"Rápido y sin ruido": el Supremo espera al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez en el juicio al fiscal general

El Tribunal Supremo celebra este martes la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de haber filtrado un correo electrónico de la Fiscalía en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda para cerrar un pacto que le fuera favorable. 

La vista, que se desarrolla ante siete magistrados de la Sala Segunda, estará marcada hoy por las declaraciones tanto del empresario, aún procesado por el fraude de 350.951 euros e investigado por corrupción en los negocios, como por la testifical del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, una pieza clave en una causa nunca vista en democracia y que ha tensado todavía más la política nacional.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, afronta peticiones de condena que van de los cuatro a los seis años de cárcel por la supuesta revelación del correo del abogado del novio de Díaz Ayuso, Carlos Neira, en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales para evitar la prisión y que varios medios de comunicación hicieron público para desmentir un bulo que había puesto en circulación por Miguel Ángel Rodríguez, hecho que desencadenó la investigación y, más tarde, el procesamiento del jefe del Ministerio Fiscal.

Unos hechos que ha rechazado el Fiscal General del Estado en la primera jornada de este inédito juicio, celebrada este lunes. Una vista que dejó la imagen de un García Ortiz muy atento a las primeras declaraciones, silencioso y confiado en su defensa. Solo pronunció una palabra: un “no” rotundo cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó si se consideraba autor de los hechos. La respuesta bastó para fijar su posición.

Su abogada, Consuelo Castro, elevó el tono contra el proceso de  instrucción, con el juez Ángel Hurtado al frente, que calificó de "inquisitiva", llena de “vulneraciones de derechos fundamentales”. También denunció que el caso se sostiene sobre “hechos probatorios francamente pobres” y que el proceso “no debió llegar nunca a juicio”. Las acusaciones, en cambio, defendieron la “pulcritud” de esa investigación y subrayaron que García Ortiz ha gozado “de todas las garantías” por su condición de aforado.

La versión de González Amador

La de hoy, no será la primera vez que González Amador se pronuncie sobre el origen de ese correo. En mayo de 2025, durante su declaración ante el juez instructor del Supremo, el empresario reconoció que su abogado, Carlos Neira, le había señalado que en caso de cerrar un pacto de conformidad, eso implicaría admitir los delitos. "Me explicó que una de las directrices de la Fiscalía es que hay que reconocer los delitos, aunque sea inocente”, relató entonces, según la transcripción de la declaración a la que tuvo acceso El País.

El empresario aseguró que se enfadó “de manera monumental” al conocer el contenido del correo que su letrado había remitido a la Fiscalía sin consultarle y sostuvo que su prioridad era resolver el asunto “rápido y sin ruido” para evitar que salpicara a su pareja. “Hay más noticias mías que de la guerra de Ucrania”, se lamentó ante el juez. González Amador insistió en que dejó la estrategia “en manos de su abogado” y descargó sobre él la responsabilidad de haber optado por la vía del pacto.

Neira, por su parte, declaró que había informado periódicamente a su cliente y que este estaba al tanto de la propuesta a la Fiscalía. Según su versión, ambos se reunieron el 30 de enero de 2024 para concretar los términos del acuerdo, que incluía admitir dos delitos fiscales y pagar una multa. Tres días después envió el correo que ahora centra el juicio.

El papel de Miguel Ángel Rodríguez

El otro testigo relevante del día será Miguel Ángel Rodríguez, MAR, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, cuyo papel en este caso se arrastra desde el inicio de la investigación. MAR, que ya en enero declaró ante el Supremo, reconoció entonces que fue él la persona que había difundido el extracto del correo del fiscal que investigaba a Alberto González Amador y aseguró que lo hizo por iniciativa propia. Según relató, fue el propio empresario quien le envió el texto el 12 de marzo de 2024, “tres horas después” de que Eldiario.es publicara que la Fiscalía lo investigaba por fraude fiscal. “Me lo traslada no para que lo cuente, sino con la idea de que esto se acababa”, explicó.

Rodríguez dijo haber reenviado el mensaje a un grupo de periodistas “como reacción a una noticia de La Sexta” publicada esa misma noche y mostró al juez un pantallazo del envío realizado, poco después de que El Mundo publicara el contenido. Según su versión, González Amador le dio su permiso una vez que esa información ya era pública.

Durante su declaración, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso cargó duramente contra García Ortiz, a quien acusó de haber participado en “una operación política” orquestada desde el Gobierno. “El fiscal general tiene que ser juzgado y condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”, afirmó a los mdios tras salir del Supremo. También defendió que si no se tratara del novio de la presidenta madrileña, "este asunto lo habría resuelto Hacienda como otros miles”.

Su papel en la difusión de los mensajes sigue siendo uno de los puntos más polémicos del proceso. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía le atribuyen haber contribuido a difundir una versión falsa que dañó la imagen del Ministerio Público. Este martes volverá a comparecer ante los siete magistrados del Supremo para aclarar su intervención en la filtración y la secuencia exacta de los mensajes que circularon entre el 13 y 14 de marzo.

Durante la sesión matutina pasarán por la sala los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid. También lo harán dos fiscales: Esmeralda Rasillo, responsable de la Unidad de Apoyo, y Diego Lucas, que asumió la investigación a González Amador tras la salida del fiscal Julián Salto. La lista de testigos la completan el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés y el propio abogado Carlos Neira, autor del correo electrónico que originó la causa.

Por el Tribunal Supremo pasarán también varios guardias civiles, como los que registraron durante más de diez horas el despacho del fiscal general, y periodistas que publicaron informaciones clave aquellas horas. Algunos de ellos, de El País, aseguraron saber del pacto entre el novio de Díaz Ayuso y el fiscal días antes que García Ortiz. De hecho, suscribieron un acta notarial con los mensajes que se cruzaron con el abogado del empresario y uno también dejó constancia de que se les informó antes, el 12 de marzo.

El juicio se mueve entre dos extremos: la absolución que piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejercen la defensa de García Ortiz, y las penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación que reclaman las acusaciones. En el extremo opuesto, la acusación particular, ejercida por el propio González Amador, pide cuatro años de prisión, 108.000 euros de multa y tres años de suspensión de empleo público, además de una indemnización de 300.000 euros por los daños “personales, profesionales y familiares” derivados de la exposición mediática que le ha “estigmatizado como defraudador".

A esa acusación se suman seis acciones populares —el Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)—, que reclaman penas de entre cuatro y seis años de cárcel, además de inhabilitación y multa. La APIF es la más dura: solicita seis años de prisión y doce de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con revelación de secretos.