El fiscal general García Ortiz manda al Gobierno su carta de renuncia antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación
Reclama al ministro de Justicia su cese, a petición propia, sin esperar a que el Alto Tribunal notifique la sentencia que lo condena a dos años sin ejercicio. "Es el momento de abandonar", expone.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.
La misiva la ha adelantado este lunes la Cadena SER. Enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz sostiene en ella que deja el cargo de fiscal general por "el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad, siempre presente en su mandato, de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales", tras la sentencia del Supremo. Por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", expone.
El hasta ahora fiscal reclama al ministro de Justicia su cese a petición propia sin esperar a que el Supremo notifique la sentencia final. "Es un acto debido no sólo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", defiende. Asegura también que, aunque su determinación deriva directamente del fallo que le fue notificado el pasado jueves, "en su haber tiene el convencimiento de haber servido fielmente a la institución, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".
Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ortiz solicita a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de su mandato como fiscal general del Estado.
La carta, ahonda la SER, acaba agradeciendo al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en su nombramiento: "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", dice literalmente.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido la primera de valorar desde el Ejecutivo la carta del fiscal, proclamando de nuevo en una entrevista en TVE recogida por EFE su inocencia. La aragonesa ha negado ha negado que la medida de García Ortiz haya sido adoptada por indicación del Gobierno. "En absoluto", ha respondido al ser preguntada. Se enteró de la noticia, ha dicho, unos minutos de iniciar la entrevista y ha expresado su respeto a la renuncia del fiscal general.
Ha incidido en que ahora lo que le corresponde al Gobierno es activar el proceso para nombrar a su sustituto y, en ese sentido, ha apuntado que será una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico. "Una persona -ha añadido- comprometida, como lo ha sido además, durante toda su trayectoria, Álvaro García Ortiz, con el servicio público, con la verdad y con la ley".
Alegría no ha concretado si el Gobierno aprobará el nombre del candidato en la reunión de este martes del Consejo de Ministros.
El primer partido de la oposición, el PP, ha emitido un mensaje sucinto en X, haciendo referencia a la frase del fiscal de que "ha servido fielmente a la institución". "Dimite tras ser condenado. Si la institución es el sanchismo, sí", denuncia.
Defensa y relevo
Ayer mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado y discrepa de la sentencia del Supremo, al tiempo que apunta a una futura decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre aspectos "controvertidos" de la misma y considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.
Sánchez se refirió por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Alto Tribunal, que además de la inhabilitación lleva aparejada una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El jefe del Ejecutivo insistió en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial. "Creo que en la inocencia del fiscal general", dijo de forma tajante, tras argumentar que los periodistas que han comparecido en el juicio "de acreditado y reconocido prestigio" han manifestado "claramente" que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones y "que nada tiene que ver con ese delito".
"Lamentamos este fallo, lo respetamos y lo acatamos, pero en una sociedad democrática hay dos cosas que hacer: la primera poner en marcha el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y la segunda, pues hay otras instancias jurisdiccionales que entiendo que podrían dirimir algunos aspectos...que a lo mejor puedan ser controvertidos y también tengan que ser dirimidos por otras instancias", expuso.
Y es que ante la sentencia del Supremo que deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, éste podría presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Constitucional. Por encima del Tribunal Constitucional estarían los tribunales europeos, además. Sánchez, también declaró que ahora mismo no tiene ningún sentido hablar de otras cuestiones, como el indulto.
Sobre el proceso abierto para nombrar al sustituto de García Ortiz no desveló ningún nombre ni perfil, pero remarcó el mandatario que el Gobierno ha puesto siempre al frente de la Fiscalía General a personas con una "dilatada" trayectoria jurídica y con conocimiento "importante de la materia". "Lo sabrán cuando corresponda", ha dicho, tras reconocer la labor "muy positiva" de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado.
Ante las críticas del PP de que el Gobierno no respeta la independencia del poder judicial, Sánchez indició ayer en que "siempre ha sido respetuoso" con esa independencia frente a "otros que son los que han hablado de controlar por la puerta de atrás la sala segunda de Tribunal Supremo".