Todos los partidos menos Vox votan a favor de las ayudas por las borrascas, dirigidas sobre todo a Extremadura y Andalucía

El Congreso ha convalidado este miércoles el Real Decreto Ley de medidas urgentes para responder a los daños causados por las borrascas de enero y febrero, especialmente en Andalucía y Extremadura, con 316 votos a favor y 32 en contra, de Vox.

El decreto, aprobado en Consejo de Ministros el 17 de febrero, moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas a personas, empresas, municipios, infraestructuras y consumidores, 2.874 de ellos destinados al sector primario.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido ante el Pleno del Congreso la convalidación de un texto con medidas "sin precedentes", tras recordar el impacto del episodio de borrascas, con más de 12.400 personas desalojadas, 9.500 incidencias y 150 carreteras cortadas.

El plan de medidas dispone 2.174 millones en ayudas directas en 619 municipios de Andalucía y Extremadura, que se concederán de oficio, ha destacado Planas al resumir su alcance.

Las ayudas se articulan en ocho capítulos que contemplan ayudas para daños personales, industriales y municipales, en materia agraria y pesquera, en tributación, empleo, Seguridad Social, infraestructuras y consumidores.

Entre ellas figuran 50 euros por persona y día en caso de desalojo y hasta 60.480 euros por destrucción total de la vivienda.

Se prohíbe el despido de trabajadores de las empresas que hagan uso de las ayudas directas o de los expedientes de regulación de empleo previstos por las borrascas.

Los autónomos que interrumpan su actividad en los municipios afectados podrán solicitar la prestación de cese de actividad sin acreditar la existencia de fuerza mayor.

En agricultura y pesca, se aprueban más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones y 10 millones para armadores de buques de pesca con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva por el amarre de la flota.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) concederá a las entidades locales subvenciones del 100 % para obras de reparación y adaptación al nuevo contexto climático en cauces públicos situados en zonas urbanas afectadas.

Los consumidores que no hayan podido disfrutar de un suministro ya pagado podrán elegir entre la resolución del contrato y el aplazamiento de su ejecución.

El ministro ha dicho que "una situación extraordinaria requería medidas extraordinarias" y ayudas "exentas de tributación".

Antes de pedir el voto a los grupos, Planas ha subrayado que "hay que afrontar la realidad del cambio climático" porque la sucesión de borrascas de este año "no es un fenómeno normal ni aislado y negarlo es una temeridad".

El diputado popular José Ignacio Romaní ha destacado el papel de la Junta de Andalucía en la reconstrucción y ha acusado al Gobierno, personificando en María Jesús Montero (ausente en el debate), de una respuesta "tardía y burocrática" y de "falta de diálogo" para elaborar un real decreto que, ha admitido, era "necesario".

"Andalucía da respuestas, su Gobierno cumple y gestiona con rigor, frente a las políticas de eslóganes del Gobierno socialista", ha indicado, tras elogiar la actuación "a pie de cauce" del presidente andaluz Juanma Moreno.

Ignacio Hoces, de Vox, ha señalado que la actuación del Gobierno se limita "en cada tragedia, a una foto, y en cada promesa, a una nueva mentira".

Al aludir a la dana de octubre de 2024, ha dicho que los valencianos están "atrapados en el barro de la burocracia" y ha previsto que en Andalucía y Extremadura el Gobierno "desaparecerá cuando se apaguen los focos y dejará a los españoles solos".

Juan Antonio Valero, de Sumar, ha defendido las ayudas y "la eficacia" del Gobierno, ha pedido más justicia fiscal y ha acusado a quienes se oponen a las medidas de "remar en contra" de los afectados.

Martina Velarde, de Podemos, ha considerado que el real decreto era "necesario pero insuficiente" y que hay que "cambiar el modelo" para acentuar la prevención de los efectos del cambio climático.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha afirmado que no era el momento de "entrar en debates ideológicos" porque no se puede "negar la realidad de los hechos" y que apoyar el decreto era una cuestión de "solidaridad entre los territorios".