El Supremo de EEUU respalda a Trump y frena el veto a su orden para limitar la ciudadanía
Esto podría repercutir en decenas de demandas en las cortes contra las políticas del republicano.
Este viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una decisión crucial en relación con la ciudadanía por nacimiento, posiblemente el asunto más relevante del actual periodo judicial, que ha cerrado con una jornada intensa en la que también se han publicado otros cinco fallos.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido alinearse con la petición de la Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el presidente y que podría repercutir en decenas de demandas en las cortes contra las políticas del republicano.
Sin pronunciarse directamente sobre la constitucionalidad del decreto firmado por Trump al regresar a la presidencia, con el que pretendía eliminar el derecho automático a la nacionalidad para los nacidos en EEUU, incluidos los hijos de inmigrantes en situación irregular, los jueces han abordado una cuestión técnica pero de gran impacto.
La Administración Trump no pedía un pronunciamiento sobre el fondo del decreto, sino sobre el alcance de las decisiones de jueces federales. En este sentido, la decisión limitará los poderes de los jueces para bloquear las órdenes del presidente Trump en todo el país.
"La Corte sostiene hoy que los tribunales federales no pueden emitir los llamados mandatos judiciales universales", ha dicho el juez Clarence Thomas sobre la decisión de la Corte Suprema, tal y como recoge la BBC.
Divisón de opiniones
El Supremo ha resuelto el caso con una ajustada mayoría de 6 a 3, reflejando su división ideológica: seis jueces conservadores frente a tres progresistas. En su dictamen, publicado en su página web, la mayoría conservadora de jueces del Supremo, con la magistrada Amy Conney Barret a la cabeza, determina que "si un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal exceda su poder también".
"Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo", ha hecho saber la jueza en representación de la mayoría conservadora del tribunal. "Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso", añade en el n dictamen.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, la más liberal de mayor rango, ha emitido la opinión disidente, a la que se han sumado los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
"Sin inmutarse, el Gobierno solicita ahora a este Tribunal que conceda medidas cautelares de emergencia, insistiendo en que sufrirá daños irreparables a menos que pueda privar de ciudadanía al menos a algunos niños nacidos en Estados Unidos... La astucia de esta solicitud es evidente y el Gobierno no intenta ocultarla. Sin embargo, vergonzosamente, este Tribunal le sigue el juego", ha escrito.
"La mayoría de este Tribunal decide que estas solicitudes, entre todos los casos, brindan la oportunidad adecuada para resolver la cuestión de los mandatos judiciales universales y poner fin a esta práctica centenaria de una vez por todas. En su afán por hacerlo, el Tribunal ignora principios básicos de equidad, así como la larga historia de mandatos judiciales otorgados a terceros", ha añadido.