Francia, a un paso de ser el primer país de Europa en prohibir las redes sociales a los menores de 15 años
La Asamblea Nacional aprueba un proyecto de ley que, apoyado por Gobierno y el presidente Emmanuel Macron, entre en vigor el próximo curso, en septiembre.

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este lunes un proyecto de ley cuyo objetivo es el de, como ya sucedió hace pocos meses en Australia, prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años y también vetar el uso de los teléfonos móviles en los institutos galos. El texto, que cuenta con el apoyo del Gobierno y del mismo presidente Emmanuel Macron, pasará ahora al Senado para que pueda ponerse en práctica a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar.
La Cámara baja francesa ha respaldado la iniciativa por 116 votos a favor y 23 en contra, tras un debate que se ha prolongado hasta bien pasada la medianoche y que el Ejecutivo que lidera Sébastien Lecornu ha impulsado por el procedimiento de urgencia. El Gobierno francés sitúa la medida en el centro de una estrategia con la que proteger la salud mental de niños y adolescentes, además de limitar los efectos dañinos que puedan derivarse del uso intensivo de las plataformas digitales.
En el debate parlamentario, la diputada Laure Miller, una de las promotoras del proyecto, ha defendido la necesidad de la prohibición “porque no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo”. Miller ha señalado cómo los algoritmos juegan un papel fundamental, llevando a los menores a contenidos vinculados a tendencias suicidas y de automutilación, con especial atención a TikTok. "Prometía incentivar la creatividad y la alegría y ha sucedido todo lo contrario”, ha afirmado antes de subrayar que los estudios científicos ya han demostrado que los más jóvenes "duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más”.
El proyecto francés, que sitúa a Francia a un paso de ser el primer país europeo en el que se aprueba la prohibición, no surge de la nada. Desde el año 2023, el país vecino obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios y solo permite el acceso a los menores de 15 años si cuentan con autorización paterna. Legisladores y expertos consideran, sin embargo, que esa medida resulta insuficiente ante los riesgos que supone la exposición a contenidos inapropiados, la presión social, la adicción a las pantallas o el ciberacoso. De ahí que un grupo de diputados haya impulsado una propuesta más ambiciosa, centrada en fijar la “mayoría digital” en los 15 años y limitar el uso de dispositivos en los colegios.
Las claves de la prohibición francesa
El texto que se ha aprobado en Francia introduce algunos matices respecto a la primera versión que entró en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, quedan excluidas determinadas plataformas, como pueden ser enciclopedias en línea como la Wikipedia, los repositorios educativos o científicos y servicios de software libre. El núcleo de la norma, no obstante, se mantiene: las empresas tendrán que implantar mecanismos de verificación de edad y bloquear de forma automática las cuentas que no cumplan el requisito, bajo la amenaza de sanciones. El Ejecutivo definirá por decreto qué redes se consideran “peligrosas” para los menores, a partir de los informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM).
La extensión del veto al uso de teléfonos móviles en los institutos franceses también ha centrado parte del debate en la Asamblea Naciioanl. El ministro de Educación de Francia, Edouard Geffray, ha recordado que la prohibición aprobada en 2018 para los cursos de preescolar, primaria y secundaria ya ha tenido “efectos positivos, tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje”. A su juicio, esta nueva norma intenta dar respuesta a una realidad que resulta preocupante: una parte significativa de los jóvenes “pasa más tiempo delante de las pantallas cada semana que en horas de clase”.
No todos los grupos comparten ese diagnóstico. La Francia Insumisa ha intentado frenar la tramitación del texto a través de una moción de rechazo, aunque la Asamblea Nacional lo ha tumbado antes de la votación definitiva. El diputado Louis Boyard ha cuestionado la dificultad de que se pueda aplicar realmente la prohibición y ha puesto como ejemplo el caso australiano: “¿Saben cómo de sencillo resulta saltársela? Basta con que alguien que tenga un aspecto que parezca que tiene más de 18 años se preste para sustituir al menor y hacer el reconocimiento facial” que se exige en Australia.
Macron ha hecho de esta iniciativa una de las banderas de un mandato que está marcado por la falta de mayoría parlamentaria y con el que busca un gran pacto nacional para que se acelere la aprobación de una norma que se apoya en informes sanitarios en los que se alerta del daño psicológico asociado al uso intensivo de las redes sociales. “El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores no se venden ni se manipulan”, ha afirmado el presidente galo en redes sociales.
Un informe que ha publicado la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) recientemente apunta a que plataformas como son TikTok, Snapchat o Instagram perjudican gravemente la salud mental de los adolescentes, al fomentar una comparación constante, exponerse a contenidos violentos, sufrir la alteración del sueño y ser víctimas de situaciones de ciberacoso.
El texto deberá, además, ajustarse al reglamento europeo de servicios digitales para que, como le pasó a una iniciativa similar en 2023 que pretendía fijar la mayoría digital en los 15 años, evitar su bloqueo y que no se aplique por conflictos con la normativa de la UE.
Francia sigue así la senda abierta por Australia, que en diciembre aprobó una ley pionera para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. En España, el Gobierno también ha abierto el debate y estudia elevar a 16 años la edad mínima para registrarse en estas plataformas, aunque a través de un enfoque distinto, basándose en la legislación de protección de datos. Tres modelos regulatorios distintos para un mismo problema que, si el Parlamento culmina la tramitación, situará a Francia a la cabeza del debate europeo.
