El Superior catalán ordena a la Generalitat proteger al menor de Canet cuya familia reclamó clases en castellano

El Superior catalán ordena a la Generalitat proteger al menor de Canet cuya familia reclamó clases en castellano

El TSJC exige al conseller de Educación y a la directora del centro que se garantice la convivencia en el colegio, según 'El País'.

El conseller de Educación, Josep González Cambray, tras la reunión mantenida con los responsables del centro de Canet de Mar.Alejandro García / EFE

Después de que el Gobierno anunciase que investigaría el supuesto acoso a un menor de la localidad catalana de Canet del Mar cuya familia reclamó que se impartiesen clases en castellano en el centro al que asiste, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que se garantice la protección al alumno.

La sentencia que impone un 25% de clases en castellano en una escuela de Cataluña había derivado en denuncias por hostigamiento hacia la familia que logró este fallo. Según ha podido confirmar El País, en la providencia de la justicia catalana se ordena a consejero y directora que garanticen “la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”.

Según dicho diario, el TSJC exige al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora del centro el Turo del Drac que “adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor”.

La providencia ha llegado después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe remitiese un escrito al Superior catalán en el que alertaba de la creación de un grupo de WhatsApp en el que se habrían registrado amenazas hacia el alumno y su familia. Entre estas, se encuentran peticiones como identificar al entorno familiar, que se “le haga el vacío” al pequeño o incluso apedrear el domicilio.

Un plazo de 10 días

Tal y como recoge El País, el TSJC da un plazo de 10 días al departamento de Educación de la Generalitat para que presente una serie de informes en los que se dé detalle de las acciones impulsadas para hacer cumplir las medidas cautelares que obligan al centro a impartir el 25% de las clases en lengua castellana.