Ponen en libertad al presidente de la Diputación de Almería y a otros cuatro detenidos del caso 'Mascarillas'
Así lo ha acordado el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, el cual investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares hechos a través de la institución provincial.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha puesto en libertad con medidas cautelares al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como a otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, después de haber prestado declaración durante dos horas en la segunda fase del caso 'Mascarillas'.
Así lo han confirmado varias fuentes judiciales a 'Europa Press', quienes han dado conocer la decisión del juez instructor del caso, Eduardo Martínez, que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
El origen de la trama se situaría en junio de 2021, momento en el que se firmó un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia que, según los indicios disponibles, se habrían efectuado con el presunto cobro de mordidas a través de la institución provincial.
El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.
El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.
Según recoge la investigación judicial indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.
Algunas de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto. El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.
El instructor ha pedido además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.
