La noticia más triste no está en las portadas

Repaso la prensa estos días y compruebo, con pena, que lo que debería ocupar portadas es sólo una noticia más en la sección de Internacional. Las portadas las ocupan la visita del Papa, la princesa paracaidista, el descubrimiento de Trump sobre el desequilibrio mental que comparte con Netanyahu o las ofertas desesperadas de Feijóo a las derechas nacionalistas vasca y catalana. Y, en cambio, una de las noticias más tristes y reveladoras del rumbo hacia la deshumanización que está tomando Europa hay que buscarla en las páginas interiores.

El Consejo y el Parlamento europeo han dado un paso más en el acuerdo del nuevo Reglamento de Retornos y significa reducir el tiempo de los trámites de expulsión de personas migrantes sin papeles, aumentar la cantidad de expulsiones y endurecer las penas y sanciones para las personas que no cooperen en su propia expulsión.

La mayor novedad es que con la nueva norma, los Estados miembros van a poder firmar convenios con terceros países, fuera de la Unión Europea, para ‘alojar’ a las personas, e incluso familias con menores, afectados por una orden de expulsión en los llamados ‘hubs de retorno’. Es decir, se ha acabado imponiendo lo que ya han impulsado Italia y Dinamarca en los últimos años y que, mayoritariamente, no hace tanto, parecía una barbaridad.

Con el Reglamento, cualquier persona a la que se le rechace una solicitud de asilo va a poder ser enviada a uno de estos centros. No importará si tiene lazos familiares en algún país de la Unión o si el centro al que le van a enviar está en su país o en otro que no ha pisado jamás. Las autoridades actuarán en nuestro nombre como si los migrantes no fueran personas. Como si no tuvieran ojos a los que mirarlos para ver su miedo.

Aunque la negociación del Reglamento viene de lejos, el endurecimiento de las medidas que se van a aprobar es una muestra más del peso de que los planteamientos de la ultraderecha están ganando en los países de nuestro entorno, igual que ya ha pasado en Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica y de Sudamérica.

La ultraderecha está consiguiendo cambiar el marco mental de buena parte de la ciudadanía de manera que lo que era escandaloso e inmoral hace muy pocos años, hoy se convierta en leyes aprobadas en parlamentos elegidos democráticamente.

Lo vemos en Europa, pero también aquí, en las comunidades autónomas, en las que el Partido Popular está aceptando los postulados racistas y xenófobos que le impone VOX. Los acepta porque ya ha asimilado el marco mental impuesto por la ultraderecha que ha conseguido que los populares pasen de defender un modelo social y económico conservador y liberal, totalmente legítimo, a promover fórmulas propias del fascismo, basadas en el miedo al diferente y la defensa de la uniformidad étnica y cultural.

En medio de este contexto encontramos al Gobierno de España, uno de los pocos gobiernos progresistas que resisten en Europa y que no asume los postulados de la ultraderecha. Un Gobierno que ha mostrado un total rechazo a los llamados hubs de retorno y a todas las políticas promovidas a partir de los valores antidemocráticos e inhumanos de la ola reaccionaria que recorre Europa.

Precisamente, la coherencia con los valores fundacionales de la Unión Europea, la defensa de los derechos humanos y la apuesta por una regulación que ponga la economía y la tecnología al servicio de la mayoría social es lo que está poniendo al presidente Pedro Sánchez, a todo su Gobierno y al Partido Socialista en el punto de mira de los movimientos más reaccionarios de la esfera internacional, de los tecno-oligarcas y de grandes corporaciones que ven cómo España se ha convertido en la aldea gala que se les resiste una y otra vez.

No les importa que los datos confirmen que la fórmula progresista funciona. Es más, les da mucha rabia. La integración de las personas migrantes en el mercado de trabajo español explica la mitad del crecimiento del PIB de los últimos años. Esto, junto al impulso de las energías renovables, el desarrollo de nuevas inversiones industriales, la formación de talento y el impulso de la transformación digital nos ha convertido en la economía europea que más crece desde que Pedro Sánchez es presidente.

Una economía que crece no es algo abstracto para la ciudadanía. Al contrario. Son más oportunidades de trabajo, como muestran esos ya más de 22 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, y son más oportunidades de encontrar una vivienda digna y a precio asequible, con los 7.000 millones de euros destinados a la construcción y rehabilitación de pisos en toda España.

En estos ocho años de gobiernos progresistas, España ha demostrado que se pueden mejorar todos los indicadores económicos a la vez que ganamos derechos y protección frente a las grandes corporaciones. Ante los grandes cambios sociales, tecnológicos e incluso climáticos, entiendo que como ciudadanos nos sintamos vulnerables y eso nos pueda hacer creer que los políticos más histriónicos, los que pretenden gobernar desde la ley del más fuerte, agitando el miedo al cambio y el odio al diferente se puedan convertir en un refugio seguro.

Sin embargo, la noticia sobre la luz verde a la creación de los hubs de retorno es muy triste por las consecuencias que va a tener para miles de personas y porque significa que las fuerzas reaccionarias están ganando la batalla moral e ideológica también en Europa. Ahora más que nunca, los demócratas, los que aún defendemos la dignidad humana y los derechos humanos, tenemos el deber no solo de resistir la ola ultra, sino de avanzar en la agenda progresista.

Frente a los hubs de retorno, procesos de regularización extraordinaria. Frente al retorno de los combustibles fósiles, más energía verde. Frente a la uniformidad cultural, más multiculturalidad. Frente a las ‘tradewifes’, más feminismo. Frente al salvaje oeste en las redes sociales, más regulación para proteger a la ciudadanía. Frente a la especulación inmobiliaria, más regulación y más vivienda social. Y así hasta el infinito, hasta que el mundo recupere la cordura.