Fingen un despido de una mujer de 62 años para que cobre el paro, llaman a la puerta y es una señora multa de 7.501 euros
El caso ha sido analizado por el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

Un intento de fraude a la administración ha terminado saliendo caro a una empresa de León. La compañía simuló el despido disciplinario de una trabajadora de 62 años con el objetivo de que pudiera acceder a la prestación por desempleo hasta alcanzar la edad de jubilación.
Sin embargo, la maniobra fue detectada por la Inspección de Trabajo, lo que derivó en una sanción económica de 7.501 euros, además de la obligación de devolver todas las ayudas cobradas de forma indebida.
El caso fue analizado por el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada, que consideró probado que el despido no respondía a una causa real, sino a una estrategia pactada entre la empresa y la empleada para beneficiarse del sistema de prestaciones públicas.
El despido “disciplinario”
Los hechos se remontan a hace dos años. La trabajadora, que llevaba tiempo en la empresa, regresó a su puesto tras una baja médica y, apenas un mes después, fue despedida de forma disciplinaria. Este detalle llamó la atención de los inspectores, ya que no es habitual que una persona en esa situación sea destituida sin que exista una reclamación posterior por despido improcedente.
Además, la cercanía de la trabajadora a la edad de jubilación fue otro factor clave que despertó las sospechas. La intención era clara: mediante un despido disciplinario, la mujer podría cobrar el paro hasta alcanzar la edad legal de jubilación, situada en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses, o en 66 años y ocho meses para quienes no alcancen ese periodo de cotización.
La intervención de la Inspección de Trabajo
La Inspección de Trabajo puso la lupa sobre el caso al detectar varios elementos anómalos. Entre ellos, el hecho de que la empleada no recurriera el despido y aceptara la situación sin objeciones, algo poco frecuente en despidos disciplinarios, especialmente en trabajadores con una larga trayectoria laboral.
Finalmente, el juzgado concluyó que se trataba de un despido simulado y sancionó a la empresa con una multa de 7.501 euros. A esta cantidad se suma la devolución de las prestaciones por desempleo que la trabajadora había percibido hasta que el fraude fue descubierto.