La edición 2025 de Eurovisión no ha sido la de Austria ni la de Melody: ha sido, sobre todo, la de Israel. El festival ya sufrió espasmos en la primavera de 2024, la primera edición con la guerra de Gaza abierta, pero en esta ocasión el terremoto ha sido total. Nunca ha sido tan intenso el debate sobre la participación del país, sobre la necesidad de boicotear el concurso por su presencia o de lanzar mensajes de condena a lo que hace y sigue haciendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu, 53.000 palestinos asesinados después. 

Hay una corriente de opinión creciente que aboga por que el estado de Oriente Medio sea apartado, como lo fue Rusia por la invasión de Ucrania, un debate que ha calado en lo musical pero mucho menos en lo deportivo, por ejemplo. Sería tremendamente simbólico ese paso pero, como siempre, puestos a hacer daño, Europa tiene otra baza mucho más potente para presionar a Tel Aviv, con menos luces pero más consecuencias: es el llamado Acuerdo de Asociación UE-Israel. 

Como explica la Comisión Europea (CE), "la base jurídica de las relaciones comerciales de la UE con Israel es el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que entró en vigor en junio de 2000" aunque ya fue suscrito por ambas partes en 1995, y que "tiene por objeto proporcionar un marco jurídico e institucional adecuado para el diálogo político y la cooperación económica entre la UE e Israel". Es la herramienta fundamental del comercio de ida y de vuelta y nos números no son baladíes: la UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio total de bienes (en 2022). Israel, por su parte, es el 25º socio comercial de la UE, representando el 0,8% del comercio total de bienes de la UE en 2022, pero uno de los principales en la cuenca mediterránea. Digamos que uno necesita más los productos del otro que a la inversa. Sensible. 

Como se explica en la propia definición del acuerdo, no es sólo un arma económica, sino que supone también un marco "para el diálogo político". Sus ideólogos entendían que, negocio aparte, era también una llave diplomática, pero no se está recurriendo a ella. ONG, organizaciones en defensa de los derechos humanos, sindicatos o partidos de izquierda llevan desde el inicio de la ofensiva -respuesta de Tel Aviv a los atentados de Hamás en su territorio que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados el 7 de octubre de 2023- reclamando que ese pacto se deje en suspenso hasta que las violaciones del derecho internacional se detengan y haya un alto el fuego permanente en la franja palestina. Por ahora, sin éxito. 

Quien dio el paso más firme en este sentido fue el exjefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, quien en noviembre de 2024, poco antes de ser relevado por la estonia Kaja Kallas en la CE, pidió la suspensión del texto. "La Historia nos juzgará a todos, a todos", dijo el socialista, al asumir el rechazo de su propuesta. Y añadió: "He hecho una propuesta que creo que era la que, de acuerdo con mi juicio, correspondía hacer (…) Los Estados miembros no tienen por qué aprobarlas, y en este caso no la han aprobado. Han considerado, la mayoría de ellos, que era necesario seguir manteniendo en contacto diplomático con Israel".

Borrell, viendo que nadie en la CE movía un dedo, quiso así zarandear a los Veintisiete, que estaban silenciosos ante la petición que meses antes habían hecho tanto España como Irlanda para que se hiciera un estudio del grado de cumplimiento de Israel de las obligaciones contraídas en el acuerdo de asociación. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, resumió en buena medida el sentir de los críticos con la iniciativa: diojo que "boicotear el dialogo con Israel no tiene sentido" y "si se quiere trabajar por la paz, no se puede no hablar con Israel". 

A lo más que ha llegado Bruselas fue a decir, hace justo un año, que revisaría el acuerdo si el Ejército de Israel no dejaba de considerar lo que se llamaba "campos seguros" en el sur de Gaza, en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto hasta donde se había desplazado el 80% de la población de la franja (2,3 millones antes de la guerra) intentando buscar un espacio de protección, sin bombardeos ni ataques terrestres. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reclamó que se detuvieran estas prácticas y la UE se apoyó en ello para hacer uno de sus escasos reproches a Tel Aviv. Netanyahu, como el que oye llover, hasta hoy. Por parte de Europa, al fin, no hubo nada. 

Aún así, ante las matanzas agigantadas en las últimas semanas, se ha escuchado una voz algo más clara: la del presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha dicho estar "abierto" a que la UE se replantee los acuerdos de Asociación con Israel, tras calificar de "vergonzosa" la actitud de Netanyahu por bloquear los accesos humanitarios a la Franja de Gaza. "No podemos hacer como si nada ocurriera", dijo en una entrevista a TF1. Nunca uno de los grandes líderes europeos había hablado así hasta ahora. 

El protocolo para modificar o zanjar el acuerdo lo regula el Artículo 79, que abre la puerta a adoptar "medidas adecuadas" si una parte considera que la otra ha incumplido alguna de sus obligaciones. Antes de hacerlo, salvo en casos de urgencia, el Consejo de Asociación se reuniría para "buscar una solución aceptable" para ambos. De adoptar dichas medidas, estas serán siempre las que "menos perturben" el funcionamiento del grueso del acuerdo. Por eso hay quien se escuda en su complejidad técnica para rechazarlo. ¿Y una salida parcial? Medios galos dicen que eso es lo que tendría en mente Macron. 

En todo caso, para suspender alguna de sus cláusulas solo se necesita mayoría cualificada. Ya hay antecedentes similares. Hace un año justo, Turquía anunció la suspensión del comercio con Israel hasta que llegue el alto el fuego permanente y permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

El acuerdo

Básicamente, el acuerdo de marras pone negro sobre blanco el marco de relaciones entre la UE e Israel, un pacto que estaba dormido y se reactivó en 2000. Tres meses más tarde, estallaba la Segunda Intifada tras la visita de Ariel Sharon (entonces líder de la oposición y más tarde primer ministro de Israel) a la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén. 

Los objetivos principales que persigue este acuerdo son:

Tiene importancia a nivel económico y comercial para ambas partes, toda vez que contiene un pilar por el que se impone un régimen de preferencias recíproco entre las partes como socios mediterráneos de la UE que hace que se den las condiciones para el libre comercio, según explica en su web el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España. Como se indica en el BOE, a través de este acuerdo se elimina cualquier tipo de restricción a las importaciones y exportaciones entre Israel y la UE.

La balanza comercial entre la Unión Europea e Israel muestra un claro superávit para la UE. En 2022, el comercio de bienes entre Israel y la UE sumó 46,800 millones de euros. Se centra en la exportación de maquinaria y productos eléctricos de la UE a Israel, así como en la exportación de productos electrónicos de Israel a la UE. Los porcentajes que vimos antes son claros: hay 28 puntos de diferencia entre lo que Tel Aviv necesita de Bruselas y sus estados y lo que Bruselas y sus estados necesitan de Tel Aviv. De ahí que los defensores de que se congele el acuerdo insistan en esa asimetría: el daño sería para ellos, no para nosotros, indican". 

Las voces discrepantes

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), tras una reunión del Comité Ejecutivo extraordinario, defendió el mes pasado que la UE debe aprovechar su política comercial como instrumento de política exterior para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos y laborales en cualquier lugar del mundo en que se produzcan", incluyendo los que causa Israel. Precisa que en el texto "se estipula que la asociación se basa en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos (artículo 2). Esta cláusula sirve de fundamento a esta colaboración, subrayando que la continuidad de esta relación está condicionada al respeto de estos principios". 

De hecho, no sólo estamos ante el debate de si se debe o no paralizar el texto, sino de si se está violando ya en la práctica por el comportamiento del Gobierno israelí, en cuya "buena voluntad" Europa confía, de paso, cuando le informa de los etiquetados de los bienes que proceden de colonias y asentamientos ilegales en Palestina, avisan de paso las centrales sindicales.  "Seguir desarrollando este Acuerdo sería contraproducente para una solución de dos Estados e indicaría que la UE está recompensando acciones que son ilegales según el Derecho internacional", ahonda.

La Coordinación Europea de Comités y Asociaciones para Palestina ha logrado la adhesión de cientos de ONG del viejo continente que reclaman el fin del acuerdo. Si el "respeto de los derechos humanos y los principios democráticos" de las partes, que constituyen "un elemento esencial" de lo firmado, ¿dónde está todo eso ahora, en Gaza?, se preguntan.

"La violación de las denominadas cláusulas de “elementos esenciales” permite a la UE poner fin o suspender total o parcialmente un Acuerdo de Asociación, de conformidad con el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 82 del Acuerdo de Asociación establece que “cada una de las Partes podrá denunciar el Acuerdo notificándolo a la otra Parte”, mientras que el artículo 79, apartado 2, establece las normas de procedimiento aplicables a este proceso", insisten. "Los Estados miembros de la UE deben utilizar su influencia y emplear todos los medios legales a su disposición para influir en Israel para que se abstenga de cometer actos que infrinjan la Convención sobre el Genocidio y para que ponga fin a la ocupación ilegal concluida por la Corte Internacional de Justicia, incluida la revisión o suspensión de las negociaciones y acuerdos comerciales", reclaman.

En España, Podemos y Sumar han llevado la bandera de esta reclamación, con pronunciamientos, adhesiones a manifiestos y peticiones de firmas incluso.