Los jueces y el sistema

Antonio Elorza, quien fuera prestigioso catedrático de Ciencias Políticas en la Complutense, vio mermada su credibilidad por su apoyo a UPyD, la pintoresca formación de Rosa Díez, y por su deriva periodística desde “El País” hasta “The Objective”, pero sigue siendo un opinador brillante que ha de seguirse para captar los movimientos reales del tejido intelectual de este país.

En un artículo reciente, “En el umbral del fascismo”, Elorza describe y defiende la tesis de que “es la independencia o la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo lo que marca la supervivencia del régimen democrático o el ingreso en un régimen neofascista”.

Es cierto que el panorama político amenaza ruina por una polarización extrema que ha reducido a cenizas la dialéctica parlamentaria y ha sembrado un clima de confrontación no solo entre partidos sino también entre poderes. Especialmente inquietante es la pugna manifiesta entre el gobierno y los jueces, que ni puede ocultarse ni admite reducirse a simplificación alguna. Cualquier observador relativamente imparcial —pongamos por caso la prensa extranjera— que observe el día a día español repartirá culpas y responsabilidades en la pugna entre el Ejecutivo y el Judicial. Pugna que se caracteriza por algunos casos resonantes de lawfare y por las presiones políticas inconvenientes del poder sobre los tribunales.

La ciudadanía piensa que el poder judicial es generalmente honrado e imparcial, porque para eso se ha instituido, pero también observa algunas notorias desviaciones que el Consejo General del Poder Judicial no puede o no quiere corregir. Y el problema no estriba en la politización de los jueces —en todas las democracias los altos cargos judiciales tienen filiación y etiqueta— sino en la organización de la corporación judicial y en su acomodo a la realidad constitucional. Los jueces se encasillan ellos mismos al afiliarse a asociaciones judiciales y al aceptar (no tienen más remedio) el apoyo envenenado de los parlamentarios para ocupar plaza en el CGPJ. Pero lo que falla no es el sistema (de alguna manera ha de conjugarse el autogobierno con la matemática parlamentaria) sino su aplicación. Los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que además actúa como un tribunal constitucional, ostentan un cargo vitalicio, y su designación corre a cargo del presidente de la nación, quien ostenta un cargo de partido aunque, por su posición, deba desempeñarse con neutralidad en la toma de las grades decisiones. Y sin embargo, el presidente del Trubunal y los ocho magistrados se han labrado a lo largo de la historia un prestigio incuestionable, que se corresponde con su deber profesional y con la dignidad ética de un cargo de tanta trascendencia.

En España, en cambio, los procesos electivos del CGPJ están llenos de expresivos chascarrillos que han reducido a mínimos inquietantes el prestigio político del tercer poder del Estado (alguna responsabilidad tiene en ello el señor Cosidó).

El problema no es consecuencia sin embargo de la fórmula actual de elección, cuyo único defecto (que habría que subsanar mediante una reforma constitucional rápida) es que las cámaras parlamentarias no tienen plazo tasado para proceder a las designaciones cuando se cumplen los plazos de renovación del CGPG, del Tribunal Supremo y de otros órganos electivos del Estado. Esta situación ha desgastado en exceso a nuestros jueces, que ahora tienen además sobre sus cabezas la espada de Damocles de la Justicia europea. Es muy grave que Europa haya corregido sin contemplaciones al Supremo para declarar la procedencia de la amnistía a los involucrados en el ‘procés’… Y será muy serio que vuelva a ocurrir algún episodio semejante cuando la justicia europea revise la condena al Fiscal General de Estado.

Lo antedicho no significa que toda la responsabilidad de la crisis actual entre política y justicia haya de ser cargada completamente en el haber de esta. La corrupción que mancha gravemente a los dos grandes partidos desacredita también al Ejecutivo y al Legislativo, de forma que quien nos contemple coincidirá con el Rey en que vivimos «tiempos oscuros».

Pero tampoco es razonable la criminalización sistemática del adversario que hoy es del arma principal del debate —es un decir— político. La descalificación sistémica de Pedro Sánchez debe ser legítima (la democracia tiene la obligación de mostrar una gran permisividad en el desempeño de la libertad de expresión) pero es obscena porque impide avances que la sociedad precisa (la negativa a un pacto de Estado para prevenir los efectos del cambio climático es hoy el ejemplo más a manos). Y no sería extraño que, después de un derroche tan brutal de descalificaciones, el electorado opte por recobrar todo el sentido común y actuar en consecuencia: el panorama que crearía el tándem Feijóo-Abascal al frente del ejecutivo sería inenarrable, de estos que mueven a las muchedumbres a agolparse en los aeropuertos para huir precipitadamente del país (cuento con que entiendan la broma).

En definitiva, los jueces no son inocentes en todo este gran desaguisado. Y cabrá esperar de su preparación profesional y técnica, de su eminente papel social, un desempeño más riguroso de una función que ha de ser terapéutica y balsámica y que hoy se ha convertido en un motivo más de confrontación y desgarro.