Los sucesos de odio, insultos y faltas de respeto ya se han convertido en un elemento decorativo más dentro del Congreso de los Diputados. Entre las columnas, escaños y alfombras en las que reside la soberanía popular, caminan a sus anchas aquellos que se hacen llamar "periodistas"; personas que protagonizan escenas y escándalos desde hace años. Algo que ha sido denunciado permanentemente por amplios grupos políticos y periodistas de todos los medios comunicación. Ahora, quizá demasiado tarde, el Congreso lleva a sede parlamentaria el debate sobre el reglamento para regular y garantizar la actividad de los profesionales de la información dentro de sus paredes. 

La iniciativa ha sido propuesta por el Partido Socialista y secundada por sus socios de investidura -Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria- y también Podemos. La proposición de ley denuncia que hay personas acreditadas como profesionales de los medios de comunicación que se dedican a "intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los periodistas", lo que complica enormemente su tarea y el derecho a la información de toda la ciudadanía. Varios colectivos de periodistas han denunciado estos acontecimientos en la misma línea. El debate buscará "acabar con estos comportamientos inaceptables" y llevar a cabo una reforma que solucione esta situación. En la actualidad, la desacreditación a los agitadores no es posible por la Cámara Baja debido a que se trata de una tarea administrativa. Es decir, se le puede otorgar una acreditación a un medio de comunicación, pero no se puede revertir esa decisión al poder considerarse que "vulnera el pluralismo informativo". 

Los sucesos se han repetido de forma permanente en los últimos años y los agitadores se han convertido en figuras mediáticas conocidas en todas las redes sociales. El último estrago de estos episodios de violencia se produjo la semana pasada, en una rueda de prensa en el Congreso de Sumar. Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, tuvo que finalizar su intervención después de que uno de los agitadores de extrema derecha preguntara incesantemente a la diputada impidiendo así el trabajo del resto de periodistas que se encontraban en la sala. "Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle", suplicaba la Martínez Barbero antes de darse cuenta que era imposible seguir llevando a cabo la rueda de prensa. 

Esta situación produjo que el resto de medios de comunicación protestaran por lo sucedido y abandonaran el resto de ruedas de prensa que estaban organizadas para ese martes. "Los pseudomedios de ultraderecha intentan boicotear la actividad parlamentaria, pero también dificultan la tarea de los profesionales de la comunicación. No es libertad de expresión: es acoso, odio, desinformación y violencia. Ha ocurrido más veces y seguirá si no lo paramos", aseguraba la portavoz después de lo ocurrido aquella jornada. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) se posicionó en el mismo sentido que el resto de grupos parlamentarios y de periodistas, asegurando que "rechazaba de manera contundente el comportamiento de algunas personas acreditadas", que estas prácticas "distorsionan, alteran e impiden" el funcionamiento de las ruedas de prensa y, por último, pedían a las cámaras la "tramitación con máxima urgencia de la proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara Baja".

No es la primera vez. Cada martes se producen hechos similares en la sala de prensa del Congreso. Muchos de los portavoces de los grupos parlamentarios han tomado la posición de no responder a sus preguntas y dejar el turno de preguntas al resto de compañeros. Sin embargo, siempre hay algún revuelo y dificultades para seguir. Patxi López, representante del partido socialista, es uno de los que en alguna ocasión ha respondido a los agitadores. "Ya estamos hartos de estas interrupciones. Tú eres un activista de ultraderecha. Como demostraste en Toledo cuando le dijiste a mis compañeros que esperabas que le pasara como en el 36", le afirmaba a Vito Quiles el pasado diciembre. Dos años antes, Mertxe Aizpurua sufrió el insulto de "hija de puta" por Javier Negre. "Las medidas para acabar con el acoso e insultos de los ultras y asegurar la labor de los y las periodistas no pueden esperar más. No podrán con nosotras", afirmaba con solidaridad en la red social X la diputada de EH Bildu tras conocerse el acoso que había recibido la portavoz de Sumar.      

Sin embargo, la propuesta para la regularización y penalización de determinados comportamientos no tiene el apoyo completo del hemiciclo. Tanto PP como Vox se han posicionado muy críticos con la medida. El partido de Santiago Abascal -que imposibilita en sus actos la entrada de periodistas- ha asegurado que no apoyara la iniciativa y el partido de Alberto Núñez Feijóo no ha desvelado cuál será el sentido de su voto. Pese a ello, Miguel Tellado y numerosos miembros de los populares se han mostrado contrarios a la regularización debido a que "es una forma de coartar la libertad de expresión". Con todo, miembros de los socialistas han asegurado que la reforma se llevará a cabo en su votación final cuando se requieran los 176 votos para su aprobación.  

El texto de la reforma del artículo 98 del reglamento propone la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo parlamentario y por colectivos del ámbito de la información, y plantea hasta 17 tipos de infracciones por incumplimiento. Entre las muy graves, figura la falta de respeto o de las reglas de cortesía frente a otras personas en el interior del Congreso o en las zonas de acceso al mismo, así como la grabación de imágenes o audios por medio de dispositivos ocultos en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos.

Las infracciones leves pueden provocar un apercibimiento y la suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles, un periodo que puede llegar a los tres meses en el caso de las infracciones graves. En el caso de las infracciones muy graves es posible una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, incluso, su revocación definitiva. En otras palabras, el Congreso tendría las herramientas necesarias para poder regular la situación de los pseudomedios de comunicación en la cámara de la soberanía popular. Los grupos que han redactado la propuesta recalcan que esto no conllevará "en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía".

El Reglamento del Congreso que entró en vigor en 1982 contempla que la Mesa de la Cámara regule la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero una vez entregada esa acreditación es prácticamente imposible revertir la decisión. Con esta reforma también tendrá que regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijará "los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara". "Entre los criterios de renovación se tendrá en cuenta la existencia de anteriores vulneraciones así como directrices y acuerdos de la Mesa", asegura el texto. Además, los firmantes del texto aseguran que estas medidas no interrumpirán en ningún caso el ejercicio del periodismo. 

Tras la llegada de personajes como Javier Milei a la presidencia de Argentina, Donald Trump a la Casa Blanca o el auge de los partidos de extrema derecha a los diferentes gobiernos europeos -el pasado fin de semana ganaron en Portugal y Rumanía-, cabe preguntarse si esta medida llega demasiado tarde. Los vídeos de Vito Quiles -con lanzamientos de micrófonos incluidos- son virales asegurados, los podcast con posiciones ultraconservadoras alcanzan las centenares de miles de reproducciones y otros agitadores como Javier Negre o Bertand Ndongo acumulan miles de seguidores en redes sociales. Después de un año de la famosa carta de Pedro Sánchez y su compromiso con acabar con "la maquinaria del fango", llega al Congreso de los Diputados el debate para regular el comportamiento, los insultos y las faltas de respeto bajo la incógnita de si logrará salir adelante y cómo surgirá efecto.