Detienen a un niño de 11 años durante seis días en un aeropuerto: "Parecía mayor"
El menor permaneció 24 horas solo ante las autoridades.
Entre formularios, controles y decisiones administrativas que se toman en minutos, los aeropuertos se convierten en lugares donde los derechos pueden quedar en pausa mientras las autoridades verifican identidades, documentos o edades. Pero cuando esa duda recae sobre un menor, cada decisión adquiere un peso distinto y pone a prueba hasta qué punto los sistemas migratorios están preparados para proteger a los más vulnerables.
Algo así le pasó a un niño que, con tan solo 11 años, fue retenido durante seis días en la zona de espera del Aeropuerto de Orly después de que, al llegar el 8 de febrero, le fuera denegada la entrada a Francia. A pesar de viajar con su pasaporte auténtico y un visado de larga duración emitido por las propias autoridades francesas en el marco de un procedimiento de reunificación familiar, el menor no pudo evitar permanecer detenido.
La madre del menor tiene el estatuto de refugiada y esperaba a sus hijos en territorio francés. La hermana de nueve años sí pudo entrar, mientras que él quedó retenido por la Policía Fronteriza. Según la versión difundida por su abogado, recogida por Le Club de Mediapart, los agentes estimaron que el joven “parecía mayor” que la edad indicada en los documentos, los cuales dieron por nulos.
Una “violación institucional”
Durante más de 24 horas el menor permaneció solo ante las autoridades, sin intérprete ni la presencia del administrador de hecho encargado de asistirle. Además, la defensa denuncia unas condiciones de estancia que dejan mucho que desear: un espacio infantil de apenas 3 metros cuadrados, ausencia de acceso al aire libre, una rutina de salida y retorno entre las 6:00 y las 21:00 horas, y una comida basada en patatas fritas y puré de manzana.
El 14 de febrero dos instancias judiciales llegaron a la conclusión de que la privación de libertad del menor presentaba graves irregularidades. El Tribunal de Apelación de París consideró que la demora en la intervención del administrador de hecho había provocado una vulneración sustancial de los derechos del niño, recordando que el interés superior del menor debe ser “consideración primordial” en todas las decisiones que le afectan.
En paralelo, el Tribunal Administrativo de Melun calificó el mantenimiento en la zona de espera como “grave y manifiestamente ilegal” y ordenó a la administración la liberación del menor y su entrada libre al país. Ahora se conoce que la decisión de las autoridades se apoyó, en parte, en una prueba de edad ósea que estimaba que el niño podía ser mayor de lo que indicaban sus documentos.
El abogado que representa a la familia calificó los hechos como una “violencia institucional” y denunció las contradicciones en la actuación administrativa, al haberse cuestionado la edad del menor pese a que sus documentos eran reconocidos como auténticos por las propias autoridades. En su opinión, el caso evidencia los riesgos de basar decisiones tan graves en simples impresiones o en pruebas médicas controvertidas.