INTERNACIONAL
30/05/2021 09:42 CEST

Colombia, un mes de paros insólitos para mudar la piel del país

Las protestas han tumbado la reforma tributaria y han impedido la aprobación de una ley de salud, pero la desigualdad y la violencia policial aún no cambian. La lucha sigue.

Colombia ha cumplido un mes de protestas antigubernamentales masivas, en el que está siendo el mayor estallido social de su historia reciente, el llamado paro nacional. Manifestaciones, paros nacionales, capitales en pie, voces de ciudadanos pidiendo cambios que se han visto salpicadas de sangre por la violencia policial y puntuales actos de vandalismo. Al menos 44 civiles han muerto, hay más de 2.000 heridos y 129 desaparecidos.

Semana tras semana, con la pandemia de coronavirus como telón de fondo, estas marchas multitudinarias han recorrido las calles de las principales ciudades del país, incluso en zonas rurales. Comenzaron pidiendo algo muy puntual: la retirada de la polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno del conservador Iván Duque, que ponía sobre los hombros de la clase media la necesidad de arañar fondos (el 73% de la subida se aplicaría a ciudadanos, no a empresas, y se planteaba un IVA del 19% en gastos esenciales como agua, luz o gas). Todo, para recaudar unos 5.170 millones de euros. El presidente tuvo que ceder. 

Incluso con la dimisión del ministro del ramo -no es la única, también ha abandonado la titular de Exteriores- y la retirada de la norma, las protestas no terminaron ahí. Los manifestantes -muchos jóvenes, pero también colectivos de profesores, sanitarios, indígenas, jubilados, feministas, ecologistas, autónomos...-  pidieron después la retirada de la reforma de la salud, que ni aclaraba con qué fondos se sostendría el sistema y abría la puerta a una semiprivatización, entre otras cosas. El Congreso, ante la presión popular, la acabó rechazando.

Pero, ¿por qué parar si queda tanto por lograr? No, los colombianos no pelean sólo por dos articulados puntuales, por más agresivos contra los más necesitados que fueran, sino que grandes capas de la población “han llegado a un punto de cansancio y desgaste que no tiene marcha atrás si no se acometen reformas estructurales”, en palabras del americanista Sebastián Moreno. “Colombia es el país con más potencial de América Latina en estos momentos, con una clase media que había crecido mucho y se ha estancado gravemente. En 2019, comenzaron las protestas de los estudiantes, con la represión policial que conllevó, y hoy hay aún más necesidad de cambio. Había germen y la queja ha crecido”, resume. 

Los colombianos han llegado a un punto de cansancio y desgaste que no tiene marcha atrás si no se acometen reformas estructurales

Los datos de fondo pintan un país que necesita mudar de piel: en el último y fatídico año, 3,6 millones de personas más han entrado en la catalogación de pobres y otros 2,78 millones, a la de pobreza extrema. En 2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%). Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (unos 72 dólares)  y 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (cerca de 32 dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una década de lucha contra la pobreza en el país. Son datos recopilados por Sandra Borda G., profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes (Bogotá).

Los colombianos quieren y necesitan más, un nuevo modelo de sociedad que consideran injusto e insolidario. El grito desesperado de una juventud que se siente abandonada a su suerte en medio de una triple crisis sanitaria, económica y educativa resuena, por ello, con fuerza en toda la nación. El problema ha sido que, a las protestas y a los paros sectoriales, se ha sumado la violencia. El Ejecutivo de Duque sostiene que se ha actuado con proporcionalidad, aunque se han producido hasta dimisiones policiales, e insiste en que hay grupos de alborotadores que revientan las protestas y justifican las cargas. 

Los manifestantes, por contra, lo niegan, avalados por autoridades como la alcaldesa de Bogotá, la progresista Claudia López, que han remarcado el que las protestas eran pacíficas. Ahí está otro de los problemas de fondo de la lucha colombiana: “el ansia de tener una policía no militarizada, justa con sus ciudadanos y que rinda cuentas de sus desmanes”, añade Moreno. En este mes, se han reportado más de 2.000 casos de abusos policiales, que se suman a los acumulados en estos dos años de tensión en la calle. “La población desconfía de unos uniformados formados y activados en el contexto armado de la lucha contra la guerrilla, pero ese escenario ya cambió, los colombianos hacen uso de su derecho a la protesta”, insiste. 

La denuncia de abusos no viene sólo de los indignados, sino de la comunidad internacional, de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos”, afirma. La ONG Temblores ha reportado al menos 20 casos de mujeres supuestamente violadas por miembros de la fuerza pública. Ha habido incluso amenazas a los investigadores de la ONU y a otros hasta se les han cerrado las puertas, como a los de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras mucha presión, Duque ha dicho que sí podrán ir a investigar, pero “no ahora”. 

 

Ivan Valencia via AP
La policía lanza llamaradas, en una protesta en Bogotá-. 

El presidente abrió poco la mano, ante las quejas, pero insiste: “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias y el narcotráfico”. Las bases convocantes de los paros y protestas lo niegan. Ha habido ataques contra comisarías y bloqueos sistemáticos de carreteras, que han agudizado la crisis económica y han hecho que una parte de la población los critiquen.

A Duque también se le reprocha cómo está llevando el proceso de paz en el país. Llegó a la presidencia denostando lo firmado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reconvertidas en partido político. Dijo que “haría trizas” el acuerdo, aunque luego lo matizó y habló de “modificaciones”. Los manifestantes lo acusan de haber ralentizado la puesta en marcha de sus medidas, aunque algunas para dinamizar el campo sí se han aprobado; la inacción provoca nuevos accesos de violencia y desplazamiento de ciudadanos. 

En negociación

Duque ha intentado negociar con los portavoces de los manifestantes, pero de forma parcial, denuncian los que no se sientan a la mesa. Habla con el Comité Nacional de Paro (CNP), que agrupa a sindicatos, centrales obreras, entidades sociales y comunitarias, pero no es el grueso de la calle. 

Este Comité, que volverá a reunirse con el presidente colombiano este domingo, reconoce que desde el 28 de abril en que comenzaron las movilizaciones diarias han logrado ya no sólo las conquistas de las leyes de impuestos y salud, sino algunos gestos de cara a los jóvenes, como el anuncio de que las matrículas universitarias serán gratis para quienes menos dinero tengan. 

El reto es establecer una mesa de diálogo estable, tras varios intentos infructuosos y el relevo de varios negociadores, y lograr un documento conjunto de propuestas. Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz, dijo ayer antes de abandonar su cargo que los bloqueos generados por el paso -que ya causan pérdidas económicas similares al montante que Duque quería lograr con la ley de impuestos-, siguen siendo “el gran obstáculo”.

El Gobierno dice que no es negociable hablar con esas barreras, que afectan a “derechos fundamentales” del resto de los colombianos, como marcando separaciones entre unos y otros. 

AIZAR RALDES via Getty Images
El presidente de Colombia, Iván Duque. 

El Comité ha pedido, para empezar, garantías para que las movilizaciones sean pacíficas y no baños de sangre, que cese la represión, que haya una condena clara y expresa de la violencia policial por parte de Duque y que inspectores extranjeros analicen lo pasado. 

“Es un proceso lento e incompleto, que no satisfará a la calle si no hay verdadera representación de las distintas sensibilidades. Duque se enfrenta a la necesidad de reformar un país que viene del horror y caminaba hacia la prosperidad y se ha frenado. Sin igualdad de oportunidades, sin apuestas educativas y sin una mirada justa al campo, no cesará el ruido de la calle. La sociedad civil colombiana es hoy una de las más unidas, formadas y convencidas de América Latina y puede lograr conquistas como las de Chile”, dice Moreno. 

El problema es múltiple: de convencimiento, viniendo de un conservador declarado, un uribista; de presiones, del empresariado y las grandes corporaciones; y de momento, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, con el candidato de Colombia Humana, el progresista Gustavo Petro, a quien ganó Duque en 2018, liderando sin competencia las encuestas. 

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