El decreto social del Gobierno pasa por quirófano para salvar la subida de las pensiones

El Gobierno se ha visto obligado a volver al bisturí legislativo para evitar que la subida de las pensiones vuelva a encallar en el Congreso. Tras el revés parlamentario de la semana pasada, Moncloa trabaja contrarreloj para aprobar un nuevo decreto del escudo social, esta vez troceado, con el objetivo de garantizar cuanto antes la revalorización de las pensiones mientras mantiene abierta la negociación sobre la moratoria de los desahucios a familias vulnerables, según ha adelantado El País.

El Ejecutivo tiene como primera opción llevar el nuevo texto al Consejo de Ministros de este martes, aunque no descarta retrasar la decisión a la próxima semana si las conversaciones no se cierran a tiempo. En todo caso, el Gobierno insiste en que existe margen suficiente para evitar que los pensionistas vean reducida su paga en febrero. El presidente, Pedro Sánchez, ya garantizó este domingo que la revalorización de las pensiones saldrá adelante “sí o sí”, con independencia del apoyo del PP.

El plan que se ha ido imponiendo en las últimas horas pasa por separar las medidas que concitan un respaldo amplio, con las pensiones como prioridad inmediata, de aquellas que generan un rechazo frontal en parte de la Cámara, especialmente las vinculadas a la política de vivienda. El Ejecutivo asume que la aritmética parlamentaria le deja poco margen: gobierna con una mayoría progresista, pero se enfrenta a un Congreso donde las derechas resultan decisivas en cuestiones clave.

En ese contexto, las conversaciones más intensas se concentran en Junts y el PNV. Ambos partidos han condicionado su apoyo al mantenimiento de la moratoria antidesahucios a cambios que refuercen la protección de los pequeños propietarios. Junts sostiene que el actual sistema de compensaciones públicas no cubre de forma efectiva a los arrendadores que dejan de cobrar el alquiler cuando el inquilino vulnerable no puede ser desalojado. El PNV ha ido un paso más allá y reclama que los propietarios con una sola vivienda en alquiler queden exentos de asumir cualquier obligación adicional.

El Gobierno ya vivió una situación similar el año pasado, cuando la oposición de Junts obligó a dividir un decreto ómnibus en dos textos distintos. Aquella maniobra permitió salvar la subida de las pensiones tras una negociación que se prolongó hasta la misma mañana del Consejo de Ministros. Ahora, el escenario se repite, con mayor desgaste político y menos margen temporal, mientras Moncloa intenta evitar que el bloqueo se cronifique.

La presión del PP y el pulso por la vivienda

El PP no participa en una negociación directa con el Ejecutivo, pero sí ejerce presión desde fuera. Los populares han reiterado que apoyarán la revalorización de las pensiones únicamente si se presenta en un decreto independiente y sin incluir medidas de vivienda. Su secretario general, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de “tomar a los jubilados como rehenes” y ha defendido que “si el decreto de pensiones va en solitario, contará con nuestros votos”, en una entrevista en Hora 25, de la Cadena SER. Para el PP, el llamado escudo social en materia de vivienda “es un eufemismo para proteger a okupas”, una tesis que el Ejecutivo rechaza al recordar que la norma excluye expresamente esos supuestos.

En el otro extremo del tablero, los socios de izquierda redoblan la presión para que la moratoria antidesahucios no caiga por el camino. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha insistido en volver a llevar al Congreso el real decreto ley con la revalorización de las pensiones sin separarlo del resto del escudo social, aunque se ha mostrado dispuesto a negociar con Junts ajustes en las medidas antidesahucios “siempre y cuando no se ponga en cuestión la protección de las familias”.

Urtasun ha asegurado que el Gobierno de coalición trabaja “intensamente” para aprobar el nuevo decreto “lo antes posible”, a ser posible en el próximo Consejo de Ministros, y ha rechazado aislar las pensiones en un texto independiente, como reclaman el PP y Junts. “No vamos a permitir que decaiga ninguna de ellas y vamos a pelear para que el conjunto de las medidas salga adelante, incluida la moratoria de los desahucios”, ha subrayado, antes de acusar al PP de instalarse en la “politiquería”. El ministro ha recordado además que hace un año el Ejecutivo ya pactó con Junts mejoras en el sistema de avales públicos a pequeños propietarios y ha defendido mantener ahora “la mano tendida” para alcanzar un acuerdo similar.

Desde Podemos y su entorno, el tono se eleva aún más. La responsable de Organización de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha defendido que no se deje caer ninguna de las medidas y ha reclamado una respuesta integral para proteger a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables. En la misma línea, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado al Gobierno no haber hecho estructural la moratoria y le ha exigido actuar de forma urgente para que “ni una sola familia más se quede desahuciada en la calle y desamparada”.

Fernández ha llegado a plantear que el Ejecutivo apruebe de inmediato un nuevo decreto antidesahucios si el bloqueo persiste, y, en caso contrario, ha reiterado la propuesta de que el Estado asuma íntegramente el pago del alquiler de las familias protegidas por la moratoria para evitar los desalojos.

La prioridad inmediata del Ejecutivo pasa por asegurar que los pensionistas no vean reducida su paga en febrero, un escenario que fuentes gubernamentales insisten en que nunca estuvo realmente en riesgo. A partir de ahí, la incógnita se traslada a la vivienda: si la moratoria antidesahucios se aprueba en un segundo decreto o si queda atrapada en una negociación más larga y frágil, en un Congreso que vuelve a imponer su propia cirugía política al Gobierno.