El 12 de junio de 1985 marcó un antes y un después en la historia de España. A las 20:53 horas, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, se rubricó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, la actual Unión Europea (UE). Hace 40 años que Madrid dio el salto definitivo a la libertad, la democracia y la apertura, dejando atrás la dictadura franquista, su represión y su aislamiento. 

Lo hizo de la mano de Portugal, nuestro vecino, e innovando: habitualmente, el club comunitario iba creciendo por una apuesta mayormente económica, pero no en este caso. Primaba la política, que se eso es de lo que había verdadera sed. Ese fue el verdadero motor de la entrada en la UE, porque los dos estados sabían que la adhesión era una forma de cruzar los Pirineos para fortalecer sus jóvenes gobiernos y modernizar sus sociedades. También, saltar suponía entrar en el espacio occidental al que debían pertenecer por historia y convencimiento. Claro que se liberalizó y se globalizó la economía, pero el objetivo fue más hondo y urgente. 

La tercera ampliación de la UE, en la que se enmarca este hito, marcó el inicio de una profunda transformación en todos los ámbitos de la vida española. La apertura de mercados, la exitosa negociación de fondos europeos y la adopción de nuevas y exigentes normativas impulsaron reformas clave en infraestructuras, agricultura, industria y medio ambiente. Las sociedades ibéricas se abrieron a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas y las políticas comunes pasaron a regular muchos ámbitos de la economía. Años después, el ingreso en 1999 en el grupo de vanguardia del euro ilustraba el peso de España, también de Portugal, en el proyecto europeo.

La transformación en estas cuatro décadas ha sido formidable. España ha pasado de ser un receptor neto de ayuda europea a desempeñar un papel activo en la toma de decisiones comunitarias, con altos y bajos en función de la fortaleza interna de sus gobiernos. En conjunto, ha ganado peso institucional, como lo demuestra su participación en los debates sobre la ampliación de la UE, la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria, la política exterior, la política migratoria o la lucha contra el cambio climático.

De entonces a ahora

"El balance de estos 40 años es muy positivo. Todos los indicadores muestran –si bien con altibajos en los periodos de crisis– una mejora sustancial en los parámetros de bienestar, riqueza y desarrollo. Gracias a la adhesión, España dejó de ser diferente para pasar a homologarse a las democracias avanzadas europeas", sostiene el Real Instituto Elcano.

En 1985, España tenía una renta per cápita de 7.300 euros y una ratio de exportaciones sobre el PIB del 15%, reflejo de una economía poco internacionalizada. La esperanza de vida era de 76 años, la población rondaba los 38 millones de habitantes y el gasto público en educación y salud representaba el 3,5% y el 5,2% del PIB, respectivamente.

En contraste, en 2024, España presenta un panorama socioeconómico diferente: la renta per cápita había subido hasta 31.000 euros a través de un rápido proceso de convergencia con los países europeos (sobre todo hasta la crisis de 2008) y las exportaciones representaban un 34% del PIB, ya no eran solamente turísticas y venían acompañadas de fuertes flujos de inversión, tanto de entrada como de salida. La esperanza de vida había aumentado a 84 años, la población había crecido hasta los 49 millones (en un contexto en que muchos países europeos están perdiendo habitantes), y el gasto en educación y salud había aumentado al 4,6% y 7,4% del PIB, respectivamente.

Además, el número de universitarios se había más que triplicado, la mujer se había incorporado plenamente al mercado laboral, la sociedad se había secularizado y, según todos los principales rankings internacionales (The Economist, Freedom House y V-Dem), la democracia española se considera entre las 20 más avanzadas del mundo.

Nuestro país, además, "se ha integrado plenamente en el panorama internacional y ha recuperado el papel exterior que debió ocupar durante la segunda mitad del siglo XX si no hubiera sufrido una dictadura que la condenaron a un atraso histórico del que todavía se pueden apreciar algunas cicatrices", dicen los investigadores Ignacio Molina y Federico Steinberg. "No obstante, pese a esta indudable transformación estructural, que hace que España sea junto a Irlanda y Polonia, la mejor demostración de que la pertenencia a la Unión Europea es un motor de desarrollo incomparable, existen todavía problemas y ámbitos donde converger", asumen. Están en la mente de todos las crisis generales de la UE, de la economía y la competencia a la migración, del Brexit al populismo y el ultranacionalismo (especialmente de extrema derecha), de la invasión rusa de Ucrania al debilitamiento de la relación transatlántica, léase con Estados Unidos, más el debate del rearme. 

Si hasta Franco le veía el beneficio... 

Durante el franquismo, los ministros del sector tecnócrata ya habían comprendido la importancia de conectar con Europa. El aislamiento internacional impuesto al régimen fascista también fue voluntario, por la cerrazón de todo lo malo que venía de fuera, pero poco a poco empezaron a surgir voces que apostaban por mirar fuera, preservando sin duda la dictadura. 

El primer intento formal de España de sumarse a Europa se produjo en febrero de 1962, cuando España solicitó la apertura de negociaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE), una maquinaria puesta en marcha ya en los años 50 por la Declaración Schuman. No recibió una respuesta negativa, sino una misiva en tono cordial en la que se decía que España no podría ingresar porque no era una democracia, aunque los mandatarios comunitarios estaba abiertos a establecer una relación de tipo comercial.

Esta respuesta condujo a la firma en 1970 del Acuerdo Comercial Preferencial, que permitió comenzar a exportar a los países comunitarios, aunque dejó claro que solo con un cambio de régimen España podría aspirar a ser miembro de pleno derecho.

La clave de la Transición 

La muerte de Franco en 1975 y la Transición a la democracia cambiaron radicalmente las posibilidades de España, a favor, claro. Era conquistar la cláusula imprescindible del . El Gobierno de Adolfo Suárez puso como prioridad absoluta el ingreso en la CEE, y en su primer Consejo de Ministros del 22 de julio de 1977 aprobó el envío de la solicitud formal de adhesión, con el visto bueno de los partidos de la oposición, además. 

Suárez incluso creó en febrero de 1978 el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, al frente del cual situó a Leopoldo Calvo-Sotelo y se incrementaron los contactos con la Comisión, que el 29 de noviembre de ese año aprobó el dictamen favorable al ingreso, pero que también advirtió de algunos aspectos del sistema económico español, como el alto porcentaje agrario o el intervencionismo estatal en algunos sectores industriales, como el naval, la minería o la siderurgia, para los que exigía una reconversión.

A pesar del entusiasmo inicial, el proceso se complicó por la crisis económica, los llamados años de plomo de ETA y la tentativa golpista del 23-F. Además, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing mostraba reticencias ante la competencia económica española, llevando a que Grecia consiguiera su adhesión en 1981 mientras España y Portugal seguían negociando. La situación cambió radicalmente con la mayoría absoluta del PSOE de Felipe González en octubre de 1982. Se produjo un cambio de gobierno sin incidentes. La alternancia, al fin, es una de las claves de una democracia sana y España la había alcanzado. El nuevo presidente socialista mantuvo la CEE como objetivo prioritario y, con Fernando Morán y Manuel Marín, se propuso salvar los obstáculos pendientes: la reforma agraria, la reconversión industrial y la introducción del IVA.

Quedaba por delante el proceso de adaptación que hoy están pasando países como Ucrania, una serie de fases, una escalera de cumplimientos sin los que no se puede ser socio de pleno derecho. Enrique Barón, diputado socialista en el primer Parlamento de la democracia y más tarde expresidente del Parlamento Europeo, explica a RTVE que, en realidad, el visto bueno a España llegó "bajo palabra de honor, porque dijimos que ya habíamos hecho la Constitución y que íbamos a ganar el referéndum", un hecho que aún tardaría un año en producirse. El Consejo había hecho "un informe muy crítico sobre la situación de España, pero entramos", expone.

Hubo también cambios en el entorno europeo que ayudaron, como el hecho de que en Francia llegase a la presidencia de la República el socialista François Mitterrand, o Alemania convirtiera en canciller al democristiano Helmut Kohl. 

El sprint

El año 1985 fue el de la firma. Hasta llegar al caluroso junio, vinieron meses de locura. Hubo atranques finales que, si bien no pusieron en jaque la adhesión, sí que podrían haberla retrasado. Sobre todo, Madrid y Bruselas chocaban por el acuerdo relativo al vino y el paquete pesquero. No hay que olvidar que nuestro país es una potencia agroalimentaria y que había recelos en el resto de estados miembros sobre su entrada y la influencia inmediata en una materia troncal como ha sido siempre la agricultura, la ganadería y la pesca. 

En este caso, fue la diplomacia constante la que disipó los miedos. "A pesar de los costos de transición económicamente dolorosos, líderes empresariales, sindicales y políticos de todos los partidos se unieron, a menudo brindando con vino español, para celebrar lo que llamaron el fin de casi 400 años de aislamiento tras los Pirineos", escribía el diario norteamericano The New York Times en su crónica sobre el desbloqueo. Al final, el 29 de marzo se dio por cerrado el acuerdo, aunque las negociaciones se prolongaron hasta el 6 de junio

La jornada del 12 de junio es la que esta semana se ha recordado, con un acto en el Palacio Real, presidido por Felipe VI y con la asistencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Un día para la memoria, como dijo el monarca. Por la mañana, se firmó el Tratado en Lisboa, y por la tarde tuvo lugar la ceremonia en el Palacio Real, con la presencia de Jacques Delors, el rey Juan Carlos I y más de 600 invitados. La jornada estuvo empañada por tres atentados de ETA que causaron cinco muertos. Era el vivo contraste de la España que trataba de avanzar y la que lo sumía en la sangre. 

"Para España, este hecho significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa occidental", declaró Felipe González en su discurso histórico. Cuatro décadas más tarde, el aviso del actual rey, que hizo el jueves numerosas referencias a las generaciones de españoles que han nacido ya en una Europa consolidada. "El verdadero desafío ahora es llegar aún más lejos" e involucrarles, porque "no pueden, no deben dar Europa por asentada, ni como algo irreversible". Nunca dar lo conquistado por sentado. 

Tras la alegría de la incorporación a Europa, a España le quedaba un paso más por delante si quería una adhesión plena a Occidente, y era la defensiva. El PSOE había prometido un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, pero González comprendió la vinculación entre la OTAN y la pertenencia plena a la CEE. La consulta popular del 12 de marzo de 1986 decidió la permanencia, con un 52,2% de los votos, despejando definitivamente el camino. Hoy todos recuerdan ese "OTAN de entrada no" que se quedó por el camino. Ha pasado mucho tiempo, pero el debate resurge de cuando en vez, más aún cuando los presupuestos para Defensa se multiplican. 

España y Portugal entraron formalmente en la CEE meses más tarde, el 1 de enero de 1986. Llevaban a sus espaldas más de ocho años de negociaciones. La adhesión no fue sólo un acto diplomático, sino el reconocimiento internacional de la consolidación democrática española y su plena integración en el proyecto europeo. Una herida que se cerraba, una esperanza que se consolidaba.