Desafío sin precedentes: Netanyahu abre una brecha constitucional al desacatar al Tribunal Supremo

La encrucijada política y jurídica de Israel ha entrado en una fase de turbulencia inédita. Ahora, en lo puramente político y en lo judicial. Y es que el Ejecutivo liderado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha lanzado un desafío directo contra la máxima instancia judicial del país, al anunciar que confrontará un dictamen del Tribunal Supremo relacionado con la composición del organismo regulador de los medios de comunicación. 

Este movimiento resucita la enconada disputa sobre el equilibrio de poderes que polarizó a la sociedad civil e institucional israelí en el período previo a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Aquella fractura social, que parecía haber quedado latente bajo el imperativo de la forzosa unidad bélica, emerge de nuevo con virulencia en un horizonte marcado por la proximidad de los comicios generales, previstos para finales de octubre. Elecciones en las que no, Netanyahu no es hoy el favorito. 

La mecha de este incendio institucional ha prendido tras un comunicado oficial difundido por el gabinete de ministros, el pasado domingo. En la nota, el Gobierno calificó una sentencia emitida el pasado 17 de junio por el Alto Tribunal como una muestra flagrante de extralimitación judicial. La resolución cuestionaba la legitimidad y los criterios de integración de la Segunda Autoridad para la Televisión y la Radio, el órgano encargado de supervisar los medios de comunicación comerciales en el país.

La respuesta del ala dura del Ejecutivo ha sido aplastante. El ministro de Justicia, Yariv Levin, y su homólogo de Comunicaciones, Shlomo Karhi, firmaron una declaración conjunta de una severidad inusual, en la que advertían de que el dictamen judicial carecería de validez y efecto para el ejecutivo. Levin, precisamente, es bien conocido por haber sido el arquitecto intelectual de la controvertida reforma judicial de 2023, una iniciativa diseñada para recortar las prerrogativas de control del Supremo, que desató masivas movilizaciones ciudadanas y huelgas generales sin precedentes que sólo la guerra dejó en el cajón. 

El plan fue congelado tras el estallido de las hostilidades en Gaza, pero la coalición ultranacionalista y religiosa que sostiene a Netanyahu ha venido reactivando de forma paulatina diversos elementos de esa reforma en los últimos meses. Retrasada no es olvidada. 

Ramificaciones legales y la advertencia de crisis

A nivel estrictamente operativo, los analistas de medios como Haaretz coinciden en que la resolución gubernamental tiene un impacto directo muy limitado sobre el funcionamiento diario de la entidad reguladora de medios. Sin embargo, las voces críticas y los expertos en derecho constitucional advierten de que la relevancia real de esta declaración reside en su carga simbólica e institucional: representa una agresión frontal contra el Estado de derecho y los pilares de la democracia israelí. 

La negativa implícita a acatar un dictamen de la corte superior sitúa al país "al borde de un abismo legal", enfrentando de forma directa al poder ejecutivo con el judicial en "una crisis que carece de precedentes claros", expone el diario Ynet.

Dina Zilber, que ejerció como fiscal general adjunta de Israel, ha expresado su honda preocupación ante este escenario en una entrevista con Reuters. Según expone, "aparentemente no pasó nada grave, pero en esencia sí ocurrió algo muy dramático". Por primera vez, el Gobierno utilizó sus propios poderes ejecutivos para desobedecer una orden judicial, asestando "un duro golpe al Estado de derecho y a la separación de poderes". Este hecho, a su juicio, propina un golpe demoledor al principio fundamental de la separación de poderes y a la supremacía de la ley.

Por otro lado, en la prensa israelí también vinculan este episodio con una estrategia mucho más amplia, implementada por la coalición de Netanyahu para fiscalizar el mercado de la comunicación. La oposición recuerda que no es la primera vez que el bloque gobernante intenta intervenir o limitar la independencia de las corporaciones de radiodifusión pública. 

Tehilla Shwartz Altshuler, especialista en políticas de medios y tecnología del influyente Instituto de Democracia de Israel, sostiene también a la agencia británica que la beligerancia del gabinete contra este fallo judicial responde a un deseo explícito de consolidar el control gubernamental sobre los flujos informativos y las estructuras de los medios de comunicación privados en el país.

Un escenario preelectoral de alta tensión

Para comprender la magnitud de la maniobra, es imprescindible analizar el contexto político inmediato. Israel se aproxima a unas elecciones parlamentarias cruciales fijadas para finales de octubre, aunque los partidos aún deben acordar la fecha exacta de la convocatoria. Las encuestas de opinión publicadas de forma sistemática por las principales cadenas de televisión señalan que la coalición derechista que sostiene al jefe del Likud sufriría una severa derrota, perdiendo la mayoría parlamentaria frente a un bloque opositor más centrista y diverso, liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot.

Ante este panorama, el partido del premier tiene previsto celebrar elecciones primarias internas para definir sus listas electorales. En este proceso de selección, los ministros y diputados que aspiran a conservar sus puestos de liderazgo o a escalar en la jerarquía del partido compiten activamente por ganarse el favor de las bases más radicalizadas. Abanderar medidas punitivas o retóricas hostiles contra el sistema judicial y la prensa independiente funciona como un mecanismo eficaz para movilizar el voto ideológico. 

Desde hace años, la coalición de Gobierno ha construido una narrativa que retrata tanto a los magistrados del Supremo como a los principales medios de comunicación como bastiones de una élite intelectual de izquierda, desconectada de la voluntad popular y dedicada a sabotear las políticas de la derecha.

Hasta el momento, Benjamín Netanyahu ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la controvertida declaración de sus ministros. Su estrategia habitual es la de mantener cierta distancia de las disputas más divisorias, mientras sus subordinados marcan la agenda parece repetirse en esta ocasión. Sin embargo, desde su oficina se ha intentado matizar el tono del anuncio para rebajar la presión internacional y social.

El secretario del gabinete, Yossi Fuchs, ha salido al paso de las críticas tratando de suavizar las palabras de Levin y Karhi. Fuchs ha argumentado que el comunicado del ejecutivo no constituye en absoluto un llamamiento a la desobediencia civil o institucional ni una orden formal para ignorar el veredicto del Supremo. Según su interpretación, el texto debe entenderse como una crítica severa pero legítima hacia las competencias de la corte y como un anuncio formal de que el gobierno agotará todos los recursos e instrumentos legales a su alcance para revertir la decisión judicial.

La sensibilidad de Netanyahu hacia los temas que entrelazan la justicia y los medios de comunicación no es un secreto. El mandatario se encuentra inmerso en un prolongado proceso penal en el que se le acusa de diversos cargos de corrupción, fraude y abuso de confianza, acusaciones que él niega categóricamente. De los tres casos principales que instruye la fiscalía, dos giran en torno a presuntos favores regulatorios y fiscales otorgados a importantes magnates de la comunicación a cambio de coberturas informativas favorables para su gestión y su familia. 

Netanyahu ha insistido reiteradamente en que este juicio no es más que una "caza de brujas" orquestada por la izquierda política, los funcionarios judiciales y los consorcios periodísticos con el único fin de deponer a un líder de derechas legítimamente elegido en las urnas.

Indignación y rechazo en el arco institucional

Las reacciones de la oposición y de las principales figuras del Estado reflejan la gravedad del momento. Los detractores de la coalición gubernamental argumentan que el Ejecutivo está instrumentalizando este conflicto institucional para desviar la atención pública de los monumentales fallos de seguridad que permitieron la tragedia del 7 de octubre de 2023, así como del enorme coste humano, social y económico que han supuesto los más de dos años de conflicto armado continuo en frentes simultáneos como Gaza, el sur del Líbano y las tensiones balísticas directas con Irán.

Los supervivientes y las familias de las víctimas mortales del 7-O insisten en reclamar una comisión de investigación oficial, seria y rigurosa, que arroje luz sobre lo ocurrido, pero por ahora Netanyahu se niega. 

El presidente de Israel, el que fuera laborista Isaac Herzog, conocido por su tono más conciliador y sus esfuerzos por mediar en la crisis de 2023, ha manifestado un rechazo contundente a la postura del ejecutivo, advirtiendo de que socavar las decisiones de los tribunales desestabiliza los cimientos de la convivencia democrática. 

En una línea idéntica se ha expresado la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, quien ha recordado al gabinete que los dictámenes del Tribunal Supremo son de obligado cumplimiento para todas las autoridades públicas sin excepción.

Por su parte, el jefe de la oposición parlamentaria y exprimer ministro efímero, Yair Lapid, ha liderado la ofensiva política contra la declaración del domingo. Lapid ha denunciado abiertamente que la intención real del bloque oficialista es debilitar de manera sistemática y deliberada las estructuras del poder judicial antes de que la ciudadanía acuda a las urnas en octubre. 

Según denuncia, el Ejecutivo prefiere arrastrar al país a una parálisis constitucional antes que enfrentarse al escrutinio democrático en un contexto de desgaste político absoluto. La batalla por el control del relato informativo y la legitimidad de las instituciones apenas comienza, y amenaza con redefinir el futuro democrático de Israel en los meses venideros.