La Fiscalía indaga la ausencia de planes para hacer frente a la peor oleada de incendios en tres décadas

Alrededor de 400.000 hectáreas han sido calcinadas este año en España, la mayoría de ellas durante este mes, en el que se ha registrado la peor oleada de incendios que ha sufrido el país en 30 años. Ni un despliegue sin precedentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ni la enorme ayuda internacional han podido evitar esta devastación.

Ante esta alarmante catástrofe, y mientras continúa la batalla contra las llamas, la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por Antonio Vercher, ha abierto una investigación para determinar si los municipios más afectados cuentan con planes de prevención, como establece la Ley de Montes de 2003, y hasta qué punto la posible ausencia de estos ha contribuido a la brutal oleada de fuegos.

La normativa hace "especial énfasis en la necesidad de coordinación de las diferentes Administraciones en la prevención y combate de los incendios". "La ley propone la designación de las llamadas zonas de alto riesgo de incendio, que deberán estar provistas de su correspondiente plan de defensa. Asimismo, establece la obligación de restauración de los terrenos incendiados, quedando prohibido el cambio de uso forestal por razón del incendio", añade.

Tal y como recoge El País, Vercher ha trasladado a la unidad del Seprona de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía General del Estado, la necesidad de recopilar información sobre si los municipios más afectados disponían de estos planes. 

Asimismo, ha remitido un escrito a todos los fiscales provinciales en el que subraya que "la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios", y recuerda que en los casos más graves podría llegar a exigirse responsabilidad penal a las administraciones incumplidoras.

Un incumplimiento generalizado

La falta de planes no solo alcanza a los ayuntamientos, sino también a las comunidades autónomas, que desde 2022 deben elaborar programas anuales de prevención, vigilancia y extinción en todo su territorio. El Gobierno central, por su parte, todavía no ha aprobado el real decreto que debe fijar los criterios comunes para esos planes autonómicos, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que la norma llegará "en pocas semanas".

Greenpeace lleva desde 2018 denunciando que el nivel de cumplimiento es muy bajo y critica la opacidad de las administraciones. La organización recuerda casos como el incendio de Tres Cantos (Madrid), donde no existía plan de prevención pese a ser zona de riesgo. En contraste, Torrelodones, también en la Comunidad de Madrid, sí dispone de un documento eficaz que le ha permitido responder mejor ante las llamas.

La Fiscalía ya ha impulsado en el pasado procedimientos por esta causa. En Arroyomolinos (Madrid), por ejemplo, se denunció al Ayuntamiento tras un incendio, y el caso está pendiente de sentencia.

El Ministerio para la Transición Ecológica explica que el retraso en aprobar los criterios comunes se debe a la complejidad del proceso de alegaciones y al reparto competencial con las autonomías. Algunas comunidades, apuntan fuentes ministeriales, interpretaron el borrador como un intento de fiscalización. El texto ya pasó por el Consejo de Estado a finales de julio y se prevé su aprobación "en pocas semanas".

"La clave es la prevención"

Vercher insiste en que los planes son herramientas esenciales para identificar puntos débiles y anticiparse a las llamas. "Su objetivo es evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente", señala el fiscal.

En la misma línea, Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, advierte contra los discursos que presentan esta ola de incendios como un fenómeno imprevisible: "Ya ocurrió en 2022. Sabemos que la extinción no es solución, la clave es la prevención".