"Dejación de deberes": el error procesal que el juez Peinado cometió en una causa contra un alto cargo de Almeida y que ahora investiga el CGPJ
El caso que fue archivado investigaba la adjudicación directa de un contrato público de 72.600 euros a Ok Diario en diciembre de 2022 para organizar unas charlas. Al instructor se le pasó el plazo de prórroga, pese a que las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid lo pidieron con tiempo suficiente.

Mala semana para el juez Peinado. Aunque el juez regresó el lunes de la pausa veraniega acaparando de nuevo titulares con la imputación de Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa por un presunto delito de malversación, el togado se ha visto ahora señalado por dos diferentes quejas acerca de su forma de actuar en el ejercicio de juez instructor.
Por un lado, la protesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio que le practicó como testigo en el marco de la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno. Cabe recordar que dicha declaración, que posteriormente fue filtrada a los medios de comunicación tanto en imagen como en sonido, estuvo marcada por la tensión y los reproches del magistrado al ministro, a quien acusó de contestar "con evasivas". "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa"., le llegó a decir en un momento dado. Meses después, Peinado elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pedía investigar a Bolaños por falso testimonio y malversación. Sin embargo, el alto tribunal archivó la petición y le reprendió por la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación" de Bolaños en esos delitos.
Ahora, tal como publica este jueves El HuffPost, el CGPJ también ha abierto diligencias informativas contra Peiando por supuesta "dejación de deberes" en una causa que se archivó contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, alto cargo del gobierno de José Luis Martínez Almeida en la capital. ¿El motivo? Al instructor se le pasó el plazo de prórroga, pese a que las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid lo pidieron con tiempo suficiente.
Dicha diligencia contra Peinado ha sido abierta tras recibir la queja del dirigente socialista Guillermo Hita y, ahora, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, deberá decidir si incoa un expediente sancionador o archiva la queja si no aprecia irregularidad alguna por parte de Peinado.
El caso que fue archivado investigaba la adjudicación directa de un contrato público de 72.600 euros a Ok Diario en diciembre de 2022 para organizar unas charlas sobre movilidad urbana. El evento, celebrado pocos meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, fue presentado por el propio Almeida y el director del medio, Eduardo Inda, lo que llevó a los grupos municipales de Podemos y Más Madrid a sospechar de una posible utilización partidista de recursos públicos.
El plazo inicial para investigar, que es de un año, vencía en el mes de enero. Antes de llegar al límite, las acusaciones pidieron al juez que prorrogase el plazo seis meses más y acordase una serie de diligencias, pero Peinado no respondió hasta el mes de abril. Algo que aprovechó la defensa para forzar el cierre del caso. La Audiencia Provincial, como cabía esperarse, le dio la razón y Peinado dio "carpetazo" al asunto.
"Los errores siempre suceden en la misma dirección. ¡Qué casualidad, qué suerte tienen, que un juez tan poco sospechoso como Peinado comete un error procesal y no se puede seguir adelante con la causa!", expresaba el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en una entrevista con El HuffPost tras conocer el archivo del caso.
Lo cierto es que no es el único "fallo" del magistrado a la hora de prorrogar un proceso de instrucción. El pasado mes de julio, coincidiendo con el de la EMT, se conoció que Peinado abocó también al archivo una causa contra la supuesta secta de los ‘criptobros’ de IM Academy.
El magistrado no prorrogó el proceso de instrucción ni llamó a declarar a los investigados, algo que él mismo acabó reconociendo. "Este grave defecto procesal, carente de subsanación de conformidad con la jurisprudencia, impide la continuación del procedimiento contra los sospechosos”, escribió en consonancia con la postura de la Fiscalía.
