Seis meses de la tragedia de Adamuz y las heridas que nadie ha conseguido cerrar: "La vida se nos ha roto"

Mario Samper da un paseo previo a una nueva reunión con Iryo en el momento de coger la llamada a El HuffPost. Han pasado seis meses desde que el accidente ferroviario de Adamuz cambió para siempre la vida de decenas de personas. Medio año después, los focos mediáticos se han apagado y los trenes continúan circulando. Sin embargo, para quienes sobrevivieron al siniestro y para las familias que perdieron a un ser querido, el tiempo parece haberse detenido exactamente en aquel instante, en aquel domingo 18 de enero. La recuperación avanza con una lentitud desesperante, las secuelas físicas siguen condicionando la vida de muchos afectados y las heridas psicológicas continúan abiertas. Mientras el país mira hacia otro lado, ellos siguen librando una batalla diaria contra el dolor, la burocracia y la incertidumbre de una investigación que, según denuncian, avanza demasiado despacio y que, por consecuencia, despierta una desmoralizante incertidumbre.

Samper conoce esa realidad desde dentro. No habla únicamente como presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, sino también como uno de los supervivientes, viajaba en el coche 4 del convoy que viajaba entre Madrid y Huelva. Durante estos seis meses ha acompañado a los afectados en hospitales, consultas psicológicas, despachos de abogados y oficinas de la Administración, escuchando historias que, lejos de aliviarse con el paso del tiempo, siguen acumulando sufrimiento. La recuperación, asegura, está siendo mucho más lenta de lo que muchos imaginan. "Físicamente estamos mal; psicológicamente seguimos muy tocados. Todos convivimos con ello cada día. Está presente cuando viajamos, cuando nos acostamos por la noche o simplemente cuando intentamos hacer una vida normal", resume. 

La imagen que describe dista mucho de esa idea de recuperación que suele asociarse al paso de los meses. Las cicatrices más visibles empiezan a cerrarse, pero otras permanecerán para siempre. Hay personas que han perdido extremidades, otras continúan sometiéndose a tratamientos médicos y rehabilitación, y familias enteras siguen intentando aprender a vivir sin quienes fallecieron aquel día. "Hay personas a las que la vida se les ha roto", afirma. Detrás de cada expediente administrativo, añade, hay una historia marcada por el miedo, el duelo y una normalidad que nunca volverá a ser la misma. De hecho, asegura que todos los afectados continúan recibiendo atención psicológica.

Pero si algo inquieta hoy especialmente a las víctimas ya no son únicamente las consecuencias del accidente, sino la sensación de que nadie ha respondido por lo ocurrido. Seis meses después, Samper asegura que la principal preocupación del colectivo es una investigación que consideran excesivamente lenta y que, a su juicio, sigue sin depurar responsabilidades. "No ha habido ninguna asunción de responsabilidades por parte de nadie", lamenta. "El carril llevaba 22 horas roto. Nadie lo detectó. Pasaron 25 trenes por allí a modo de ruleta rusa y nos tocó a nosotros. Nadie detectó la caída de tensión en el circuito de vía. Óscar Puente no soldó el carril, pero debe dimitir porque es responsable del mantenimiento de la infraestructura", denuncia. Esa ausencia de explicaciones y de responsabilidades, a su juicio, ha ido alimentando una creciente frustración entre quienes esperan conocer por qué ocurrió el accidente y si realmente podría haberse evitado. Para ellos, el paso del tiempo no ha supuesto más claridad, sino una incómoda sensación de estancamiento.

El representante de la mayor asociación de víctimas considera que la respuesta política ha estado muy lejos de la gravedad de la tragedia y sostiene que quienes ocupan puestos de responsabilidad no pueden limitarse a expresar condolencias cuando ocurre un accidente de estas dimensiones. A su juicio, dirigir una estructura también implica responder por sus fallos, especialmente cuando esos errores afectan a la seguridad de cientos de personas. Por ello insiste en que siguen reclamando responsabilidades políticas y técnicas, convencidos de que sólo así podrán recuperarse la confianza y la credibilidad de las instituciones. "Tanto Puente como el presidente de Adif e Iryo deberían asumir responsabilidades", dice.

Su desconfianza va incluso más allá. Samper cuestiona cómo se gestionaron las primeras actuaciones tras el accidente y denuncia que determinadas pruebas pudieron verse comprometidas antes de incorporarse a la investigación judicial, un extremo que considera especialmente grave por las consecuencias que podría tener para el esclarecimiento de los hechos. Aunque será la justicia quien determine lo ocurrido, las víctimas consideran que cada duda que aparece durante el proceso alimenta todavía más la sensación de desprotección con la que conviven desde el primer día.

Mientras esperan respuestas, las víctimas siguen enfrentándose a una segunda carrera de obstáculos mucho menos visible: la burocracia. La llegada del sexto mes coincide con el vencimiento de algunas de las coberturas iniciales de los seguros, un momento que muchos afectados afrontan con preocupación. Aunque una de las aseguradoras ha comunicado que mantendrá determinadas prestaciones durante más tiempo, Samper considera que las cantidades previstas son insuficientes para personas que deberán convivir durante años con tratamientos médicos, rehabilitación o discapacidades permanentes —unos mil euros por pasajero—. Sin embargo, insiste en que el problema trasciende el aspecto económico. Cada semana sigue atendiendo llamadas de afectados que encuentran dificultades para obtener atención sanitaria, tramitar bajas laborales o resolver incidencias administrativas que, en su opinión, deberían estar resueltas desde hace meses. "Al final somos nosotros quienes tenemos que ir llamando a hospitales, administraciones o servicios de salud para intentar solucionar problemas que nadie está resolviendo. No nos están ayudando desde ninguna institución y, la verdad, es frustrante", denuncia.

Con el paso del tiempo también ha cambiado la atención que reciben las víctimas. Samper reconoce el trabajo realizado por la Oficina de Atención a las Víctimas y destaca el compromiso de los profesionales que la integran, pero considera que el resto del respaldo no es que no haya disminuido, es que nunca ha existido. "El apoyo institucional no ha estado nunca, pedimos responsabilidades desde el primer día, incluso que Oscar Puente dimitiese al día siguiente del accidente, pero seis meses después no ha habido ningún tipo de movimiento al respecto", explica. El foco mediático se apagó, pero las necesidades continúan exactamente donde estaban hace seis meses. "Las indemnizaciones avanzan, sí, pero hay muchas otras cuestiones que nadie está atendiendo", resume. 

Esa pérdida progresiva de atención es otra de las heridas invisibles que deja cualquier gran tragedia: cuando desaparecen las cámaras, los afectados descubren que el camino hacia la recuperación apenas acaba de empezar. Especialmente para la continuidad de la investigación: "Obviamente el trascurso del tiempo nos preocupa. Debemos de tener en cuenta que nunca se ha tratado bien a las víctimas de tragedias semejantes. No somos los únicos, entonces que vayan pasando los días y las semanas aumenta el nivel de agobio". 

Más preocupante resulta, según las víctimas, la sensación de que tampoco se han producido cambios suficientes para evitar que un accidente similar vuelva a repetirse. Samper sostiene que continúan existiendo los mismos problemas de seguridad denunciados desde hace tiempo por profesionales del sector ferroviario, las propias víctimas y asegura que, medio año después, siguen sin adoptarse medidas que ofrezcan garantías reales. "La sensación es que seguimos exactamente igual. No es seguro viajar el tren y hasta que vuelva a haber otro accidente parece que nadie tomará medidas", afirma destacando la fragilidad de la red ferroviaria o los diseños de los vagones. "Las peores heridas fueron consecuencia de golpes de las maletas y otros objetos, el diseño de los trenes sigue exactamente igual", desarrolla. Una percepción que convierte su reivindicación en algo que trasciende la reparación del daño sufrido. "Ya no luchamos solo por nosotros. Luchamos para que nadie más tenga que vivir algo parecido", dice.

Ese compromiso explica por qué, pese al enorme desgaste emocional, Samper continúa ejerciendo como portavoz del colectivo. Reconoce que representar a las víctimas significa revivir constantemente el accidente, escuchar una y otra vez historias de dolor y compartir el peso emocional de personas que todavía no consiguen reconstruir sus vidas. "Es muy duro", admite. Él también estuvo allí. Él también carga con sus propios recuerdos. "Muchas noches me despierto con pesadillas y eso que yo no soy de los más afectados. Recuerdo la oscuridad del tren, los golpes, los gritos... A nivel personal estoy mal porque además no quiero dejar a ninguna víctima atrás", explica. 

Sin embargo, ha decidido convertir ese sufrimiento en una herramienta para reclamar justicia y mejoras en la seguridad ferroviaria. Porque sabe que detrás de cada víctima hay una historia distinta: padres que perdieron a sus hijos, hijos que se quedaron sin sus padres, parejas separadas para siempre o supervivientes que todavía hoy no pueden volver a subir a un tren sin que regresen los recuerdos de aquella noche. 

Seis meses después del accidente de Adamuz, las víctimas no piden compasión. Piden respuestas. Piden responsabilidades. Piden que la investigación llegue hasta el final y que las instituciones no permitan que la tragedia se vuelva a repetir o que quede reducida a una estadística más. Sobre todo, piden que nadie tenga que volver a pasar por lo mismo. Porque para ellas el accidente no terminó hace seis meses. Continúa cada mañana al despertar, en cada consulta médica, en cada trámite pendiente y en cada viaje en tren que ya nunca volverá a ser igual.