El PSOE ha anunciado este viernes, horas antes de la celebración de su Comité Federal, que una de las medidas que impulsará tras la filtración de los audios de los implicados en el 'caso Koldo' será incluir en sus estatutos la expulsión del partido a todo aquel que consuma prostitución.

En concreto, la formación actualizará el artículo 4.5 de su código Ético para indicar lo siguiente: 

"Desde el PSOE consideramos que el sistema prostitucional es una expresión de violencia contra las mujeres e incompatible con los principios de los derechos humanos y la ética democrática, ya que implica tratar a las mujeres como objetos o mercancías y no como sujetos de derechos. Nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE y los órganos federales tramitarán estos casos como una falta muy grave de acuerdo a los Estatutos Federales imponiendo, además, la máxima sanción, que es la expulsión del partido".

Esta decisión ha teido lugar durante la reunión que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido este viernes junto a las las secretarias de Igualdad de los territorios y portavoces de Igualdad en las Cortes.

De este modo, Sánchez pretende así aplacar la mala prensa que han generado los audios con conversaciones entre Koldo y Ábalos, en los que éstos llegaban a hablar de intercambiarse mujeres en un tono "machista" que causó "indignación" y "repulsión" al propio líder socialista. Todo para recuperar parte de ese voto femenino - que, en el caso del PSOE, es de un 60% sobre el total - y para comenzar a enderezar unas encuestas que sitúan al partido en su nivel más bajo desde el arranque de la legislatura.

Actualmente, los estatutos sólo obligaban la expulsión de los condenados por delitos contra la libertad sexual. En el Congreso de Sevilla del pasado mes de noviembre, varias agrupaciones provinciales propusieron también ampliarlo a los consumidores de prostitución, aunque finalmente fue descartada.