POLÍTICA
27/08/2018 10:13 CEST | Actualizado 27/08/2018 13:25 CEST

Delgado niega un cambio de posición sobre Llarena, a quien defenderá "hasta las últimas consecuencias"

La ministra de Justicia sostiene la defensa "de los intereses de España pasa por defender al juez".

EFE
Imagen de archivo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Es el tema de la semana: quién defenderá (o no) al juez del Tribunal SupremoPablo Llarena. Si bien hace unos días el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que contrataría un bufete privado de abogados que representara al magistrado en el procedimiento civil abierto contra él en Bélgica, ahora la estrategia es otra. A última hora del domingo el Ejecutivo ha anunciado que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada contra Llarena y este lunes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado la estrategia.

Delgado ha insistido en que no ha habido un cambio de posición del Ministerio en el caso de Llarena: lo que ha habido es un "estudio de cada paso para hacerlo bien". Durante una entrevista en RNE, Delgado ha incidido en que "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.

Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que "no entra en el fondo" de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

Tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídicas de lo que hacemos

"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídicas de lo que hacemos", ha detallado.

Delgado ha querido poner de manifiesto la "transparencia" que ha presidido toda la actuación del Ministerio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le informara de la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de su exconsellers habían interpuesto en Bélgica contra Llarena.

Tras enumerar todos los pasos que se han ido dando hasta el momento, Delgado ha sido tajante: "Ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena".

El caso de Llanera

Para Delgado, si bien "es una demanda civil contra el honor del juez Llarena" por unas declaraciones a los medios fuera del tribunal, "tiene un trasfondo jurisdiccional que puede afectar a nuestra jurisdicción" ya que "la demanda, entera, es instrumental" que "pretende quebrar la actuación jurisdiccional de España" y en eso, el Gobierno es "tajante".

Ha recordado no obstante, que por tratarse de un tribunal ordinario extranjero el Gobierno tiene que poner en marcha un proceso de contratación para designar abogados en el país, "algo tan prosaico como eso", y ha pedido al servicio de información del Estado que lo autorice, mientras se decide "si tiene que ser un sólo despacho o más de uno, que es donde entra la posible estrategia".

Considera en todo caso que "no hay diferencia" entre Llarena en su labor de juez y en sus declaraciones a los medios fuera del tribunal y dice que la forma de llevarlo va a "depender de la estrategia" que planteen los abogados belgas, si bien reconoce que "dentro de la cultura española somos más laxos que en otros países, donde son mucho más estrictos con lo que se puede y no se puede decir".

Críticas al Gobierno

Una de las primeras reacciones al anuncio del Ejecutivo ha sido la del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que se ha mostrado en contra de que "todos los españoles" costeen la defensa del juez del Supremo.

En declaraciones a Radio Nacional, reconocía así que el Gobierno ha cambiado su actitud con este asunto y ha considerado que la primera, de no asumir esa defensa, era "más sensata", ya que la demanda está motivada por unas declaraciones del juez en el ámbito privado.

"Es una consecuencia más de una estrategia irresponsable del PP respecto a Cataluña —ha añadido—, que renuncia a hacer política y se esconde detrás de jueces y tribunales y veremos más cosas absurdas en este proceso".

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