Nuclear sí, nuclear no: el debate revivido en Europa por la dependencia energética de Rusia

Francia se plantea nuevas centrales, Alemania se piensa si retrasa el cierre de las pocas que le quedan y España mantiene por ahora su calendario.
Vista de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), en una imagen de archivo.
Vista de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), en una imagen de archivo.
Marcos del Mazo via Getty Images

La guerra de Ucrania ha hecho saltar por los aires muchas inercias. Una de ellas la de pagar sistemáticamente a Rusia para tener energía en Europa gracias a su carbón, su petróleo o su gas. La invasión ha conllevado sanciones de Occidente contra Moscú incompatibles con seguir siendo un cliente fiel, más aún cuando se tiene la certeza de que el grifo se puede cerrar en cualquier momento, como represalia. Ha tocado hacer un plan de ahorro energético, revisar de dónde se pueden exportar qué bienes y repensar qué fuentes necesitamos realmente para ser libres.

Del cajón, como suele pasar cuando hay río revuelto, ha salido de nuevo el debate nuclear: hay países que están apostando por nuevas centrales (Francia), otros se piensan si demorar el cierre de las plantas ya existentes (Alemania) y otros que mantienen sus planes de eliminación (España). Las principales formaciones progresistas y las organizaciones ecologistas de referencia lo siguen teniendo claro: la energía atómica es demasiado lenta y demasiado cara como para ser la solución a esta coyuntura.

El hito de lo ‘verde’

A principios del pasado julio se dio un paso radicalmente nuevo en la consideración de la energía nuclear en la Unión Europea: el Parlamento comunitario, con una enorme división, aprobó que las inversiones en nuclear y gas sean consideradas ahora “verdes”, sostenibles, útiles para la transición energética insoslayable. Toda una victoria para la Comisión Europea, que presentó esta controvertida taxonomía el pasado mes de enero.

Argumentaba en su posición que la energía nuclear no emite CO2 ni otros gases contaminantes, aunque diversas organizaciones ecologistas se han opuesto siempre al lavado verde de estas energías -greenwashing-, recordando los residuos radiactivos que genera la nuclear o el gasto que genera su puesta en marcha y mantenimiento. Entiende la UE que si se quiere mantener vivo el objetivo para 2050 de eliminar todas las emisiones de CO2, hay que añadir estas fuentes como complementarias a las renovables, que siguen siendo la apuesta principal. Son “actividades de transición” que sirven como alternativa para el nuevo marco generado por la guerra.

Pese a que las dos energías sí serán incluidas en la taxonomía verde, su inversión tendrá una fecha límite. En concreto la Comisión establece el 2030 como fecha máxima para invertir en el gas y de 2040 para la nuclear. “La inclusión de ciertas actividades de gas y nucleares tiene un límite de tiempo y depende de condiciones específicas y requisitos de transparencia”, dice el texto del Europarlamento, así que no toda la nuclear o todo el gas se contarán como verdes, sólo aquellos que cumplan una serie de condiciones. Hay muchos detalles que ajustar antes de que el 1 de enero de 2023 entre en vigor, según lo previsto.

La polémica no se calmó con los argumentos de la Comisión, porque hay dudas de que las empresas de esos sectores tengan acceso a una financiación preferente gracias a la nueva etiqueta, de que atraigan inversiones multimillonarias, públicas y privadas, en detrimento posiblemente de mayores inversiones en renovables, que eran, según el consenso de los Veintisiete, la apuesta radical.

En España no gustó. “No lo compartimos, creemos que el gas natural, la energía nuclear, lógicamente son soluciones de transición con las que vamos a seguir conviviendo, pero eso no significa que sean verdes. Nos parece desafortunado el acto delegado de la CE. Evidentemente, respetamos el voto del Pleno del Parlamento Europeo, pero al final nos parece que es dar por verde lo que no es”, dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Protesta en el Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia) durante la votación de la nueva taxonomía nuclear y de gas, el 6 de julio pasado.
Protesta en el Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia) durante la votación de la nueva taxonomía nuclear y de gas, el 6 de julio pasado.
PATRICK HERTZOG via Getty Images

Cada país, a su ritmo

En paralelo a este debate del club comunitario, que aún augura roces en los flecos de los meses por venir, cada país de la UE ha ido pensando qué hacer para soltar lastre con Rusia. Los Estados miembros pueden decidir por sí mismos con qué combinación de generación de energía alcanzarán los objetivos de protección del clima especificados para 2050. El camino es el mismo para todos, pero las formas de llegar las elige cada cual. Según cálculos de la CE, el 25% de la electricidad de la UE proviene actualmente de centrales nucleares.

Francia ha sido el país donde más abiertamente se ha manifestado como razonable un refuerzo de estas fuentes, que ya cubren el 70% de su demanda ordinaria a través de 56 reactores. Como mayor exportador de electricidad de Europa, Francia también suministra su energía nuclear a Gran Bretaña e Italia.

Actualmente se está construyendo un nuevo reactor y se planean otros seis más. En un principio, el Gobierno del liberal Emmanuel Macron había previsto reducir la cuota de energía nuclear al 50% para 2025, pero este plan ya fue aplazado durante diez años en 2019 y se podría congelar de nuevo ante estas circunstancias, dada la fortaleza, además, de este sector en el país vecino.

Pese a todo, este verano ha quedado en evidencia que Francia no se puede apoyar con tanta confianza en la nuclear, porque sus centrales están ahora cubriendo sólo el 59% de su consumo, debido a que hay apenas 26 reactores en funcionamiento. Hay varias razones: las sucesivas olas de calor de este verano, fruto del calentamiento del planeta, han calentado los ríos en los que se vierten las aguas de las centrales, por lo que ha habido que parar para que no se superen los umbrales de seguridad medioambiental y, además, los reactores nucleares franceses son ya muy antiguos, necesitan de revisiones importantes y eso cuesta dinero y lleva tiempo. Por eso le país ha tenido que recurrir a centrales de ciclo combinado, a energía eólica y a la importación.

En Alemania no saben qué hacer. Ahora mismo, el Gobierno a tres del socialista Olaf Scholz, con liberales y verdes, evalúa si prolonga o no la vida de sus tres reactores en uso, que se iban a retirar de la red a finales de este año, 2022. Ahora mismo, aportan un 6% del suministro eléctrico nacional y el plan era sustituir esa porción por centrales de gas, un escenario que ahora parece imposible debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. La dependencia de Berlín respecto del gas ruso ha llegado a ser del 50% y ha bajado ahora al 26%, pero tiene aún abierto con el Kremlin el gasoducto NordStream 1, a medio gas tras las tareas de mantenimiento del mes pasado, y ha tenido que paralizar el NordStream 2 en el que tenía puestas sus esperanzas, precisamente por la guerra y las sanciones.

Ahora mismo, a petición de Economía (ministerio que comandan los liberales) se ha pedido un nuevo informe para saber el impacto del cierre de los reactores en el momento actual. Se habla de una prórroga hasta el año que viene. Desde Medio Ambiente (en manos de los verdes) se insiste, no obstante, en que los planes siguen adelante, por el momento.

Ya en 1998, el Gobierno conformado por una coalición entre socialdemócratas y verdes decidió por primera vez el abandono de la energía nuclear. En 2009, un gabinete liderado por los demócratas cristianos (CDU) amplió la vida útil de los reactores, pero tras el devastador accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011, se volvió a apostar por el cierre. De los 17 reactores que había en el país, 14 han sido desconectados hasta la fecha.

En Bélgica se ha generado un debate similar al alemán pero van un paso por delante y han decidido ya qué hacer: se va a posponer el abandono de las centrales, previsto para 2025, a 2035. El Gobierno de Alexander De Croo (liberal) ha decidido que dos reactores de los siete en funcionamiento seguirán operando hasta entonces. Actualmente, el país genera la mitad de su electricidad con energía nuclear.

También se están moviendo las cosas en países donde este tipo de energía no es común o no se había empleado antes. Polonia, por ejemplo, ha hecho un plan para sumarse. Su primer reactor estará listo en el año 2033 y ya hay empresas de Estados Unidos, Corea del Sur y Francia pidiendo su construcción y mantenimiento. Su filosofía es la de la taxonomía: es respetuosa con el medio ambiente y puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Lituania, por su parte, utilizaba hasta 2009 energía nuclear en el antiguo reactor soviético de Ignalina, que debió cerrar bajo la presión de la UE por motivos de seguridad. La construcción de una nueva central eléctrica, la de Visagina, se detuvo en 2016 tras un referéndum popular. Sin embargo, el Ejecutivo sigue planeando construir nuevas centrales nucleares, debido a la falta de suministros energéticos rusos. Los países bálticos son, en muchos sentidos, los que más en guardia se encuentran ante la nueva Rusia que Vladimir Putin tiene en su cabeza.

¿Y España?

Actualmente, alrededor de una cuarta parte de la electricidad española procede de siete centrales nucleares, después de que en los últimos años se hayan cerrado tres centrales antiguas.

El Gobierno ha mantenido una postura firme, no alterada siquiera por las novedades de la guerra en Ucrania: no hay nuevas construcciones a la vista, sino la renovación de las plantas ya existentes. Las licencias para operar esas plantas expiran entre 2027 y 2035, de forma escalonada, un calendario que fue pactado entre el Ejecutivo y las empresas eléctricas propietarias de las nucleares, que firmaron el protocolo con la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), encargada del almacenamiento.

El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es conseguir un sistema eléctrico 100% renovable, prescindiendo del resto de tecnologías, aunque algunas subsistirán como apoyo en caso de necesidad. La retirada del parque nuclear se compensará, como ya sucede con el de carbón, con el aumento de la generación renovable, el desarrollo a gran escala del almacenamiento, el hidrógeno verde y la gestión de la demanda.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, afirmaba en una reciente entrevista con Retina que “la aspiración de España es ser un país 100% renovable”, por lo que no habría margen para fuentes como la nuclear. “El debate sobre volver a las nucleares no existe, lo que ocurre es que coyunturalmente estamos inmersos en la guerra de Putin, que nos ha puesto en jaque en términos energéticos porque Rusia es una de las principales fuentes de gas para Europa”, aunque con un impacto menor en nuestro país porque la dependencia de Rusia no es tanta como la de los países de Centroeuropa. “No hay ninguna empresa que esté llamando a las puertas del Gobierno de España ni de ningún otro para construir centrales nucleares”, sentencia, además.

Por ahora, España también está estudiando la explotación de yacimientos propios de uranio, sin los que los reactores no pueden funcionar, porque en este caso sí que existe una dependencia alta respecto de Rusia, mayor aún que la del gas. El combustible nuclear que utilizan las centrales españolas es importado principalmente de Rusia, Canadá, Níger y Kazajistán, en total suman el 90% de las importaciones. En la actualidad, el uranio ruso supone un 38,7% del total importado y el gas, un 8,9%. Nuestro país tampoco tiene acceso a uranio enriquecido, esto es, sometido a un tratamiento sin el que no vale para las centrales, por lo que aún teniendo reservas dependería de otros -Francia, Japón o Rusia, EEUU- para ponerlo a punto.

En la dirección contraria

Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace España, explica, “sencillamente, el retorno a las nucleares no está justificado” ni por el nuevo mundo que Ucrania nos pone por delante. “Aunque no dependiéramos de Rusia y encontráramos otros proveedores de uranio, está el contexto de cambio climático”, recuerda, en el que hay opciones más ventajosas. La nuclear, apunta, “tan sólo aporta el 4,5% de la energía primaria mundial y su parque es envejecido, las nuevas construcciones están sufriendo muchísimos imprevistos de tiempos y plazos de construcción, de aumentos de presupuesto…”.

A su entender, la nuclear es demasiado cara y demasiado lenta como para ser una solución real a los problemas de energía de Occidente. “Hoy, montar en Europa una planta nuclear nueva lleva unos 14 años de media, hasta que está activa. No llegamos a tiempo, de ninguna de las maneras. El tiempo no lo justifica”, constata. Entiende que haya países que apuesten por prolongar la vida de los reactores actuales, ante la dependencia del gas ruso, “pero tampoco es la solución”, por esos dos motivos esenciales.

“Ya es complejo tener las centrales abiertas, con los problemas de mantenimiento y seguridad que conllevan, y no podemos instalar más porque no da tiempo a que llegue la energía que se necesita ya. Además, en un mercado liberalizado, nadie quiere invertir en una central nuclear, sólo donde hay un apoyo real y concreto, monetariamente hablando, directo del estado, como en Reino Unido”, cita. Mientras los precios de la nuclear van in crescendo, sobre todo para la ya instalada, la solar en los 10 últimos años ha bajado un 80% y la eólica, entre un 30 y un 50 %, señala. “Son tendencias completamente opuestas”.

Pizzinato rechaza que en el contexto europeo, con la taxonomía verde y apuestas como la de Francia, nos estemos desviando de la transición pactada, basada en las renovables. “No es desvío, es que estamos yendo en dirección contraria”, se duele. Entiende que la nueva disposición del Parlamento comunitario es “una locura en plena crisis climática”, cuando todo pasa por las energías limpias. “Son mucho más rápidas de obtener porque de media un parque fotovoltaico eólico tarda unos tres años en ponerse en marcha”, remarca. Por esa vía y por la del ahorro, tan denostada políticamente estos días por la derecha española.

“La mitad de la energía que se gasta en España se derrocha, se utiliza de mala manera o se utiliza en aparatos que podrían utilizar mucha menos energía para dar el mismo servicio. Tenemos un potencial brutal y que está disponible muy rápido, pero nos dedicamos a debates absurdos como si la eficiencia energética es buena o mala”, acusa. “Mientras sigamos metiendo dinero en la nuclear, dejaremos de meter dinero y esfuerzos políticos sociales en las verdaderas soluciones”, insiste la portavoz de Greenpeace.

También replica a quienes defienden este tipo de energía por ser limpia, por no emitir gases de efecto invernadero, que “es verdad”, no emite CO2 “en la parte de generación de electricidad”, pero “en todo su ciclo de vida emite más que todas las energías renovables porque necesita el combustible, que el mineral sea minado, enriquecido, concentrado… El proceso es altamente demandante en energía y eso se hace aún con combustibles fósiles”, recuerda. Habla , pues, de una “limpieza muy selectiva”.

Recuerda la “obvia” peligrosidad de los residuos que genera la nuclear, como se va ahora en la central de Zaporiyia, en Ucrania, donde ha habido ataques “que han afectado a las líneas eléctricas de abastecimiento, por lo que se ve en gravísimos problemas para mantener una operación segura”.

Más allá de una hipotética tormenta perfecta que ha llevado al rescate de este debate, la experta recuerda que hay cosas que “no son casualidad”: cita el informe reciente de su organización en el que se desvela que empresas ligadas al Kremlin -Gazprom, Lukoil y Rosatom- presionaron en Bruselas para etiquetar el gas y la nuclear como energías sostenibles. “Hay voluntades muy concretas tras estos pasos, hay una evidente ligación entre la presión de estas empresas y el resultado que se ha obtenido en Europa. Vamos a llevar al Tribunal de Justicia europeo la decisión de etiquetar como energías verdes la taxonomía nuclear, porque es desviarnos por completo tanto de la lucha contra el cambio climático como de asegurar el acceso a una energía de calidad y sostenible”.

En el caso concreto de España, Greenpeace comparte el objetivo del Gobierno de tener un sistema 100% eficiente, renovable e inteligente, pero le ponen el plazo de 2040 “como muy tarde”. “Ahora mismo estamos produciendo con renovables solamente alrededor del 21% de la energía total de España. Estamos muy lejos de esa meta y la única opción es echar mano de todas las posibilidades de eficiencia energética”, incide. De ahí que esperan que el Ejecutivo anuncie en septiembre nuevas medidas de ahorro, complementarias a las ya lanzadas, y que esta vez aborden también a las empresas, “porque el 60% de la energía que se utiliza en España es para el sector industrial”, que tiene la capacidad de hacerle frente porque, repite, la transformación y la nueva filosofía es rentable.

Se pueden tomar medidas más concretas como cancelar todos los vuelos de corto alcance en los que hay una alternativa en tren rápido, como el Madrid Valencia, y que se defina mejor el territorio de desarrollo de renovables a nivel territorial o se acelere el autoconsumo. “Hay formas, hay vías, son más rápidas y baratas que la nuclear, que siguen siendo parte del problema”, concluye Pizzinato.

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