En Rumanía dan cuenta de una de las trampas de la vivienda de España: "Compré una casa por 500.000 euros en 2001, hoy vale 150.000 euros menos"
La estafa ha tenido lugar en la provincia de Alicante.
En Rumanía se han hecho eco de una gran trampa inmobiliaria ocurrida en España por la que recientemente han sido condenados tres promotores urbanísticos, un arquitecto municipal y un exalcalde.
Todo ocurrió en la localidad alicantina de Llíber, donde cientos de ciudadanos extranjeros (principalmente británicos) invirtieron todos sus ahorros para adquirir inmuebles en el municipio.
Tal y como recoge el medio de comunicación rumano Antena 3 CNN, el problema es que las casas vendidas estaban construidas ilegalmente en terrenos protegidos, lo que ha provocado que se hayan devaluado aproximadamente un 30% (una tendencia totalmente contraria a la que está experimentando el precio de la vivienda en España).
En ese sentido, uno de los compradores de una de esas viviendas construidas de forma ilegal ha lamentado que "en 2001 compré una casa en España por 500.000 euros, hoy vale 150.000 euros menos".
En concreto, forman parte de la trama casi 300 viviendas ilegales construidas en Llíber entre 1999 y 2003. El caso ha sido juzgado por la sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante.
Según informa Europa Press, en la sentencia se les ha impuesto a los tres promotores urbanísticos y al arquitecto municipal una pena de dos años de cárcel por un delito continuado de estafa debido a haber engañado a los compradores durante el proceso de adquisición y edificación de las viviendas.
La Audiencia Provincial de Alicante también ha multado con 1.800 euros al propio arquitecto municipal y al exalcalde de Llíber, José Mas (PP), por haber cometido un delito continuado de prevaricación urbanística.
Además, en la sentencia se ha inhabilitado durante tres años al arquitecto y al exalcalde para ejercer las profesiones de arquitecto, aparejador, constructor, promotor, técnico de la administración en materia de urbanismo o cualquier otro cargo que comporte la actividad de urbanismo o construcción o la de información o gestión en órganos de la administración pública.
