Desalojo forzoso en el Palacio de Lira: decenas de inquilinos de la Casa de Alba se quedan sin piso

A menos de cien metros del Palacio de Liria, en dos tranquilas calles del centro de Madrid, decenas de familias empiezan a marcar en sus calendarios los meses de estancia que les quedan en sus viviendas. No es que vayan a poner en marcha una mudanza conjunta o de una decisión que haya pactado el grupo. Muchos de ellos saben que, cuando empiece el 2026 y venza su contrato, tendrán que enfrentarse a un endiablado mercado inmobiliario que cada vez está más caro y en el que es complicado encontrar un piso nuevo. La razón de que tengan que dejar sus casas es que la propietaria de los edificios en los que viven desde hace años, la Casa de Alba, les ha comunicado que no les renovará sus alquileres.

La decisión afecta a cinco bloques de viviendas, los situados en los números 3, 5 y 7 de la calle de Manuel y en los números 4 y 6 de la calle Duque de Liria. En el último mes, según ha avanzado El País, alrededor de medio centenar de inquilinos se han encontrado en sus buzones unas cartas donde se les informa que no les renovarán los contratos de alquiler cuando terminen. Bala Investment, la compañía encargada de gestionar los inmuebles de la Casa de Alba, alude en esas notificaciones a la necesidad de acometer una serie de obras de rehabilitación, por lo que plantea a los vecinos una salida "ordenada". 

Los cinco bloques suman algo más de setenta viviendas de distinto tipo, tamaño y renta. Según figura en el catastro, se trata de edificios construidos entre las décadas de 1910 y 1930, en los que se encuentran desde apartamentos de 45 metros cuadrados y una sola habitación hasta viviendas familiares de hasta 90 metros, con dos y tres dormitorios. Los alquileres actuales se mueven en una amplia horquilla que puede ir desde los 500 euros hasta los 2.000 mensuales que llegan a pagar algunos vecinos, una cifra que se queda por debajo de los precios habituales de un alquiler en esta zona del barrio de Universidad.

Muchas de las familias que ahora deben abandonar esos edificios llevan años viviendo en ellos sin que, hasta hace una década, hubieran tenido problemas con la propiedad ni con un modelo de alquiler estable. Ese equilibrio empezó a resquebrajarse tras la muerte de la duquesa de Alba, en 2014, y se hizo más evidente a partir de 2019, cuando se firmaron los nuevos contratos con subidas de las rentas y la gestión de esos inmuebles pasó a manos de una nueva generación. Según los vecinos, ese relevo se tradujo en una relación mucho más distante con la propiedad, en una menor atención al mantenimiento de los edificios, con arreglos que se retrasaban y una menor disposición a invertir en su conservación.

A pesar del deterioro de la relación con la propiedad y de las cartas en las que se notifican que los contratos de alquiler no se renovarían, varios vecinos han intentado negociar con la empresa gestora de esos edificios la posibilidad de quedarse en sus viviendas. "Pese a que algunos se han mostrado expresamente dispuestos a pagar más renta", relata una de las inquilinas afectadas a la Agencia EFE, la respuesta de la firma Bala Investment ha sido negativa, sin que se les haya planteado alternativa alguna ni se les haya ofrecido margen de negociación más allá de abandonar los pisos cuando venza el contrato.

Esa negativa de la gestora de los inmuebles ha reforzado entre los residentes la sospecha de que la rehabilitación anunciada no es el único objetivo de la operación. Temen que, ya vaciados los edificios, la propiedad destine las viviendas a usos más lucrativos, como el alquiler de temporada para estudiantes o el alojamiento turístico. "Lo que nos ha llegado es que se busca convertirlo en residencias de estudiantes o pisos turísticos; la propuesta de rehabilitación del edificio va en esa dirección. Otra cosa no tiene sentido”, señala uno de los afectados por el desalojo a El País. Desde el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, la lectura es distinta. La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado que la Casa de Alba ha solicitado la autorización para acometer reformas en varios inmuebles cercanos al Palacio de Liria, "pero en ningún caso una modificación del uso residencial”.

Los vecinos tienen presente un antecedente reciente en la zona. Fue en 2024, cuando la Casa de Alba impulsó una operación similar a la que están viviendo ahora en carne propia, pero en otros edificios de propiedad familiar, también próximos al Palacio de Liria. En ese caso, todo culminó con la transformación de los antiguos inmuebles en 66 apartamentos turísticos porque en el Ayuntamiento de Madrid se aprobó un plan urbanístico específico que les permitió cambiar el uso del edificio.

Ese antecedente coincide, además, con una serie de cambios en la regulación urbanística de la capital de España. El conocido como Plan Reside, aprobado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, amplía las posibilidades para transformar edificios residenciales al completo en apartamentos turísticos que acabarán en plataformas tipo Airbnb, siempre y cuando en esos inmuebles se acometa una rehabilitación integral.

La Casa de Alba, por su parte, sostiene que la decisión de desalojar a todas estas familias responde únicamente a la necesidad de rehabilitar los inmuebles en los que viven. En un comunicado, un portavoz del Duque de Alba ha confirmado "el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler en un conjunto de propiedades cercanas al Palacio de Liria pertenecientes a D. Carlos Fitz-James” al tiempo que señala su “firme compromiso con la actualización y preservación de estos edificios históricos”. 

Según la nota, el objetivo de la reforma planteada es el de adecuar dichos inmuebles a la normativa actual, mejorando su accesibilidad y la eficiencia energética. Además, asegura que el proceso se va a realizar “con la mayor sensibilidad hacia quienes han residido en ellos”, al tiempo que informa que “no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro uso o destino de las propiedades”, una vez concluyan las obras.