POLÍTICA
06/10/2015 08:02 CEST | Actualizado 06/10/2015 08:02 CEST

Rato, otra vez ante el juez por su patrimonio

GTRES

El mito caído. El exvicepresidente del Gobierno y exdirector-gerente del FMI, Rodrigo Rato, declarará mañana en calidad de imputado ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Al exministro 'popular' se le atribuye la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares por presuntas irregularidades detectadas en su patrimonio de las que tendrá que responder, a partir de las once de la mañana.

Serrano-Arnal le interrogará después del repunte en la instrucción experimentado la pasada semana. Rato fue conducido ante la Guardia Civil el pasado jueves y sometido durante más de cuatro horas a las preguntas de los agentes mientras que dos de sus más estrechos colaboradores -su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero- no tuvieron la misma suerte y permanecieron dos días en calabozos antes de pasar a disposición judicial.

En tan sólo tres días la instrucción de la causa sufrió un fuerte impulso y el procedimiento pasó de tener tres a nueve imputados, cuatro de ellos, directivos de empresas de publicidad que se beneficiaron de contratos con Bankia.

UN JUEZ QUE NO QUIERE EL CASO

El juez continúa avanzando en la investigación a pesar de su evidente deseo por desembarazarse de ella. El pasado viernes, después de dejar en libertar a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales, dictó un auto en el que solicita al Supremo que decida sobre la competencia que, en su opinión, debería ser de la Audiencia Nacional.

La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

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