Las redadas de ICE en Minneapolis, un gran problema para Trump en año electoral
Las muertes de Alex Pretti y Renee Good, los vídeos que desmontan la versión de la Casa Blanca y las fisuras que empiezan a aparecer en el Partido Republicano ponen en jaque la estrategia migratoria del presidente estadounidense y su imagen pública.
La muerte del enfermero Alex Pretti este sábado en Minneapolis y el violento asesinato a principios de año de Renne Nicole Good, también a manos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha transformado una ofensiva diseñada para reforzar el discurso de mano dura de Donald Trump en un conflicto político que puede complicarle la legislatura al republicano. Todo, el año en el que se celebran las elecciones de medio mandato, que permiten a todos los estadounidenses renovar a sus representantes en el Congreso y en el Senado, además de influir en la agenda política del mandato presidencial.
El masivo despliegue de los agentes ICE y de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, en una ciudad y un estado en manos del Partido Demócrata pretendía ser la imagen de autoridad que ansía Trump desde su regreso al Despacho Oval y una simbólica representación de la lucha de su Administración contra las denominadas “ciudades santuario", aquellas que no colaboran activamente con la agencia de inmigración, más allá de lo que exige la ley. Sin embargo, lo que ha conseguido es un efecto mucho más peligroso para la Casa Blanca: la acentuada caída de popularidad del presidente, con vídeos grabados con los móviles que contradicen el relato oficial de Washington, un choque abierto con el gobierno del Estado de Minesota y un malestar que asoma, incluso, en el seno del Partido Republicano.
El detonante ha sido la muerte de Alex Pretti, de 37 años y sin antecedentes penales, que el pasado sábado protestaba contra el despliegue de ICE en Minneapolis. De acuerdo con los vídeos grabados antes del asesinato de Pretti, el enfermero grababa con su teléfono la actuación de los agentes cuando se acercó a una mujer a la que estaban rociando gases lacrimógenos. En ese momento, varios agentes lo rodearon, lo redujeron en el suelo y, segundos después, se escucharon diez disparos. Tras el tiroteo, algunos agentes escapan corriendo y el cuerpo del enfermero queda inmóvil en la nieve.
Pretti se convertía así en el segundo estadounidense que muere este mes a manos de los agentes federales en Minneapolis, después de que el 7 de enero muriera Renee Good en circunstancias similares. Desde el primer momento, la administración Trump ha sostenido que Pretti agredió a los efectivos y que estos dispararon en defensa propia. De hecho, el presidente trató de sacar rédito político: “Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.
Esa narrativa, sin embargo, comenzó a resquebrajarse de inmediato. Los vídeos grabados por testigos y verificados por Reuters muestran a Pretti con un teléfono móvil en la mano —no con un arma— mientras intentaba auxiliar a varias personas derribadas por los agentes. Las imágenes lo muestran reducido en el suelo y recibiendo múltiples disparos por la espalda. Los padres del enfermero han reforzado esta versión con un relato directo: “Tenía el teléfono en la mano derecha y la izquierda libre, intentando proteger a la mujer que el ICE acababa de tirar al suelo, todo ello mientras lo rociaban con gas pimienta”.
La respuesta oficial, lejos de rebajar la tensión, la ha agravado. El jefe de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino, defendió la actuación de sus efectivos y llegó a invertir el sentido del caso en una entrevista con CNN: “Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza”. Bovino sostuvo que Pretti “se puso en esa situación” al intervenir en una operación policial y confirmó que los implicados continúan trabajando, aunque se prevé que sean destinados a funciones administrativas. También admitió que la investigación sigue abierta y que aún no se ha aclarado cuántos agentes abrieron fuego.
Un conflicto que desborda a Washington
El choque ha trascendido el relato mediático. Las autoridades de Minnesota han cuestionado abiertamente la versión federal y exigen la retirada de los refuerzos desplegados. El gobernador Tim Walz señaló directamente al mandatario: “Presidente Trump, puede acabar con esto hoy mismo. Retire a esta gente”. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, fue aún más explícito al resumir el conflicto: “Los vídeos hablan por sí solos”, sentenció, tras afirmar que no ha visto pruebas de que Pretti blandiera un arma.
Minnesota ha recurrido, además, a la vía judicial. A petición del estado, un juez federal ha ordenado preservar todas las pruebas relacionadas con la muerte de Pretti, después de que las autoridades locales denunciaran posibles excesos inconstitucionales en el operativo. En el caso de Renee Good, la fractura es total: el Departamento de Justicia retiró su cooperación de la investigación estatal y una docena de fiscales federales presentaron su dimisión en protesta por la gestión del caso.
El impacto político ha alcanzado al Capitolio. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que su partido votará contra cualquier ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional que incluya fondos para el ICE si no se acometen reformas profundas. “Los estadounidenses deben estar a salvo del abuso de su propio Gobierno”, advirtió. La amenaza es concreta: si no hay acuerdo antes del 31 de enero, Estados Unidos se encamina a un cierre parcial del Gobierno.
Fisuras entre los republicanos
Pero el elemento más incómodo para la Casa Blanca no procede de la oposición. Según The New York Times, la muerte de Pretti ha encendido las alarmas en las filas republicanas. Mientras algunos dirigentes cierran filas con Trump, varios legisladores han reclamado investigaciones independientes. El senador republicano Bill Cassidy calificó lo sucedido como “profundamente perturbador” y urgió una investigación conjunta. “La credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego”, afirmó.
Otros congresistas han ido más allá. El republicano James Comer sugirió en Fox News que el presidente debería retirar a los agentes para evitar “perder más vidas inocentes”. Incluso organizaciones defensoras del derecho a portar armas han expresado su alarma ante el intento de justificar el tiroteo por el hecho de que Pretti tuviera una licencia de armas. “Llevar un arma no es una sentencia de muerte”, escribió el congresista Thomas Massie, recordando que se trata de un derecho constitucional.
En este contexto se explica el reciente giro retórico del presidente. En una entrevista con The Wall Street Journal, Trump afirmó que su administración está “revisándolo todo” y abrió la puerta a una eventual retirada de los agentes federales, aunque sin fijar plazos. “En algún momento nos iremos”, dijo, al tiempo que defendía que los efectivos han hecho un “trabajo fenomenal”.
Este movimiento sugiere una corrección táctica más que un cambio de fondo. Trump intenta contener el daño sin desautorizar una estrategia central para su proyecto político. Sin embargo, el coste reputacional es evidente. Minneapolis ha dejado de ser un escenario útil para proyectar autoridad y se ha convertido en un precedente incómodo: un lugar donde la política migratoria se asocia a ciudadanos muertos y enfrentamientos institucionales.
Para Trump, el riesgo electoral no radica en perder a su base más fiel, sino en erosionar el apoyo de votantes independientes y moderados. Estos sectores, aunque aceptan la firmeza en la frontera, rechazan el uso letal de la fuerza y el desorden administrativo. En un año decisivo, este desplazamiento del foco —del orden público al abuso de poder— amenaza con convertir uno de los pilares de su campaña en una fuente de incertidumbre política.
