POLÍTICA
24/07/2015 19:58 CEST | Actualizado 24/07/2015 19:58 CEST

Los clientes de prostitución en Madrid tendrán a la policía al acecho

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Los clientes de servicios sexuales en zonas de Madrid como el polígono Marconi de Villaverde, la calle Montera y la Casa de Campo van a tener más presión policial de la habitual, y se exponen a sanciones de entre 601 a 30.000 euros.

La delegada del Gobierno de la Comunidad, Concepción Dancausa, ha decidido reforzar la vigilancia para aplicar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que entró en vigor el pasado 1 de julio. Según esta norma, los clientes de la prostitución en estos espacios públicos estarían cometiendo una infracción considerada grave.

"La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial.

Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo [desobediencia o resistencia a la autoridad]". Artículo 36. 11

"Es una herramienta para acabar y paliar problemas que nos preocupan, como las cundas y el ejercicio de la prostitución en zonas próximas a lugares destinados a los menores", ha dicho.

Concretamente, se ha referido a la "preocupación" que le han trasladado asociaciones de Villaverde por la presencia de la prostitución en polígono de Marconi, donde ha comentado que hay un centro cultural al que acuden niños, un colegio y un parque infantil.

"Los vecinos tiene razón de quejarse porque llevan muchos años sufriendo un entorno muy poco favorable a la educación de sus hijos", ha manifestado.

La delegada ha señalado que han solicitado la colaboración de la Policía municipal, junto con la Policía nacional, para "denunciar a los clientes que estén en los lugares que la ley lo prohíbe".

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