POLÍTICA
14/02/2014 12:24 CET | Actualizado 14/02/2014 12:24 CET

Así es el enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el 'banco malo'

La Junta de Andalucía se enfrenta al ‘banco malo’ y le amenaza con un multa millonaria por no cumplir con la función social de la vivienda. Este viernes se ha hecho público el inicio de este proceso. Estas son las claves para entender este caso:

¿Qué procedimiento ha iniciado la Consejería de Fomento?

La Consejería ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sareb -el banco malo-, por el incumplimiento de la función social de 911 viviendas protegidas de las que es titular en Andalucía.

¿En qué consiste la sanción?

Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros.

¿Puede evitar la sanción?

La Junta sancionará al ‘banco malo’ si no acredita ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida los inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.

Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

¿Cómo sabe la Junta que el ‘banco malo’ tiene estas viviendas?

La Junta ha conocido la existencia de dichas viviendas protegidas, que supuestamente incumplen su función social, a través de información oficial de esa entidad.

El Gobierno de España recurrió ante el Constitucional el 18 de diciembre de 2013 la ley autonómica antidesahucios. Según fuentes de la Junta de Andalucía, se adjuntó entre su documentación un informe de la propia Sareb, titulado ‘Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía’, que contiene este dato.

¿Puede actuar Andalucía si está recurrida su ley antidesahucios?

La Junta de Andalucía sostiene que solo están suspendidos los preceptos impugnados por el Gobierno ante el Constitucional. El resto de la ley continúa en vigor, por lo que las sanciones recogidas por el incumplimiento de la función social de la VPO están vigentes.