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Advertencia por el juego popular prohibido en varias playas de España: las multas llegan hasta los 3.000 euros

Advertencia por el juego popular prohibido en varias playas de España: las multas llegan hasta los 3.000 euros

Cada ayuntamiento es libre para imponer sus propias sanciones económicas.

La playa de La Malagueta (Málaga), en una imagen de archivoGetty Images

La unión del calor del verano y de las vacaciones empuja a muchas personas a desplazarse a las costas españolas. En las playas, más allá de refrescarse en el agua o tomar el sol, es un clásico jugar a las palas.

Sin embargo, hay muchas playas de España en las que ese juego popular está prohibido durante la estación estival debido a las molestias que puede causar al resto de personas que acuden a disfrutar de la costa.

La Ley de Costas otorga competencias a los ayuntamientos para poder imponer sanciones a quienes incumplan las normas en las playas. En el caso de jugar a las palas, las multas pueden llegar a los 3.000 euros.

Tal y como recopila La Razón, en una de las localidades costeras más famosas de España, Benidorm, únicamente está permitido jugar a las palas si no se causan molestias al resto de individuos presentes en la playa. Si no se respeta esa condición, la sanción económica puede llegar a ser de 750 euros.

En Barcelona, es necesario contar con una autorización para poder usar pelotas en la playa (lo que incluye a las palas). En caso de incumplimiento, la multa puede alcanzar los 600 euros.

En Valencia no está prohibido jugar a las palas. Sin embargo, el consistorio aconseja mantener una distancia de un mínimo de 10 metros respecto a las zonas de baño y al paseo marítimo. Las sanciones económicas si no se cumple van desde los 300 a los 600 euros.

El mismo intervalo de multas es el que recoge el reglamento municipal de Vigo si se incomoda a los usuarios de las playas jugando a las palas o llevando a cabo cualquier otra actividad.

Finalmente, el lugar de España en el que más caro puede salir jugar a las palas este verano es en Málaga, donde el ayuntamiento contempla sanciones económicas de entre 300 y 3.000 euros.

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