El matrimonio igualitario nunca fue el fin de la lucha: "De nada vale poder casarte si luego nos insultan o agreden por la calle"

Lola y Carmen recuerdan con "inmensa felicidad" el día que contrajeron matrimonio, hace ya casi tres años. "Fue muy especial poder compartir ese momento con nuestras familias, que siempre nos han apoyado", señalan. Su boda es una de las más de 75.000 (según datos del INE hasta 2023) que han celebrado personas del mismo sexo en nuestro país desde que el 30 de junio de 2005 se aprobara en el Congreso de los Diputados una modificación del Código Civil en materia de matrimonio que otorgó la plena ciudadanía a quienes aún estaban privados de ella. En concreto, dicho cambio en el artículo 44 establecía que el matrimonio tendría "los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Este jueves, se cumplen veinte años exactos de la entrada en vigor del matrimonio homosexual y el día 11 se celebrarán otros tantos de la primera unión de este tipo, que tuvo lugar en el ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). España fue el tercer país del mundo en legalizar este derecho, sólo por detrás de Países Bajos y Bélgica.

"Poder casarnos significa sentirnos personas y familia con los mismos derechos que cualquiera otra persona. No somos motivo de vergüenza ni de segunda categoría. A pesar de los discursos de odio que comienzan a imperar, en este país nos amparan las leyes", relata la pareja. 

La ley recibió el apoyo de la mayoría de la Cámara con 187 votos a favor (PSOE, Grupo Mixto, Izquierda Verde, ERC, PNV, CC y dos diputados de Convergencia, que tenían libertad de voto y la exministra Celia Villalobos) lo que permitió salvar el veto que el PP forzó en el Senado. Los populares, que previamente habían salido a las calles junto a miembros de la Iglesia Católica para oponerse a esta reforma, acabaron llevándola hasta el Tribunal Constitucional. Siete años después, en noviembre de 2012, fue avalada por ocho votos a favor y tres en contra.

"Esta ley no engendrará ningún mal, dado que su única consecuencia será el ahorro de sufrimiento inútil de seres humanos. Y una sociedad que ahorra sufrimiento inútil a sus miembros es una sociedad mejor", dijo el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso durante aquel histórico momento.

Un poco más arriba, en la tribuna de invitados, Francisco Maroto se puso a llorar ese día de emoción cuando la suma de votos garantizaba la aprobación de la ley. "Estaba junto al hoy mi marido y lo vivimos de una manera muy emocionante. Fue una mezcla de alegría, lágrimas y satisfacción. Y me acordé de todas esas personas que se habían quedado en el camino y no llegaron a ver ese momento", rememora en conversación con El HuffPost. 

Maroto es alcalde de Campillo de Ranas, un pequeño pueblo de Guadalajara de apenas 150 habitantes. Cuando la ley se aprobó y muchos regidores declinaron oficiar matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, el socialista dio un paso al frente y abrió las puertas de su ayuntamiento para celebrar estos enlaces. "En estos años habré casado a más de 200 parejas. Ya no llevo la cuenta", señala con un inequívoco gesto de alegría. El amor también ha impulsado el modelo económico del municipio, que ha pasado de tener una única casa rural a casi una veintena de alojamientos rurales, media decena de restaurantes y un albergue.

Por Campillo de Ranas han pasado parejas de Japón, Estados Unidos o Islandia, pero la mayor satisfacción para Maroto es haber ayudado a la gente del mundo rural. Muchos van hasta su municipio a casarse en secreto porque "no quieren que en su pueblo se enteren". 

Y es que, frente al mantra de que el matrimonio otorgó plena igualdad de derechos a los miembros del colectivo LGTBIQ+, lo cierto es que - veinte años después de aquel hito - la homofobia y el peligro de una regresión de libertades amenazan a dicha comunidad. De hecho, un 74% cree que derechos como el matrimonio igualitario podrían peligrar si un gobierno ultraconservador accede al poder en España, según una reciente encuesta realizada por 40db en colaboración con la Universidad de Salamanca. Fuera de nuestras fronteras tenemos claros ejemplos de ello, como Hungría o Estados Unidos bajo los gobiernos de Orbán o Trump. El primero ha llegado a prohibir por ley la marcha del Orgullo y el segundo ha vetado a las personas trans en el ejército y ha acabado con las políticas de inclusión.

"En la vida no hay nada seguro. Todo depende de las mayorías que se den en el Congreso. En la Segunda República, por ejemplo, se aprobó la posibilidad de contraer matrimonio fuera de la Iglesia. Eso, más adelante, se eliminó. Por eso, no hay que bajar la guardia en ningún momento ni dejar que triunfen los deseos de algunos frente a los derechos de todos", señala Maroto. 

Los datos son alarmantes en España. Según el informe ‘Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025’, una de cada cuatro personas LGTBIQ+ sufre discriminación y el número de agresiones se ha duplicado en un año. Y el apoyo de la sociedad a que las personas puedan mostrar abiertamente su orientación o identidad de género ha caído siete puntos (del 73% al 67%) en sólo cuatro años, según el estudio de Ipsos 'LGTBIQ+ Pride'. 

"De nada vale que tengamos garantizado la unión legal si luego nos insultan o nos agreden por la calle. Hay que frenar los discursos de odio. Y eso sólo se consigue con medidas disuasorias y a través de la educación. Es urgente implementar una asignatura en los colegios para el respeto a la igualdad de género y a la diversidad sexual", señala la activista Mar Cambrollé, quien también pone el acento en la clara discriminación que ha sufrido históricamente el colectivo trans. "Llevamos 47 años de democracia y ningún gobierno ha realziado políticas públicas para que las personas trans puedan acceder a un empleo. Lo único que se ha hecho para sacarnos de las esquinas fueron las redadas policiales del año 92 para limpiar las calles de escoria", argumenta. 

Las entidades y organizaciones LGTBIQ+ trabajan activamente para frenar la discriminación que parte del colectivo sigue sufriendo. Igualmente, muchas ofrecen asistencia legal, psicológica y hasta sanitaria para todas aquellas personas que lo necesiten según sus circunstancias. Sólo en la Comunidad de Madrid hay registradas 28 de ellas. Ronny de la Cruz, presidente de COGAM - una de estas asociaciones - cree que el matrimonio homosexual fue muy positivo porque, desde entonces, "ha puesto en la agenda política y mediática los derechos del colectivo". 

Sin embargo, más allá de "aprobar 500 leyes", para de la Cruz lo importante es que llegue a la sociedad el mensaje de que "cualquier persona en cualquier parte pueda desarrollar su identidad sin que eso le suponga un problema de discriminación o vergüenza". "La gente debe entender que tenemos los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano", añade.

De ahí que, por ejemplo, pida combatir contra el denominado sexilio (personas que se van de pueblos o pequeños municipios a una gran ciudad porque no considera su lugar de origen un sitio seguro) o que las personas mayores personas tengan que "rearmarizarse" por cánones estéticos o al ingresar en una residencia.