Adiós a la okupación: estas son las únicas comunidades de España donde casi ni existe 

¿Es el fenómeno okupa ya un problema social extendido? Pues la percepción social de los ciudadanos, según diversas encuestas, es que sí. Pero si contrastamos estas opiniones con los datos del Ministerio del Interior, llegamos a la conclusión de que depende. ¿De qué depende? De la zona de España en la que se viva.

Si vives en algunas de las dos ciudades autónomas de Ceuta o de Melilla o las comunidad de La Rioja, Navarra o Cantabria, la respuesta es que no. Lo indica el reducido número de casos que se producen en estas zonas de España, en comparación con el resto. En las dos ciudades autónomas sólo ha habido en los cinco primeros meses de 2024 dos casos en cada una de ellas. Mientras que en La Rioja se han contabilizado 19, y tanto en Navarra como en Cantabria, 37 casos en cada una.

Y es que los datos de Interior dejan constancia de la clara diferencia entre territorios, como decíamos. Los casos mencionados contrastan con las casas okupadas denunciadas en otras comunidades, claro está. Las que más padecen este fenómeno son (Cataluña, que lleva ya 2.798 denuncias en los cinco primeros meses del año), Andalucía (1.036), la Comunidad Valenciana (716), la Comunidad de Madrid (649) y Castilla-La Mancha (300), según los datos oficiales. En total, en toda España se contabilizaron 6.648 denuncias hasta mayo.

En cambio, la percepción de que el problema se está agravando es general. De hecho, uno de cada cuatro españoles creen que hay posibilidades “medias o altas” de que ocupen su vivienda y un 77% opina que este fenómeno ya es claramente un problema social. Así lo refleja un informe realizado por Línea Directa, que también pregunta a los ciudadanos por la solución de la que serían más partidarios.

Pues el 66% de los encuestados cree que endurecer las penas para los okupas y agilizar los desalojos. Mientras que otro 45% cree que lo que se debe hacer es aumentar la cantidad de viviendas sociales y un 31% considera que debería ser más contundente la actuación policial sobre las mafias. Respecto a los penas para los que cometan estos delitos, el 73% las ve muy laxas y opina que no existe seguridad jurídica, sólo un 21% las cree correctas, aunque añaden que falla la agilidad de la justicia. Y residual 4% opina que ocupar una vivienda no debería estar penado y un 2% pide que se les rebajen las sanciones.