El Congreso tumba la concesión de competencias migratorias a Cataluña pactada por PSOE y Junts 

El Congreso de los Diputados ha confirmado este martes su rechazo al proyecto de ley sobre la concesión de competencias migratorias a Cataluña pactada por el Partido Socialista y Junts, con 173 votos a favor y 177 en contra. Tanto Podemos como uno de los diputados de Compromís (Alberto Ibáñez) y otro de la Chunta Aragonesista (Jorge Pueyo), así como el de UPN (Alberto Catalán) han terminado votando en contra del texto —al igual que el Partido Popular y Vox— en un debate que ha estado plagado de acusaciones de racismo por parte de los independentistas y reproches a la competición territorial que representan la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, como Alianza Catalana, el partido de extrema derecha en Cataluña. 

El pie en pared de Podemos ha confirmado finalmente la derrota de uno de los principales acuerdos entre el PSOE y Junts dejando así una delicada situación para la estabilidad de la legislatura que se está empezando a tambalear por el auge de la extrema derecha en Cataluña. Además, la formación morada habría puesto como medidas imprescindibles cerrar los CIES, la regularización de medio millón de personas y prohibir las devoluciones en caliente. 

En caso de que se hubiera aprobado, la iniciativa pretendía delegar las competencias migratorias a Cataluña, unas competencias que, actualmente, pertenecen al Estado central. Es decir, el territorio autonómico tendría capacidad de gestión de algunas de ellas pero sin ceder la total de la titularidad. De hecho, la propuesta buscaba delegar a la región la tramitación de permisos de residencia a extranjeros, la gestión integral del Centro de Internamiento a Extranjeros y la seguridad de puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía y la Guardia Civil. 

A favor de tramitar la ley se han pronunciado los otros 173 diputados, de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y la otra mitad de Compromís (Agueda Micó), más el exministro José Luis Ábalos.

El Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por "las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina" al comienzo de la sesión plenaria. La iniciativa no ha estado exenta de polémica y ha exhibido la diversidad de posturas en torno a la masacre de civiles en la Franja de Gaza a manos del Gobierno de Benjamin Netanyahu: Vox se ha ausentado.

Sumar dio permiso a la divergencia

La dirección de Sumar ya manifestó por la mañana que permitiría a diputados que tenían recelos con la iniciativa desmarcarse y no apoyar la iniciativa, aunque su criterio consistía en apoyar la admisión a trámite, dado que todo apuntaba que iba a decaer. En consecuencia, no habrá ninguna medida disciplinaria en la ruptura de voto. Ibáñez ya confirmó que no iba a apoyar el texto, al explicar que iba más allá del ámbito competencial, sino que había que dar la batalla cultural en una propuesta que, a su juicio, incluía un preámbulo "racista" y señalaba a un colectivo vulnerable como el migrante.

A su vez, el diputado de la Chunta apuntó que su formación estaba preocupada por el alcance del texto y por referencias que podían considerarse racista y que su posición la iba a definir durante la votación. Al final, ha optado por el voto en contra.

Los contactos en el seno del grupo parlamentario se han intensificado durante estos días, incluido este martes, y la cúpula de Sumar ha tratado primero de buscar una postura conjunta y luego, cuando la unidad ya se ha demostrado imposible, tratar de minimizar las fugas ante posibles dudas en el seno del grupo.

IU opta por el sí

Por su parte, fuentes de IU han explicado que ellos abogaban por las garantías de que el texto tuviera importantes modificaciones en caso de que se tomara en consideración y que, al contrario que Junts, sí se toman en serio el valor de la negociación parlamentaria y la posibilidad de acercar posturas.

De esta forma, han desgranado que el voto de los diputados de IU tenía que estar estrechamente vinculado a las exigencias que le trasladó la sociedad civil y que su posición estaba ligada a la posibilidad de "avanzar y desbloquear" con Junts la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares.