Durante casi una década, una mujer de 83 años fue víctima de una elaborada estafa perpetrada por quien debía cuidar de ella. Amélia, viuda y sin familiares cercanos, entregó su confianza —y su fortuna— al administrador del hogar de ancianos al que ingresó en 2013. Ese acto de fe terminó costándole más de 500.000 euros.

El hombre, identificado como Jorge, dirigía el centro Torre Sénior en Santo Tirso, el cual le fue recomendado a Amélia por un familiar. Tras visitar el complejo, que ofrecía servicios de lujo para la tercera edad, y tras varias conversaciones con el propio administrador, la mujer decidió mudarse. Poco después, convencida por las promesas de “tranquilidad” y “buena gestión”, firmó un poder notarial que otorgaba plenos poderes al administrador para operar con total libertad sobre su patrimonio.

Este documento le permitió al acusado abrir y cerrar cuentas, mover dinero, vender bienes y hasta representarla legalmente sin necesidad de rendir cuentas. De hecho, Jorge quedó legalmente habilitado para actuar incluso después de la eventual muerte o incapacidad de Amélia. Con esa herramienta legal en mano, el administrador comenzó una operación que, según el Ministerio Público, le permitió desviar más de medio millón de euros a sus cuentas personales, a la propia Torre Sénior, e incluso a una cuenta de su padre.

Durante años, la anciana no recibió extractos bancarios ni información sobre sus finanzas. Cuando preguntaba, Jorge respondía que “todo estaba en orden” y que “no tenía motivos para preocuparse”. La realidad era muy distinta: entre 2013 y 2017, Jorge transfirió fondos con cheques de hasta 110.000 euros, sumas que desaparecieron junto con las inversiones financieras de Amélia.

En paralelo, el administrador logró validar un testamento en el que se convertía en heredero universal de la mujer. La maniobra fue respaldada por testigos, incluidos dos médicos, que avalaron su estado mental. Aunque este testamento fue anulado antes de su muerte, la anciana, arruinada y traicionada, terminó sus días viviendo únicamente de su pensión, en una residencia en Lisboa. Murió en septiembre de 2022, sin ver cerrado el proceso judicial contra su presunto estafador.

Ahora, el Ministerio Público acusa formalmente a Jorge de un delito de estafa agravada y en continuidad delictiva. Solicita que el dinero desviado sea confiscado a favor del Estado. Mientras tanto, el acusado está bajo medidas cautelares, con restricciones de residencia e identidad, a la espera del juicio.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las personas mayores, especialmente cuando carecen de red familiar y confían su patrimonio a terceros sin supervisión.

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