Un juez imputa a la geriatra del Gregorio Marañón señalada como autora de los protocolos de las residencias de Ayuso

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda investiga a la jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañó en el marco de una de las causas abiertas por la aplicación de los protocolos de derivación en residencias durante la primera ola de la pandemia, han informado fuentes jurídicas.

La comparecencia en calidad de investigada se había señalado para este martes pero finalmente se ha suspendido. Iba a tener lugar después de que el entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, asegurara en varias declaraciones judiciales que él se limitó a firmar el protocolo y que la encargada de redactarlo fue la citada doctora.

En una de esas declaraciones, prestada ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, Mur afirmó que firmó el documento como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones, al tiempo que sostuvo que el texto había sido presentado inicialmente por una geriatra experta durante una reunión celebrada el 15 de marzo de 2020 en la Consejería de Sanidad.

La causa que instruye el juzgado de Arganda del Rey forma parte de los procedimientos iniciados tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de residentes fallecidos, que atribuyen a diversos exaltos cargos del Gobierno regional un presunto delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

Hasta el momento, figuran investigados en distintos procedimientos el propio Carlos Mur; su sucesor al frente de la Coordinación Sociosanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces responsable del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza; y el exasesor de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño.

Paralelamente, los abogados de las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han ampliado las denuncias y querellas presentadas en 60 juzgados de la Comunidad de Madrid para incorporar un presunto delito de prevaricación, además del de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

Según ambas organizaciones, la ampliación se fundamenta en las declaraciones judiciales de Mur y Martínez Peromingo, cuyas versiones consideran contradictorias respecto a los criterios de no derivación recogidos en los protocolos aprobados los días 18 y 20 de marzo de 2020.

Mientras Martínez Peromingo sostiene que advirtió de su carácter "discriminatorio", Mur mantiene que firmó los documentos sin compartir parte de su contenido.

La declaración de la geriatra estaba inicialmente prevista para el pasado 9 de abril, aunque tuvo que aplazarse debido a un error en la citación judicial, según denunciaron las asociaciones de familiares, que consideran que este tipo de incidencias retrasa el avance de las investigaciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.