Mazón endosa la culpa de la alerta tardía por la DANA a la consellera de Justicia
El Gobierno valenciano contesta así a la magistrada que investiga las responsabilidades tras el paso de la DANA por Valencia.
Tras tratar de postergar la respuesta, finalmente Carlos Mazón ha contestado a la jueza quién fue la persona encargada de enviar el SMS de alerta por la DANA a las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando el agua inundaba ya muchos hogares y comercios. Según el escrito de contestación al que ha tenido acceso El Mundo, el Gobierno valenciano ha dicho que fue la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien tomó la decisión. Añaden, sin embargo, que lo hizo dentro de "un Comité de Dirección, formado por la citada consellera y la Delegada del Gobierno".
El escrito de respuesta a la magistrada que investiga las responsabilidades por la DANA está firmado por el subsecretario general de Emergencias, Jorge Suárez. Aunque se insiste en que la decisión se tomó en el CECOPI, donde participaron hasta un total de 29 personas, es la primera vez que la Generalitat pone un nombre concreto sobre la mesa, el de la consellera de Justicia e Interior, a quien Mazón cesó en su posterior reestructuración del Gobierno.
En el texto enviado a la jueza, también identifican a dos funcionarios que se encargaron de emitir el mensaje una vez tomada la determinación. El pasado jueves, el Juzgado hizo público un auto en el que obligaba al Gobierno valenciano a identificar a la persona que dio la orden en un "plazo improrrogable de cinco días".
La jueza quiere recabar las declaraciones tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas”.
La resolución judicial recoge que de la práctica de los ofrecimientos de acciones y declaraciones de testigos y familiares de los fallecidos del partido judicial de Catarroja “se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta”.
La magistrada recuerda que muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, mientras que otras estaban o circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.
La juez considera que es necesario analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal del barranco del Poyo y su conocimiento por parte de los responsables de Emergencias, sino también si la “simple percepción directa de cualquier persona cercana” a esa rambla de la “intensidad del desbordamiento” pudo permitir a esos responsables conocer la situación.
