La administración Trump ha aumentado la tensión de su enfrentamiento con la Universidad de Harvard, a la que ha acusado de ser "antisemita" por permitir manifestaciones a favor de Palestina, al pedir la cancelación de todos los contratos federales restantes con la institución, valorados en unos 100 millones de dólares. 

La medida, revelada este martes mediante una carta enviada a las agencias federales, y publicada por The New York Times, les insta a que "identifiquen estos contratos y los suspendan o redirijan", así como a "buscar proveedores alternativos" para futuros servicios, lo que marca una ruptura total de las relaciones comerciales entre el gobierno y la universidad de élite.

"En el futuro, también alentamos a su agencia a buscar proveedores alternativos para futuros servicios en los que anteriormente había considerado a Harvard", señala el documento firmado por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la Administración de Servicios Generales (GSA). 

Los contratos afectados incluyen acuerdos con nueve agencias federales, como un estudio del Instituto Nacional de Salud sobre el consumo de café (49.858 dólares) y un programa del Departamento de Seguridad Nacional para capacitar a altos ejecutivos (25.800 dólares). Aquellos considerados críticos no serán cancelados de inmediato, sino transferidos a otros proveedores.

La decisión, según un funcionario de la administración que ha hablado con The New York Times bajo condición de anonimato, refleja "la determinación de romper completamente con Harvard y reducir su influencia financiera y cultural". La administración acusa a la universidad de mantener un sesgo ideológico, ignorar la prohibición de considerar la raza en las admisiones y permitir incidentes de antisemitismo.

En la carta, se menciona como ejemplo el caso de un estudiante de derecho acusado de agredir a un compañero judío durante una protesta pro palestina en 2023. El estudiante evitó cargos penales tras acordar realizar servicio comunitario. Además, la misiva critica que Harvard no haya cumplido con la decisión de la Corte Suprema que prohíbe usar la raza como criterio decisivo en las admisiones, pese a que el porcentaje de estudiantes negros de primer año cayó del 18% en 2023 al 14% en 2024.

Harvard ya denunció una "acción ilegal e injustificada" de la Administración de Trump

Este nuevo golpe se suma a los cerca de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos congelados desde marzo, así como a intentos de impedir que Harvard admita a estudiantes internacionales. 

Desde Cambridge, Harvard ha respondido enérgicamente a esa medida, argumentando que el gobierno está violando su libertad académica y autonomía institucional. "Condenamos esta acción ilegal e injustificada", declaró el presidente de la institución, Alan M. Garber. "Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos y sirve de advertencia a quienes han venido a Estados Unidos a cumplir sus sueños", añade.

Así, Harvard ha presentado dos demandas en tribunales federales: una para recuperar más de 3.000 millones de dólares en fondos, y otra para proteger su capacidad de admitir estudiantes internacionales, derecho restituido temporalmente por una jueza la semana pasada.

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