El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso... medio año después de la petición
La demora en la orden ha sido motivo de polémica en estas últimas semanas.
Nunca es tarde si la dicha es buena. El magistrado Madrid Antonio Viejo, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha dado autorización a la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar desde 2014 las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto soborno de 500.000 euros a un alto cargo del grupo sanitario Quirón.
La fiscalía considera extraño que González Amador comprara por ese medio millón una empresa de estética que "carecía de valor”, ya que no facturaba ni 30.000 euros anuales y no tenía empleados ni activos. Es más, esta empresa creada en 2008 ni siquiera tenía un local propio y compartía sede con la farmacia de la que era titular Gloria Carrasco, esposa de un ejecutivo del grupo Quirón. Y en cuanto a activos, sólo contaba con un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.
La fiscalía sospechó desde un principio que la compra podría haber sido una simulación de González Amador para darle una 'comisión' a esta mujer por los negocios que el empresario ya mantenía con Quirón. El fiscal incluyó en su escrito el término “soborno”. El delito de corrupción en los negocios castiga los pagos de sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas.
La petición del juez a la UCO para rastrar las cuentas bancarias de González Amador se produce seis meses después de que así lo reclamaran los agentes del instituto armado, lo que ha levantado suspicacias por la demora en la orden frente a la rapidez con la que se instruyen e investigan otros casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al PSOE.
Eso sí, el auto ordena requerir a entidades bancarias información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases relativas a González Amador, pero deja para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a datos fiscales y laborales.
No es la única pieza que ha quedado en stand by. La otra gran investigación en contra del novio de Ayuso, su presunto fraude fiscal de 350.000 euros, todavía no tiene fecha de juicio tras acabar la fase de instrucción. De hecho, no se espera que arranque en lo que queda de 2026.
Un presunto fraude fiscal fue el origen de todo
La investigación contra González Amador arrancó cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal el 23 de enero de 2024 a Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas.
Un informe de la Agencia Tributaria sobre una inspección llevada a cabo en 2022 alertaba de presuntas irregularidades relacionadas con el impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021.
Durante la pandemia, González Amador puso en contacto a dos empresas para la compraventa de material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. Esto le reportó unos jugosos beneficios de los que no habría tributado en parte a Hacienda a través de una supuesta confección de facturas falsas para aumentar sus supuestos gastos y reducir el beneficio.
De esta manera, y siempre según la investigación, se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 y 195.951,41 euros en 2021.
El informe de la Agencia Tributaria especificó que se habrían cometido dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".