La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, tendrá que someterse a una moción de confianza después de que un grupo de más de 72 eurodiputados lo solicitase. La razón por la que reclaman su salida se remonta a la pandemia de coronavirus, momento en el que saltó a la luz que la alemana había intercambiado mensajes de texto con el CEO de Pfizer en plena crisis sanitaria (conocido como el Pfizergate). 

La iniciativa ha sido propuesta por el eurodiputado rumano Gheorghe Piperea, del grupo de ultraderecha Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), quien ha conseguido que una décima parte de los eurodiputados que conforman la Eurocámara respalde su propuesta. En el supuesto de que la moción salga adelante, el Ejecutivo se caería por completo.

Para que la moción de censura sea aprobada es necesario que cuente con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y que, además, sea mayoría de los diputados que conforman el Parlamento. De este modo, todo indica que la moción no saldría, pues la iniciativa apenas cuenta con respaldo, ni siquiera de los grupos más críticos con la alemana, tal y como recoge Europa Press. 

La petición ya ha sido registrada formalmente, por lo que cuando sea validada y sea trasmitida a todos los eurodiputados, se fijará el debate y votación, que será nominal y deberá hacerse dos días después del debate.

Caso 'Pfizergate'

Todo comenzó en abril de 2021, cuando una periodista de The New York Times solicitó a la Comisión Europea acceso a los mensajes de texto que la presidenta Ursula von der Leyen habría intercambiado con Albert Bourla, CEO de Pfizer, durante las negociaciones para la compra de vacunas contra la COVID-19. La solicitud surgió tras conocerse que la "diplomacia personal" de Von der Leyen habría sido clave para asegurar 1.800 millones de dosis en plena pandemia.

La Comisión denegó el acceso alegando que los mensajes no se conservaron como documentos oficiales, ya que consideró que eran "insustanciales" y no relevantes desde el punto de vista legal. Sin embargo, en mayo de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea anuló esa decisión y reprochó al Ejecutivo comunitario la falta de transparencia, señalando que no se ofrecieron explicaciones suficientes ni sobre las búsquedas realizadas ni sobre si los mensajes fueron borrados o si el teléfono de la presidenta fue reemplazado.

El fallo no obligó directamente a publicar los SMS, pero sí exigió que la Comisión justifique adecuadamente por qué no están disponibles, lo que reavivó el debate sobre si los mensajes privados de altos cargos deben considerarse documentos oficiales cuando tratan asuntos públicos, algo que la Defensora del Pueblo Europeo apoya firmemente.