Dimite el comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, por la polémica con su currículum

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisión tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por un presunto delito de falsedad documental, según ha avanzado la Cadena SER. Ayer mismo, el Ministerio de Política Territorial le había solicitado toda la documentación relativa a sus méritos para acceder a un puesto de funcionario, toda vez que la la Agencia Valenciana Antifraude le había acusado de haber usado un título universitario "presumiblemente falso" para lograr la plaza. Ángel asegura que "no ha existido ninguna irregularidad" y que siempre ha cumplido "con todos los requisitos".

A este mismo ministerio es al que Ángel ha presentado un escrito dando cuenta de su marcha. En ese texto, denuncia "reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

El hasta comisionado defiende su inocencia y recuerda que lleva cuarenta años dedicando su vida al servicio público, y asegura que la suya es "una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día", añade la información de la SER. El Partido Popular había pedido reiteradamente su dimisión o cese en estos días, por ser un "falso funcionario".

La Agencia Valenciana Antifraude sostiene que no hay constancia de que Ángel cursara ni completara estudios de Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València, y recuerda que esa titulación no existía en 1983. Aun así, el excomisionado habría utilizado ese supuesto diploma para acreditar su acceso al grupo B de funcionarios -actual A2-, lo que le habría reportado beneficios económicos en forma de retribuciones, trienios y consolidaciones indebidas.

La decisión de dimitir ha llegado tras días de una importante presión institucional. La presidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, anunció incluso que se anulará la plaza obtenida con ese título falso y que la institución se personará en el procedimiento judicial. Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Vicente Mompó, ha exigido que Ángel devuelva “hasta el último euro cobrado de más”. Desde el PSPV, en cambio, se ha defendido su trayectoria y se ha criticado que la investigación se comunicara a la prensa antes que al afectado.

Las explicaciones

El excomisionado del Gobierno para la DANA ha negado cualquier irregularidad y ha atribuido lo ocurrido a una "cacería política y mediática". Asegura que en los años 80 no se exigía titulación universitaria para el puesto en cuestión y ha anunciado acciones legales “para defender su honor”.

El martes, Ángel emitió un comunicado tras conocerse esa supuesta irregularidad, que le habría permitido acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios, y en él facilitó documentación correspondiente a los procesos para acceder a los diferentes cargos que ha ostentado. Dijo que estaba dispuesto a emprender las acciones administrativas y legales que "considere necesarias para que la verdad se abra camino".

Unas acciones para defender su nombre, su honestidad y su honorabilidad "tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional".

El comisionado indicaba que le resultaba "sorprendente" haber tenido conocimiento de la existencia de "una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal".

Aseguraba que no se le ha requerido en audiencia en el curso de una investigación. De ese modo, dijo, se ha "cercenado de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad".

José María Ángel explicó que su vinculación con la Diputación de Valencia se remonta a 1981, cuando accedió a un puesto en el Archivo General como auxiliar administrativo. Allí permaneció hasta abril de 1983, cuando tomó posesión como funcionario de carrera como Auxiliar Técnico de Archivos y Bibliotecas en la citada diputación. Esa plaza, indicaba, la obtuvo tras la superación del proceso selectivo, concurso oposición libre. Los requisitos formativos para poder presentarse a esta convocatoria eran estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente. Adicionalmente, se podían presentar méritos entre los cuales figuraban titulación complementaria a la exigida.

En virtud de todo ello, Ángel presentó el Título de Bachiller Superior, expedido por la Universidad de Valencia en 1981, y como acreditación de los méritos, aportó copia de los títulos de cinco cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones.

El 23 de marzo de 1983 el Tribunal calificador del concurso oposición libre para la provisión de tres plazas de auxiliares técnicos de archivo y biblioteca, elevó su propuesta de nombramiento en favor de Ángel por ser uno de los dos únicos aspirantes que superó el proceso selectivo y tomó posesión el 18 de abril de 1983.

Posteriormente, en diciembre de 1984, la Diputación creó tres plazas de nueva creación como "técnico medio", que requerían, además de pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, "la superación de las pruebas selectivas y de formación que se establecieran".

Ángel, insiste, cumplía el requisito de tener la propiedad de la plaza y superó el examen escrito, por lo que tomó posesión el 11 de abril de 1986. Por tanto, argumentaba, "no ha existido ninguna irregularidad en mi acceso a la función pública en 1983 ni en el acceso a la plaza de ayudante técnico en 1986", porque "siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias".

Además, condenaba "esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas que como en mi caso llevamos más de 40 años de servicio público".

El comisionado fue nombrado el pasado mes de diciembre por el Consejo de ministros para este cargo, creado en noviembre ante la magnitud de los daños de la dana del 29 de octubre para impulsar la ejecución de las medidas de reconstrucción y que está adscrito al Ministerio de Política Territorial, que es el que ayer ya le reclamó todos los datos sobre su expediente.

José María Ángel es funcionario de carrera de la Diputación de Valencia desde 1982 y ha sido alcalde de L’Eliana (Valencia), diputado provincial en Valencia, senador por la Comunitat Valenciana y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana con el Consell de Ximo Puig.