Confirmado por la UE: el derecho a reparar aparatos rotos "gratis o a un precio razonable" es obligatorio desde el 31 de julio y las marcas deberán favorecerlo
España todavía debe transponer la directiva europea y llega tarde: entra en vigor en toda la Unión el 31 de julio.
La obsolescencia programada puede tener sus días contados... al menos en la Unión Europea. Adiós a que los dispositivos tengan fecha de caducidad, ya sea por el deterioro de sus componentes y la falta de piezas para reemplazarlos o porque el ensamblaje de estos productos haga prácticamente imposible repararlos. Desde el 31 de julio entra en vigor la esperada directiva europea por el derecho a reparar.
Se trata de la Directiva (UE) 2024/1799. Sin embargo, España llega tarde a la transposición de esta norma a la legislación nacional. El Consejo de Ministros aprobó hace un año el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Buscaba transponer esta directiva y la directiva contra el greenwashing o ecopostureo. Por el momento el Gobierno no la ha aprobado en segunda vuelta ni remitido a Cortes.
Pese a que España todavía no haya convertido esta directiva en ley, esta ya será de obligatoria implantación en la Unión Europea a partir del 31 de julio. Eso quiere decir que las marcas de tecnología deberán empezar a adaptarse por algo que va a transformar profusamente todo el mercado tecnológico del continente: el derecho a reparar tiene que ser una realidad.
La directiva plantea que los fabricantes de dispositivos como smartphones, tabletas, televisores, monitores, consolas u otros pequeños electrodomésticos (como cafeteras o microondas) deberán contar con un stock sólido de piezas de repuesto para favorecer la reparación de los artículos. Además los fabricantes serán responsables de favorecer este derecho a la reparación más allá de que la garantía oficial expire.
Si se trata de una reparación que sea técnica y tecnológicamente viable, las marcas estarán obligadas a realizarla ofreciendo precios "razonables" (cuando no directamente gratuitos) y plazos de devolución consecuentes: de este modo Bruselas espera evitar que las compañías disuadan a los usuarios de ejercer su derecho a reparar con gastos abusivos o precios desorbitados.
Qué persigue la directiva europea del derecho a reparar
La directiva tiene un propósito eminentemente medioambiental: quiere reducir la generación de basura tecnológica y favorecer la recirculación de dispositivos, a fin de promover un consumo de tecnología más sostenible. La directiva supone también un misil a la línea de flotación de muchos modelos de negocio: fabricar dispositivos de tal modo que sean prácticamente irreparables.
La norma además plantea una serie de obligaciones a las marcas en materia de transparencia y abre la puerta a incentivos por parte de las Administraciones públicas para favorecer la reparación de dispositivos. La directiva se suma a reglamentos ya en vigor como el que exige a los fabricantes de móviles y tabletas un nuevo etiquetado en le que detallan por ejemplo la reparabilidad de sus dispositivos.
También se suma a otra regulación que entrará en vigor en febrero de 2027 y que obligará a fabricantes de dispositivos electrónicos a garantizar que sus baterías son extraíbles, lo que implicará que marcas como Apple o Samsung fabriquen móviles específicos para la Unión Europea y ya ha provocado que Nintendo haya anunciado que dejará de producir la consola Nintendo Switch para el Viejo Continente.
