POLÍTICA
01/03/2015 14:14 CET | Actualizado 01/03/2015 14:14 CET

Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional "no dañar" a Bankia

AFP

La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la Audiencia Nacional a extremar "la prudencia" para "no dañar" a Bankia porque su futuro, dependiendo del precio al que pueda vender el Estado su participación, "nos afecta también a todos", incluidos los que compraron acciones en su salida a bolsa.

Así lo expone el fiscal Alejandro Luzón en el recurso de apelación contra el auto en el que el juez Andreu impuso a la entidad y su matriz, BFA, y a cuatro de sus exconsejeros una fianza de 800 millones por las supuestas irregularidades en su salida a bolsa, al que ha tenido acceso Efe.

Para Luzón, "no puede negarse" la existencia de "indicios de criminalidad", pero quedan "todavía incertidumbres que habrían aconsejado demorar" esa medida hasta que la instrucción esté más avanzada.

Recrimina al juez que se haya apoyado exclusivamente en las "discutibles" conclusiones de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron sus cuentas, cuando ni siquiera "han sido capaces" de plasmarlas "en un solo texto", una "singularidad" que ya "evidencia la dificultad de llegar a conclusiones unívocas".

Al fiscal no le convence, por ejemplo, que afirmaran que el precio de la acción de la salida a bolsa de Bankia no fue un modelo de concurrencia porque muchas de las ofertas procedían de grupos vinculados, e incluso dependientes, del grupo.

"ÓRDENES INCOMPRENSIBLES"

"No existe ninguna norma de la Unión Europea ni nacional respecto del número mínimo que se entiende necesario para formar demanda y el procedimiento de colocación no es público ni en España ni en ningún otro mercado", contesta el fiscal, que añade que incluso "se producen acuerdos previos" a la salida a bolsa entre inversores y emisores.

Tampoco que hablaran de algunas "órdenes incomprensibles" de acreditados con operaciones refinanciadas por importe de 850.000 euros, "algo anecdótico" en una operación de 3.092 millones.

Ni siquiera que dudaran sobre los motivos de algunos inversores institucionales para vender inmediatamente, cuando estos "son libres para tomar sus propias decisiones" y pudieron actuar para "obtener un pequeño beneficio" o "vender valores en el caso de que no se les haya adjudicado lo que esperaban", por lo que tilda las dudas de los peritos de "poco significativas".

Luzón también pone en tela de juicio que no tuvieran en cuenta el "profundo empeoramiento" de la economía y las provisiones constituidas y no asignadas para hacer frente a deterioros adicionales futuros, y que eran suficientes para cubrir los ajustes que propusieron.

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