Nueve años de negociaciones: por qué un acuerdo UE (con sus dificultades) es preferible a la nada

Nueve años de negociaciones: por qué un acuerdo UE (con sus dificultades) es preferible a la nada

El esfuerzo no se ha saldado esta vez en fracaso.

La UE, ante un futuro acuerdo

10 de abril de 2024, una fecha para la historia en el Parlamento Europeo (PE), ya en su recta final de esta Legislatura 2019/2024, previa a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Pleno legislador en Bruselas, con un punto decisivo en su Orden del Día: votación final y definitiva de los cinco Reglamentos del Pacto UE de Migraciones y Asilo, junto a otros tres actos legislativos remanentes de la anterior Legislatura 2014/2019, que se saldó con fracaso al no poder concluir con ningún acuerdo al respecto.

Migraciones y Asilo, materia tradicionalmente reservada a la competencia exclusiva de los Estados (EEMM) de la UE, pasó a ser competencia legislativa del PE con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) en 2009. 

Sin embargo, han emergido como el asunto más divisivo y espinoso de toda la agenda de la UE, tanto geográfica como políticamente, a la vista del cruce de prioridades contrapuestas y controversias ideológicas suscitadas ante la comprensión y gestión del hecho migratorio y del derecho de asilo. No cabe duda de que revisten, uno y otro, escala europea y requieren, por la tanto, respuesta, asimismo europea, su factura y su coherencia con valores y estándares europeos de respeto y observancia de los derechos humanos.

En el arranque de la presente legislatura, ya a punto de concluir, la única unanimidad constatable este respecto es la que dictaminó la situación hasta ahora como insostenible e injusta. Para cambiarla es precisa la edificación, de una vez, de un escalón europeo de respuesta que pivote, como ordena el art.80 TFUE, sobre los principios de responsabilidad compartida y de solidaridad. 

Precisamente este valor, el de la solidaridad, ha brillado por su ausencia, tanto en su dimensión de asistencia mutua entre EEMM de la UE como en el respaldo europeo a migrantes irregulares y demandantes de asilo. Es esa insoportable injustica de raíz —radical, estrictamente— la que ha demandado hace tiempo, demasiado, su corrección mediante la acción política y la legislación europea, pese a las enormes (y crecientes, conforme transcurre el tiempo) dificultades del empeño.

Es también falso, finalmente, que este Pacto asuma nada de la extrema derecha: la extrema derecha rechaza, sin concesiones, toda ley europea y toda respuesta UE en este ámbito, para liberar todo ese espacio a su eurofobia xenófoba

Por eso su negociación, a lo largo de nueve años (arrancó en 2015) hasta el voto final de EU Migration & Asylum Pact, ha sido tan extenuante, tan áspera y tan cruzada de divergencias de intereses y prioridades en el seno del PE y los Gobiernos nacionales de los 27 Estados miembros (EEMM). Ha debido superar mil y una agotadoras sesiones maratonianas, minada por las desconfianzas y diferencias entre Grupos parlamentarios en el PE y entre Gobiernos nacionales (ministros/as de Interior) en el Consejo de la UE. Sorteando bloqueos y estancamientos al borde del agotamiento, a finales de diciembre —Presidencia española del Consejo de la UE, y con su impulso indesmayable— fue alcanzado, in extremis, un acuerdo político sobre todos los actos legislativos de que se compone un Pact que debe poner en pie un Sistema Europeo —no más reacciones ad hoc—, cumpliendo por fin el mandato establecido en el TL.

En semejantes condiciones de enormidad y complejidad de la representación democrática de la diversidad irreductible de la UE y de su pluralismo interno, nadie puede esperar que ningún negociador —tampoco yo— se exprese enteramente satisfecho del resultado alcanzado tras arduas controversias y sesiones de negociación. Pero la responsabilidad para quienes hemos sido elegidos para representar a la ciudadanía se ejerce así: decidiendo y legislando, pese a las limitaciones intrínsecas a toda acción colectiva y pese a las insuficiencias de cada resultado, siempre que representen un avance coherente con los valores que nos inspiran y un paso adelante en el sentido de nuestro compromiso político y social de futuro.

Y el Pacto sin duda lo es: consiste en leyes europeas directamente vinculantes para los EEMM (Reglamentos, no Directivas requeridas de transposición en el curso de varios años) y generadoras de obligaciones exigibles y derechos tutelados por los jueces nacionales y por el TJUE como último garante. Mejora con normas y garantías comunes la actualmente caótica ausencia de gobernanza europea y de escrutinio conjunto del modo en que los EEMM libran su propia batalla ante la "presión migratoria" con cargo exclusivamente a sus recursos propios, sin un colchón de respaldo en reglas y Fondos europeos, y sin esperar, hasta ahora, ninguna solidaridad del resto.

Por ello la solidaridad ha sido la gran batalla: programas de realojamiento entre los EEMM ordenados por la Comisión Europea e instrumentados por un Coordinador UE (figura de nueva creación) serán, a partir del Pacto, la primera y prioritaria forma de solidaridad en situaciones de crisis y de presión en frontera por flujos de llegadas masivas, especialmente tras operaciones de Salvamento & Rescate en aguas de regiones insulares como Canarias, Lampedusa o las Islas Griegas. 

Y como forma ordinaria de solidaridad también se ordena y regula la contribución financiera al Fondo UE de Migraciones y Asilo y al Fondo de Solidaridad Interior para asistir adecuadamente, con recursos y medios europeos, a los EEMM en su esfuerzo de atención a la protección de derechos (control médico y sanitario, alimentación, asistencia jurídica, interpretación...) de migrantes irregulares y demandantes de asilo.

Relevantes organismos humanitarios han respaldado expresamente el Pacto: NNUU, ACNUR, OIM. A todo lo largo de la negociación hemos escuchado a las ONGs humanitarias y hemos hecho nuestra su batalla; me he batido por los derechos humanos y fundamentales en todos los supuestos, y hemos obtenido garantías reforzadas para personas vulnerables (menores no acompañados, mujeres con hijos menores, víctimas de trata...) en todos los reglamentos. 

Las críticas son legítimas, las respeto; es más, las he hecho mías a lo largo de toda la negociación y, en su conclusión, respecto de un resultado que no puede ser óptimo para nadie habida cuenta de los intereses contrapuestos en un procedimiento legislativo arduo y minado por los dilemas más dirimentes.

Nadie puede esperar que ningún negociador —tampoco yo— se exprese enteramente satisfecho del resultado alcanzado tras arduas controversias y sesiones de negociación

Otras críticas provienen, sin más, del bulo, la desinformación y la intoxicación contra los procesos e Instituciones europeas, hagan estas lo que hagan, tanto si alcanzan acuerdos como si fracasan en el empeño, como es lamentablemente habitual en el intrincado campo de migraciones y asilo, tan expuesto a la demagogia, a la propagación del miedo y a su explotación electoral sin escrúpulos. 

No cabe aquí la refutación de cada falsa imputación y de cada crítica infundada (¡por imputarle al Pacto males que aquejan al paisaje hasta ahora imperante precisamente por causa de la ausencia de reglas europeas y por falta de confianza entre los EEMM y en una ayuda de la UE que nunca acaba de llegar!), pero una réplica es obligada, al tiempo que inevitable: ¿Qué solución, qué alternativa proponen quienes pedían votar no al Pacto? ¿Acaso creen que su rechazo a un Acuerdo que introduzca reglas y garantías comunes alumbraría una UE ideal, sin fronteras exteriores, volcada a la recepción humanitaria e incondicional de migrante y asilados?

No. No es así, desde luego, y afirmo con contundencia: Haber rechazado el Pacto en su voto definitivo en el Pleno del PE hubiese sido algo peor todavía que prolongar la situación insostenible e injusta, anómica y carente de normas europeas que sujeten a los EEMM a algo más que su albedrío para hacer de su capa un sayo: hubiese equivalido a reconocer que no hemos conseguido nada después de haberlo intentado: tras intentarlo todo, trabajando duramente durante daños tremendos, el resultado hubiese sido cambiar NADA, nada en absoluto. 

Lo que hubiese sido igual que decirle a la ciudadanía europea —que vota el 9 de junio— que NADA puede esperar de la UE ante el hecho migratorio y ante el derecho de asilo. Que los EEMM están solos, cada uno en su frente y en su frontera, abandonados a su suerte, sin ayuda ni asistencia ni solidaridad a la vista por parte de la UE y de los restantes EEMM.

Es también falso, finalmente, que este Pacto asuma nada de la extrema derecha: la extrema derecha rechaza, sin concesiones, toda ley europea y toda respuesta UE en este ámbito, para liberar todo ese espacio a su eurofobia xenófoba. Haber fallado en aprobar definitivamente un Acuerdo al respecto -con todos sus límites y puntos criticables, que los tiene-, habría sido dinamita para la extrema derecha en la próxima elección del PE el 9 de junio; y una cosa es segura: en la campaña electoral no se habría podido hablar de ninguna otra cosa.

Infiltrados
Un proyecto de Ikea

Pero el esfuerzo no se ha saldado esta vez en fracaso: el Pacto ha sido aprobado. La próxima Legislatura deberá velar por su ejecución y su garantía. Y por un Marco Europeo de S&R que evite los naufragios trágicos; una lucha conjunta contra el negocio de los tráficos ilícitos y la explotación de personas; y más vías legales y seguras de migración hacia la UE sin arriesgar la vida o perderla en el empeño

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).