Madrid manda cartas a las CCAA para plantear convenios para el abono de estudiantes con "corresponsabilidad financiera"
La invitación "expresa" se produce al día siguiente de que entrase en vigor la prohibición de renovar o expedir el abono de transportes sin estar empadronado. El curso arranca en dos meses y medio, con el verano en medio.
Anunciado y hecho. La Comunidad de Madrid continúa tratando de salir al paso de la brecha generada por una de sus nuevas medidas en materia de transporte público. El pasado viernes, trascendía que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso restringía solo a las personas empadronadas la posibilidad de expedir o renovar el abono de transporte, generando fuertes críticas y reacciones —tanto de detractores como de defensores del cambio— ante la situación en la que se quedan los colectivos de los estudiantes y los migrantes sin papeles.
Sin mención alguna al segundo grupo, ayer la propia Díaz Ayuso aprovechaba su intervención en un desayuno informativo para anunciar que impulsarían la firma de convenios con otras comunidades autónomas, con la intención de suscribir contratos conjuntos para financiar el transporte en este tipo de casos —hay estudiantes que no pueden empadronarse en Madrid para no perder becas como la de movilidad—, a imagen y semejanza del modelo impulsado con la Junta de Castilla-La Mancha. En menos de 24 horas, ya se han remitido las primeras cartas.
Sin embargo, en esas misivas queda patente la principal premisa con el que el Ejecutivo de Ayuso justifica la medida. En las cartas firmadas por el el gerente del CRTM, Pablo Rodríguez Sardinero, se especifica que tales convenios deberán fundamentarse "en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones". Además, "plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región".
El modelo conjunto con Castilla-La Mancha, como referente
También se ha remitido la correspondencia anticipando el ofrecimiento a elaborar un borrador de acuerdo que incluya los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para las administraciones que resulten interesadas en suscribirlo. En esa línea, se pone por delante el ejemplo del convenio con Castilla-La Mancha, en la que esta última región también hace aportación económica.