Del voto por correo al CERA: todas las sospechas de pucherazo que ha ido alimentando el PP

En los primeros días del año 2021, después de que Donald Trump perdiera las elecciones presidenciales en Estados Unidos frente a Joe Biden, una turba de seguidores del magnate asaltó el Capitolio convencida de que les habían robado la democracia. Y todo porque Trump, desde sus redes sociales, estuvo denunciando durante semanas un fraude electoral generalizado y trató de negar y revocar los resultados. Aquella "rebelión", retransmitida en directo por televisión ante la mirada atónita de medio mundo, se saldó con cinco muertos, más de 1.200 detenciones.. y con Trump fuera de la Casa Blanca (temporalmente).

Aquel infausto capítulo no fue, sin embargo, nada más que la constatación gráfica de un discurso muy hilvanado por parte de la ultraderecha mundial: la desconfianza hacia las instituciones y el propio sistema democrático. Fallan los partidos, falla el estado del bienestar, fallan los principios y hasta el Estado de derecho. Y este mensaje cala en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes: el 17% de los españoles de entre 18 y 34 años prefiere un Gobierno autoritario “en algunas circunstancias”. Este porcentaje ha crecido casi diez puntos desde 2009, la última vez que el CIS realizó la encuesta sobre la calidad de la democracia.

En España, de hecho, esta erosión de las normas fundamentales sobre las que se basa nuestra joven democracia, empieza a ser causada también por un partido supuestamente moderado como es el PP. En su afán de desgastar al máximo la imagen de Pedro Sánchez y del Gobierno, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo lleva más de tres años arrojando sospechas sobre la limpieza de los procesos electorales y alertando de posibles amaños, fraudes o maniobras para modificar el censo. 

Los votos por correo... que no llegan por los "jefes"

Ya en julio de 2023, en las últimas elecciones generales celebradas hasta la fecha, Feijóo dejó caer que en el Gobierno había "falta de voluntad" para agilizar el voto por correo y pidió expresamente a los carteros que "repartieran todos los votos" a pesar "de sus jefes". En otras palabras, Feijóo deslizó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba intentando que muchos españoles que habían solicitado el voto por correo no dispusieran de las papeletas para poder ejercer su derecho. Unas acusaciones que nunca antes se habían hecho y que socavaban la confianza en los mecanismos democráticos. Correos, por su parte, reivindicó "la profesionalidad" de sus más de "45.000 empleados y empleadas" y lamentó que se estuvieran produciendo debates públicos que sólo pretendían dañar a "las instituciones y los servicios públicos del país". 

Los resultados de ese 23-J no fueron los esperados por la derecha - Pedro Sánchez pudo volver a formar gobierno - y las acusaciones contra todos los actores implicados en el proceso electoral se mantuvieron. De hecho, un año antes de la cita electoral, el PP ya aseguró que Sánchez quería controlar Indra, la empresa que, entre otras actividades, gestiona desde hace más de dos décadas los datos sobre el escrutinio de muchas de las elecciones que se celebran en España. "Da la impresión de que Sánchez ha decidido controlar a los españoles para asegurarse de que no vuelven a equivocarse al votar”, dijo en una rueda de prensa el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons.  

Por otro lado, medios afines a la derecha también aprovecharon el escándalo del 'caso Leire' para asegurar que la "fontanera del PSOE" se encargó de la “gestión de la documentación del voto por correo” de aquellas generales y de su “validación”, lo que sirvió a su vez para sugerir que se produjo un amaño electoral. Correos, una vez más, negó tal responsabilidad y recordó que esa labor corresponde a la Dirección de Operaciones, que no ocupaba Leire Díez.

El robo de votos de la "delincuencia común"

Después, han llegado diferentes comicios autonómicos en los que de nuevo el PP azuzó el miedo al pucherazo. En Extremadura, los robos perpetrados en tres oficinas de Correos por la "delincuencia común" - dicho por la Guardia Civil - sirvieron para que la candidata popular, María Guardiola, saliera en un vídeo a decir que les estaban "robando la democracia". "Alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Quieren elegir por nosotros y robarnos nuestro futuro. Pero no lo vamos a permitir", decía.

Un temor que, lejos de relativizar, el PP nacional potenció también a través de sus redes sociales. El secretario general del partido, Miguel Tellado, puso un tuit calificando los hechos de "extrema gravedad". "Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", escribió. Y Feijóo, también a través de un tuit, añadió que el Gobierno había ocultado también otros "intentos de robo en otras oficinas" en los días anteriores. El PP acabó ganando esas elecciones y el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia en Extremadura. Una vez se conocieron los resultados, se frenaron las acusaciones de amaño.

Hasta que, después, llegó el turno de los comicios en Castilla y León del pasado 15 de marzo. En ese caso, la "amenaza" para la democracia llegó por la validación del uso del DNI digital como método de identificación antes de votar. Medios como El Debate alertaron de que este uso abría la puerta a posibles suplantaciones de identidad y la Junta Electoral Central terminó cediendo "ante las dudas y la alarma social" que se habían generado. Una "alarma social" de nuevo alentada por la cúpula del PP o dirigentes de renombre como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que esto era "la puerta al fraude electoral". 

Los resultados de las elecciones andaluzas del pasado junio han traído consigo otra "sospecha": la del voto CERA. Es decir, el voto de los españoles que residen en el extranjero. En los comicios andaluces, el PSOE fue el partido más votado entre este grupo de electores. Algo que sorprendió a muchos medios conservadores, puesto que el PP había arrasado en esas elecciones y los socialistas, con María Jesús Montero como candidata, obtuvieron su peor resultado histórico. 

Y a partir de este dato, el PP ha salido en tromba esta semana a criticar la denominada "ley de nietos" que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó como parte de la ley de Memoria Democrática en 2022 y que permite la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados. Es decir, a quienes tuvieron que abandonar el país e incluso renunciar a la nacionalidad, fundamentalmente por la Guerra Civil. Algo que, curiosamente, Núñez Feijóo defendió durante su tiempo al frente de la Xunta y después también como presidente nacional del PP. En el año 2022, en Buenos Aires, criticó que la concesión de la nacionalidad se limitase a los nietos de los exiliados y propuso una ley para que también pudiesen optar a ella los emigrantes por “causas económicas”. Lo que, en la práctica, está sucediendo ya. Pero es que el propio programa del PP a las elecciones de 2023 también dejaba constancia del mismo deseo: “La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada”.

Sin embargo, esto ahora para el PP es una mera "ingeniería electoral" con la que Sánchez está intentando "adulterar" el censo electoral para mantenerse en el poder. Según los datos del Gobierno, se han admitido hasta ahora 544.772 solicitudes de nacionalidad, de las que 306.000 ya se han registrado.

Pese a las evidentes contradicciones, el ruido acerca de la "ley de nietos" ha hecho que Vox pida directamente privar a los residentes en el exterior del voto por correo y el PP exija "observadores" internacionales para comprobar si Sánchez está intentando "nacionalizar socialistas". Aunque ojo: en las últimas generales, el gran beneficiado del voto cera fue el PP, puesto que le arrebató al PSOE un escaño en la circunscripción de Madrid. Los populares también fueron primera fuerza en otras seis CC.AA.: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Baleares y la Región de Murcia.