La migración en el centro del huracán del nuevo curso político: Hortaleza, Canarias y la realidad de la delincuencia

Una nueva noche de terror asolaba el barrio de Hortaleza. Durante los últimos años, el barrio del norte de Madrid ha recibido los mayores ataques de la extrema derecha usando como elemento protagonista el centro de menores que se encuentra en el epicentro del distrito. Precisamente, el pasado domingo, dos encapuchados asaltaron el lugar con el objetivo de dar una paliza a los jóvenes que se encontraban en su interior pasando la noche. Todo sucedió después de que saltara la noticia de que una menor de 14 años habría sufrido una agresión sexual por parte de uno de los internos. El procedimiento fue el habitual: primero, el medio digital Ok Diario publicó la información; después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló al centro de menores; y, finalmente, Vox continuó su campaña contra la inmigración en uno de sus lugares predilectos para hacerlo, convocando una protesta el martes que tuvo que ser prohibida por la Delegación del Gobierno por un "riesgo elevado" de la alteración del orden público.

"No vamos a permitir que se utilicen los crímenes para justificar el racismo. La extrema derecha quiere convertir el dolor en munición política. Quiere barrios enfrentados, vecinos desconfiando y menores migrantes convertidos en chivos expiatorios. La violencia no tiene pasaporte. El machismo no tiene fronteras. Y el odio no puede ser la respuesta", aseguraba en un comunicado Somos Acogida, una de las organizaciones que desempeñan la labor de integrar a los jóvenes migrantes y que es consciente del clima que se ha generado en los últimos años en la zona. 

La migración se ha convertido en uno de los ejes fundamentales para comprender el desarrollo de la actividad política en todos los espectros. Ahora, y con el nuevo inicio de curso político, el tono de confrontación lleva acumulando un crecimiento exponencial, esencialmente en el discurso de los partidos de la derecha que se rigen en las mismas coordenadas que sus homogéneos internacionales. Sin embargo, esto no se ha producido de un día para otro, pero sí ha tenido un impacto significativo en los últimos meses en los que la hoja de ruta que lleva años instaurándose en el marco político ha conseguido implantarse definitivamente. Sólo hay que ver cómo ha evolucionado el CIS, en el que la preocupación de la ciudadanía por la inmigración pasó del 17 al primer puesto en 2024.

Septiembre se ha estrenado con una nueva polémica en el centro de menores de Hortaleza. Es algo recurrente, sólo hay que recordar que en octubre de 2019 el lugar fue víctima del lanzamiento de un artefacto explosivo después de que la portavoz en la Asamblea de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, se paseara por el barrio para recoger "quejas por la inseguridad". En el mes de mayo de este mismo año, sin ir más lejos, la Delegación de Gobierno también tuvo que prohibir otra concentración próxima al Centro de Acogida de Hortaleza del grupo ultraderechista Núcleo Nacional porque el derecho a reunión no ampara el "hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables". 

No obstante, el verano ha sido la temporada del año que se ha convertido en una cocción a fuego lento. Desde hace meses, la saturación en la que se encuentran inmersas las islas Canarias en relación al reparto de menores migrantes ha provocado un nuevo encontronazo entre el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y los gobiernos de las comunidades autónomas, presididas mayoritariamente por el Partido Popular. El pasado 17 de agosto se produjo la Conferencia Sectorial de Infancia en el Congreso de los Diputados donde se determinaría el futuro de unos 4.000 niños migrantes que residen en el archipiélago con un futuro incierto. Entonces, el principal partido de la oposición decidió no presentarse a la reunión porque, bajo su criterio, el Gobierno quería "imponer un reparto forzoso e ilegal".

La situación, que ya venía gestándose de meses antes, hizo que la mayor parte de las comunidades se negaran a recibir a los menores y que, incluso, algunas de ellas presentaran recursos ante el Tribunal Constitucional alegando la "invasión de competencias" por parte del Ejecutivo central. Con ello, el reparto se está produciendo a cuentagotas a lo largo de las semanas, pero sólo para aquellos que hayan solicitado el asilo y no para el resto —que son la mayoría— que siguen preguntándose qué será de ellos el día de mañana. 

A la vez que la situación de los menores migrantes se encuentra en una encrucijada de difícil solución, la extrema derecha ha intensificado su argumentario contra ellos asegurando que "tratan de islamizar España" o que "no se tratan de niños, sino de hombres en edad militar". "Métanlos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios, acójanlos en las casas del pueblo, acójanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan, que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal", ha dicho en repetidas ocasiones el líder de Vox, Santiago Abascal.

Pese al relato que intentan instaurar tanto en Hortaleza como en Canarias, la realidad de los datos señala todo lo contrario a los discursos que se propagan a través de redes sociales o incluso en las conversaciones comunes que pueden en bares u oficinas. Según el Instituto Nacional de Estadística, las personas con nacionalidad extranjera se han multiplicado de un tiempo a esta parte. Concretamente, en 2005 residían en España un total de 3,7 millones de personas extranjeras y hoy alcanzan hasta los 7 millones. Sin embargo y pese a lo que puedan asegurar las formaciones de extrema derecha, la criminalidad ha descendido, según datos del Ministerio del Interior, hasta 9 puntos desde entonces, dejando a España en datos récord de baja criminalidad siendo más baja que la de Alemania o Dinamarca.  

Estos no son los únicos datos que rebaten el marco de inseguridad que pretende imponer Vox, entre otras formaciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los españoles tienen más probabilidad de delinquir que una persona migrante. Incluso, en 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros. Otro de los puntos en los que se sustenta la criminalización de los migrantes es que la tasa de condenados extranjeros por 1.000 habitantes es el doble que la de las personas nacidas en España y, si bien es cierto, esto no se debe exactamente a que provienen de fuera. Lo que no se dice de uno de los argumentos estrella de la extrema derecha es que esa proporción se debe fundamentalmente a que muchas personas de otra nacionalidad —que no migrantes— vienen a España para cometer delitos: tráfico de drogas, trata de blancas...

El nuevo curso político comienza con la migración como uno de los ejes clave para lo que queda de legislatura. Un nuevo clima de odio se ha instaurado entre las instituciones y la sociedad española en contra de las personas que vienen en busca de una salida, que huyen de la guerra, la pobreza y la hambruna. La situación en Hortaleza y en Canarias refleja cómo la migración se ha convertido en un eje central de la política y del debate social en España, mostrando tensiones que no solo afectan a los menores migrantes, sino también a las comunidades que los acogen y al tejido político del país. Los datos desmienten los discursos alarmistas, pero la polarización y el uso del miedo como herramienta política siguen marcando la agenda.