicar tratamientos selvícolas, gestionar el combustible vegetal, favorecer los aprovechamientos forestales, impulsar la ganadería extensiva y mantener una planificación técnica permanente. Un monte no es un jardín y mucho menos un solar que pueda mantenerse limpio como una calle. La naturaleza no se conserva abandonándola. Se conserva gestionándola y eso tiene responsables.

Mientras tanto, las prioridades presupuestarias del Gobierno madrileño parecen haber transitado por otros caminos. Engrosar las cuentas de Quirón, o invertir en Fórmula 1 es cuando menos discutible, mientras los propios bomberos forestales llevan años reclamando mayor estabilidad laboral, mejores condiciones y una verdadera profesionalización del servicio. No es una crítica meramente política. El propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a los bomberos al concluir que cerca de 38 millones de euros procedentes de las aportaciones de las aseguradoras, que debían destinarse a inversiones para mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, fueron empleados para otros fines presupuestarios. Una resolución judicial que refuerza el debate sobre si la prevención y el fortalecimiento del operativo forestal han recibido realmente la prioridad que merecen. 

Muchos de ellos permanecen contratados bajo categorías fraudulentas como conductores de automóviles, taxis y furgonetas, según denuncian. Su trabajo no puede limitarse a unos meses de campaña. Los grandes incendios del siglo XXI exigen dispositivos profesionales, especializados y permanentes, formación continua durante todo el año, entrenamiento, labores preventivas fuera de la campaña estival y condiciones laborales-retributivas acordes con el enorme riesgo que asumen, siguiendo el modelo de profesionalización que desde hace años representan las BRIF del Estado.

Tampoco resulta comprensible que los profesionales que mejor conocen el territorio, como son los Agentes Forestales y Medioambientales, no siempre ocupen el papel estratégico que les corresponde en la planificación y dirección técnica de las emergencias. Un incendio forestal no se combate igual que un incendio urbano. El comportamiento del fuego depende del combustible, de la topografía, de la meteorología y del conocimiento del monte. Ese conocimiento no puede improvisarse cuando las llamas ya avanzan, lo representan estos funcionarios, que además son agentes de la autoridad y policía judicial en sentido genérico. Los equipos multidisciplinares son los que obtienen mejores resultados.

Solicitar el nivel 3 puede ser necesario. Nadie debería criticar una decisión que busque proteger vidas humanas. Lo que sí debe analizarse políticamente es por qué una comunidad autónoma llega a necesitarlo. ¿Se vieron incapaces de asumir la gestión de ese gran incendio en un gran interfaz urbano-forestal?

Del mismo modo, merece ponerse en valor la rápida actuación del Gobierno de España, tanto al asumir la dirección de la emergencia, cuando fue solicitada por la Comunidad de Madrid, como al impulsar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil —la conocida como zona catastrófica—. La aprobación por el Consejo de Ministros de esta medida, permitirá agilizar ayudas para los municipios, los vecinos afectados y la recuperación de los daños sufridos.

Es precisamente en estos momentos cuando debe demostrarse que el Estado está para apoyar a los ciudadanos, con independencia del color político de la administración afectada, y comprobar si la Comunidad de Madrid complementa esas ayudas como la ciudadanía merece, o sólo se hace fotos.

Porque el nivel 3 no puede convertirse en un mecanismo para diluir responsabilidades políticas. Cuando el Estado asume la dirección de una emergencia también asume la exposición pública de esa gestión. Pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿se hizo todo lo necesario antes de que el incendio alcanzara esas dimensiones? ¿Se invirtió suficientemente en prevención? ¿Se reforzó de verdad el operativo forestal? ¿Se escuchó a los profesionales que llevan años alertando de la necesidad de mejorar la gestión del monte?

España necesita un gran pacto de Estado frente al cambio climático, en el que comunidades autónomas y corporaciones locales desempeñen un papel fundamental, con un apartado específico dedicado a la política forestal y a la lucha contra los incendios. Ese pacto debe comenzar por asumir una evidencia: las competencias implican responsabilidades.

Tras la evolución favorable del incendio, el Gobierno de España ha dado por finalizada la situación de emergencia de interés nacional en los incendios de Madrid y Ávila. La gestión coordinada entre administraciones, bajo la dirección del Estado durante el nivel 3, ha permitido estabilizar la emergencia y demuestra, una vez más, la fortaleza del Sistema Nacional de Protección Civil cuando todas las administraciones trabajan con un objetivo común: proteger a la ciudadanía. Ahora comienza otra etapa igualmente importante: la reconstrucción, el apoyo a los municipios afectados y la recuperación del territorio.

Es precisamente en este momento cuando más sentido cobra un mensaje que debería estar por encima de cualquier confrontación política: tenemos que estar unidos en la respuesta, pero también en la prevención y en la reconstrucción. En esa dirección, el Gobierno de España, con el presidente Sánchez a la cabeza, ha tendido la mano para alcanzar el mayor acuerdo que necesita nuestro país: un Pacto de Estado contra la emergencia climática que permita reforzar la prevención, adaptar nuestros montes a una nueva realidad climática y dotar a los dispositivos de extinción de los recursos y la estabilidad que requieren.

Después de casi tres décadas trabajando como Agente Medioambiental, he aprendido que los incendios nunca empiezan el día que arde el monte. Empiezan muchos años antes, con decisiones presupuestarias, con prioridades políticas y con una determinada forma de entender la gestión forestal.

El fuego no distingue entre administraciones ni entre gobiernos de un color u otro. Pero los ciudadanos sí tienen derecho a distinguir entre quienes utilizan las emergencias para hacer política y quienes hacen política para evitarlas. La respuesta a esta crisis ha demostrado que la cooperación institucional funciona cuando más se necesita; el verdadero reto es que esa misma unidad exista también antes de que empiece el primer incendio.

- José Luis Aceves Galindo, Agente Medioambiental y diputado del PSOE en el Congreso por Segovia. 

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